Los bloqueos de los últimos días contra el aumento a los combustibles y el subsidio aprobado por el Congreso, fue aprovechado por algunos grupos, presuntamente políticos, que recolectaron firmas en uno de los puntos de protesta.

Específicamente en el bloqueo realizado por vecinos de la colonia Bethania, algunos de sus supuestos representantes pidieron a quienes transitaban por el sector firmar documentos y dar sus datos de identificación personal para poder continuar por la ruta.

Fotografías documentadas por medios de comunicación dan cuenta que había, al menos, dos listas que los conductores debían firmar para poder pasar el bloqueo del anillo periférico.

Uno de los listados buscaba pedir la renuncia del presidente Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karin Herrera, mientras que otro era en rechazo a las reformas constitucionales que impulsa el movimiento Poder Ciudadano.

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Las fotografías muestran cómo en la carpeta de una petición de firmas, figura el nombre y logotipo de un grupo promotor y organización política que aspira convertirse en comité y luego en un futuro partido político.

Roberto Garza, Inspector del Tribunal Supremo Electoral (TSE), al ser consultado dijo que la imagen no mostraba hojas de adhesión, las que deben presentar las organizaciones política para justificar simpatizantes.

Sin embargo añadió que como Inspección Electoral informarían al Registro de Ciudadanos para una revisión “más especifica”.

COMUNICADO 🚨 pic.twitter.com/DfXtzkHsrF

— Poder Ciudadano Gt (@PoderCiudadanGt) September 11, 2026

Por otro lado el Departamento de Comunicación Social del Ministerio Público (MP) dijo que no ha comenzado una investigación sobre este tema, debido a que aún no se tienen denuncias relacionadas con los incidentes que ocurrieron en los bloqueos de la Bethania.

Aunque el MP no ha recibido denuncias, tampoco descartan la posibilidad de abrir una investigación de oficio sobre el tema.

Coacción y amenazas

Para el abogado Edgar Ortiz, quien impulsa el movimiento Poder Ciudadano, un grupo social que busca reformas constitucionales en materia de justicia, la forma en que se pidió las firmas, podría ser un delito.

Par él, grupos que tacha de “criminales” utilizaron las demandas sociales, para obligar a las personas a firmar en contra de una petición social que tiene el respaldo de más de 14 mil personas.

“Aunque la queja por el mal subsidio que aprobó el Congreso son legítimas, lo que no son legitimas es lo que hace esta gente, este grupo de delincuentes no solo protesta contra el subsidio, están queriendo frenar una reforma a la justicia”, indica.

Para Ortiz, quien planea presentar las propuestas de reformas a la constitución el 28 de septiembre, podría haber delitos detrás de la forma en que estos supuestos lideres recolecto las firmas contra la propuesta de reforma constitucional.

“Lo que están haciendo es obligar a la gente firmar bajo coacción y amenazas en los bloqueos, obligan a la gente firmar una petición para oponerse a las reformas de la justicia”, concluyó.