EDITORIAL

Soberana libertad de informar e informarse

En un acto de solidaridad profesional y periodística, las cadenas “ABC”, “CBS”, “NBC” y “Fox News”, así como otros medios escritos, suspendieron ayer la cobertura conjunta.

El 8 de noviembre de 2018, la Casa Blanca suspendió la credencial de prensa del corresponsal de CNN Jim Acosta, tras un exabrupto en una conferencia de prensa con el presidente Donald Trump, que algunos —según la afinidad política— consideraron   una falta de respeto y otros, un legítimo cuestionamiento al mandatario. Trump ordenó que le quitaran el micrófono, y el periodista se aferró a este. Sin embargo, una semana después, un juez federal ordenó la restitución inmediata de la credencial, al dictaminar que la acción atentaba contra la primera enmienda de la Constitución de EE. UU., que protege la libertad de prensa y de expresión.

En 2026, ese mismo juez federal, que fue designado por   el presidente estadounidense, deberá conocer la denuncia interpuesta por tres medios de comunicación: CNN, MS-Now y Politico, cuyo acceso a la Casa Blanca fue revocado por la administración de Trump, que los señala de  publicar información falsa, por no alinearse con sus enunciados y por cuestionar sus datos. El mandatario dijo que el acceso era un “privilegio”, y no un “derecho”.

Todo funcionario   de cualquier país se topa más temprano que tarde con preguntas incómodas y  datos que contradicen la versión oficial. Cualquier presidente tiene derecho a disentir del punto de vista de los periodistas e incluso a criticar las líneas editoriales de sus medios,  como lo tiene cualquier ciudadano. Si considera que una noticia es falsa, puede señalar el error, presentar sus argumentos, exigir una corrección y responder públicamente por canales oficiales. En este caso, lo hace a través de su propia red Truth Social (Verdad Social) y lo hará por un  canal de TV. Pero hay  una diferencia abismal entre cuestionar las noticias y pretender decidir quién puede o no cubrir una fuente oficial, en este caso, una de las más relevantes del orbe.

El veto de un mandatario o de un gobierno a ciertos medios, desde cualquier  argumento, siempre entraña un tácito insulto a la inteligencia de los ciudadanos, como si estos no tuvieran sentido crítico, como si acaso no se informaran por múltiples canales para formarse un propio juicio de la realidad y así tomar decisiones. En épocas monárquicas, era un rey o un señor feudal quien decidía qué debía saber la población. En tiempos democráticos, es el ciudadano el soberano de su conciencia acerca del estado de cosas de su comunidad y su país. El lector, el televidente o el usuario tiene —y debe tener— el poder de elegir qué medio considera confiable, cuál deja de consultar y cómo cotejar la noticia con su propia vivencia o la de su bolsillo.

Se puede comprender la tensión en la Casa Blanca prácticamente a mes y medio de las elecciones de medio término, en las cuales se entremezclan asuntos como el alto costo de los combustibles, el conflicto en Irán que no tiene para cuándo terminar, la ofensiva migratoria y los efectos de la política arancelaria, que centran la discusión pública en EE. UU.

En un acto de solidaridad profesional y periodística, las cadenas ABC, CBS, NBC y Fox News, así como otros medios escritos, suspendieron ayer la cobertura conjunta (press pool) de los actos presidenciales de la Casa Blanca, en señal de protesta contra el veto unilateral a colegas. No es una decisión ilógica, es la plena conciencia de que, si ayer la censura llegó a ciertos medios y se permite que ocurra como si nada, mañana podrían ser sus empresas las   excluidas. A la larga, la mejor salida para la Casa Blanca es levantar el veto antes de  que un juez se lo ordene. Los reporteros tampoco  se quedarán callados y no se esconderán: dan la cara, hacen preguntas, incluso cuando estas son críticas o ásperas. Eso es vivir entre valores democráticos y republicanos.

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