Estados Unidos
Editorial
Peligrosa negligencia en el Organismo Judicial
La celeridad de esta investigación es esencial para lograr no solo una acusación, sino tener alguna posibilidad de rastrear y recuperar las piezas perdidas.
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Para las fuerzas policiales y fiscales investigadores que han logrado confiscar armas, a menudo arriesgando la vida o invirtiendo meses en aguzadas pesquisas, debe resultar indignante que la custodia de esos pertrechos en el Organismo Judicial esté plagada de laxitudes, negligencias e impunidades. La desaparición de armamento consignado en el depósito judicial, proveniente de decomisos y sentencias judiciales, es un escándalo que abarca a toda la jerarquía de ese poder del Estado, incluyendo a los 13 magistrados actuales.
La sola descripción de cómo se descubrió el faltante es irrisoria: el anterior encargado del depósito de armas —cuya identidad no ha sido divulgada— renunció al cargo de manera súbita y casi informal. A pesar de la importancia crítica de sus responsabilidades, se le aceptó la dimisión sin mayor revisión. Cuando ya no estaba en funciones esa persona, el Departamento de Seguridad Institucional practicó una auditoría y se encontró con un manejo caótico de los registros y el faltante mencionado, el cual se reportó mediante un memorando a la Corte Suprema de Justicia, lo que trascendió a la esfera pública. De otra manera no es aventurado suponer que, dado el talante de una mayoría de magistrados actuales, se hubiese intentado mantener el asunto en secreto.
Se supone que ya se presentó una denuncia en el Ministerio Público en contra del anterior encargado, pero las responsabilidades no terminan allí. Del lado del OJ también debe haber deducción de responsabilidades y revisión de procesos, pues la dimisión de un puesto tan delicado no podía ni debía aceptarse sin efectuar un detallado inventario de cómo lo recibió y lo devolvió. Las inconsistencias se detectaron cuando dicho funcionario ya no estaba acudiendo a trabajar.
Por tratarse del organismo que tiene como misión garantizar la aplicación de la justicia, es necesario que se efectúe toda una revisión de cargos y atribuciones, pero también que se permita a la fiscalía correspondiente emprender una pesquisa profunda, sin bloqueos. La celeridad de esta investigación es esencial para lograr no solo una acusación, sino tener alguna posibilidad de rastrear y recuperar las piezas perdidas. Debe haber otras complicidades, porque este depósito judicial es transitorio y, por ende, las armas están allí solo de manera temporal. Después, todo equipo decomisado se entrega a la Dirección General de Control de Armas y Municiones, para ser destruidas o —si están en buen estado— ser distribuidas para uso de la Policía Nacional Civil o para la seguridad del propio OJ.
Los magistrados de la CSJ deben dejar de enfocarse en disputas miopes de potestades, de recetarse cuotas de designaciones, repartirse viajecitos o intentar ganar réditos populistas entre el personal mediante aumentos lesivos. Ninguno de ellos, pero especialmente la presidenta de esa corte, puede lavarse las manos. Estos cargos no son de adorno ni para transar adeudos, sino para mejorar la aplicación de la justicia.
Por desgracia, no es la primera vez que ocurre un robo de armas en el Estado. En el 2025, el Ejército reportó la sustracción de 80 fusiles de alto poder del Comando Aéreo del Norte (Canor), ubicado en el departamento de Petén: hubo cuatro capturados, pero no se sabe de sentencias ejemplares. En abril último ocurrió un ataque cibernético contra el Digecam, que dejó pérdida de registros de al menos 18 mil usuarios. Se supone que ya se subsanó tal vulnerabilidad, pero, igual que en el Comando Aéreo o este saqueo en el OJ, las suspicacias persisten ante tan burdas negligencias.
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