Hace 14 meses, el Organismo Judicial (OJ) empezó a comprar servicios para usar inteligencia artificial (IA) en los amparos, un recurso que se tramita en busca de protección de garantías y derechos. En el 2026, las compras se ampliaron a otros procedimientos como   identificación, clasificación y estructura del contenido de expedientes de agravios, apelaciones y casaciones. La empresa Business Development Group, Sociedad Anónima (BDG) se adjudicó  todos los concursos, que hasta ahora suman Q1.3 millones.

El plan piloto se implementa en las vocalías de Clemen Vanessa Juárez Midence, presidenta de la Cámara de Amparo y Antejuicio y la de Gustavo Adolfo Morales Duarte, vocal en la Cámara Penal.

El sistema Guatecompras, que registra las adquisiciones del Estado, muestra que BDG fue la única empresa que ofertó. El primer paquete de tres compras se concretó en julio del 2025 por Q263,220, para implementar una plataforma con motor especializado en el análisis de amparo —se le llamó MEIA-Amparos desarrollada con Gemini, la herramienta de inteligencia artificial de Google—, con capacidad de aprendizaje y paquete de tokens —unidades de información que la IA puede procesar—, un servicio de Gestión y Repositorio de Expedientes Legales (SGREL) y uno de Asistencia Legal (CAL) para consultar expedientes.

 De febrero a agosto del 2026, el OJ de nuevo otorgó a BDG el servicio de soporte técnico y mantenimiento para las herramientas adquiridas el año anterior y sumó la automatización documental para otras fases de los procesos que se tramitan en el sistema judicial. Esto incluye la identificación de los motivos de impugnación, normas citadas y argumentos centrales de la defensa de un expediente.

También, capacidad para procesar hasta 350 expedientes de hasta 200 páginas durante la vigencia del contrato, acceso a un mínimo de cinco usuarios simultáneos y una respuesta que no supere los 15 segundos. Incluso, apoyar la elaboración de borradores estructurados de la sentencia final de casación, una tarea que corresponde a los letrados. En total, son 12 adquisiciones por Q1,055,902.

LECTURAS RELACIONADAS

La IA es cada vez más difícil de dominar: ¿podrán los humanos mantener el control?

Las elecciones del 2027 tendrán peso para la elección del próximo presidente de la CSJ

Cada una de las 15 compras que ha hecho el OJ entre el 2025 y el 2026 tienen en común que no superan el rango de Q90 mil que estipula la Ley de Compras y Contrataciones para la categoría de “compras directas”. Un monto superior obliga a realizar un proceso de cotización y cuando el gasto es de Q900,001 procede una licitación para considerar las ofertas de  varias empresas.

El OJ no respondió por qué dividió los procesos ni cómo justifica que no se trata de un fraccionamiento para evadir las regulaciones legales. La Contraloría General de Cuentas no emitió observaciones sobre las primeras tres adquisiciones del 2025 en su muestreo de auditoría.

Un reglamento que no es público

En otros países donde se ha implementado IA se habla abiertamente sobre la puesta en marcha de planes piloto. Surgen discusiones sobre cómo se puede regular el uso de la IA y evitar “alucinaciones” o invenciones, un error común de las herramientas cuando no tienen información precisa.

En marzo, la presidenta del OJ, Claudia Paredes, firmó el acuerdo 93-2026, que establece el marco regulatorio para la incorporación y uso de tecnologías de  IA en el sistema de justicia guatemalteco. El fondo de la norma es autorizar el uso de la IA como herramienta de asistencia técnica y soporte administrativo, con restricción para la toma de decisiones, valoración de pruebas y fundamentación jurídica de las resoluciones. Al documento sólo se puede acceder por medio de una solicitud de Acceso a la Información Pública.

A más de un año de las primeras pruebas, el OJ no tiene métricas ni explica qué resultados han tenido las herramientas de inteligencia artificial para agilizar procesos y si planea incorporarlas a una parte o todo el sistema judicial. En su comunicación escrita, la magistrada Juárez señaló que al tratarse de un plan piloto “no es posible establecer con precisión las necesidades de soporte que se requerirán anualmente; y, por consiguiente, el presupuesto específico destinado para este concepto”.

Sancionan a empresa por incumplir plazos

Business Development Group (BDG) es una sociedad anónima constituida en el 2002. Según su página de internet, tiene experiencia en soluciones tecnológicas y más de 500 empleados y certificaciones en gestión de proyectos.

El OJ la sancionó dos veces en el 2025, por incumplir con los plazos de entrega convenidos. En uno de los casos se le impuso una multa por Q1,507, y en el otro, por Q1,518.10, por 17 días de retraso. Desde 2005, BDG suma Q24.3 millones en proveeduría de servicios tecnológicos a entidades como el Crédito Hipotecario Nacional, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y el Instituto Nacional de Electrificación.

Guatecompras registra como representantes legales de BDG a José Cristian Bradna Villanueva y Edgar Estuardo Santos Sutuj, uno de los fiduciarios de la Universidad Americana, que fue autorizada en noviembre del 2025 y logró el pase para ocupar un puesto en la postuladora para contralor general de Cuentas.
Sutuj fue decano de la Facultad de Económicas, aunque fue sustituido por Óscar Emilio Paiz Corzo en la postuladora.