Estados Unidos
Editorial
¿Quién cuida las armas y las municiones?
Es evidente que se necesita una revisión integral del manejo estatal de armas y municiones.
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¿Cómo pudieron unos policías sustraer municiones de la institución sin que ningún control institucional o de inventario lo detectara? O quizá la pregunta es: ¿Existe realmente un resguardo sistemático de armas y parque policial? La cuestión es crítica porque de eso depende la seguridad y las vidas de ciudadanos, literalmente. Balas policiales robadas fueron utilizadas por pandilleros en el mortífero ataque en una cevichería de la zona 6, en abril pasado. Fueron ultimadas seis personas, incluyendo un niño. Los peritajes balísticos dieron el indicio del desolador saqueo. Esto condujo a una segunda pesquisa paralela: buscar a los perpetradores, pero también encontrar a los traidores dentro de la institución encargada de resguardar la seguridad de la población. ¿Cómo puede brindar seguridad, si no puede vigilar sus propios inventarios?
Esta semana se produjo la detención de cuatro policías y cuatro particulares implicados en esta trama de robo de balas de la PNC. El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, resaltó el respaldo a los agentes honestos y subrayó la cero tolerancia a la corrupción. Pero para lograrlo se necesita establecer no solo quién vendió las balas, sino quién las sustrajo, quién debía verificar su ubicación, quién autorizó los movimientos y por qué los faltantes no fueron detectados antes. Solo así se podrá evitar que ocurra otra vez un escándalo así.
Ahora bien, esta clase de vulnerabilidades no es un problema exclusivo de la PNC. En octubre del 2025 trascendió el robo de armamento en el Comando Aéreo del Norte, en Petén. El Ministerio Público reportó entonces la sustracción de decenas de fusiles, miles de municiones, tolvas y tres lanzagranadas, con militares procesados por su presunta participación.
El propio Ministerio de la Defensa reconoció que las cámaras de vigilancia del almacén no funcionaban y que existían pocos controles de seguridad. De hecho, la prensa ha reportado al menos cinco robos de armamento en instalaciones militares en las últimas dos décadas. En agosto último ocurrió otro caso preocupante, pero del cual nadie volvió a hablar en el Organismo Judicial: se descubrió un faltante de armas en su depósito temporal. Una auditoría efectuada tras la intempestiva y sospechosa renuncia del encargado encontró inconsistencias en el inventario y vacíos en la documentación. Resulta ridículo que en tiempos digitales tales registros sean tan falseables. Nadie en la CSJ tuvo el valor civil de informar con claridad cuántas piezas faltaban en dicha armería. Tampoco se conoce, hasta ahora, la identidad del anterior “responsable”.
Es evidente que se necesita una revisión integral del manejo estatal de armas y municiones. No se necesita esperar el próximo hurto y menos aún conformarse con investigar cada robo como suceso aislado, porque sería la de nunca acabar. Debe existir un sistema nacional de trazabilidad que permita saber cuántas armas y municiones tiene cada institución, dónde están, quién las tiene bajo responsabilidad, cuándo fueron trasladadas y cuándo fueron verificadas físicamente, incluyendo aquellas que han sido decomisadas en operativos.
La Dirección General de Control de Armas y Municiones, a cargo del Ejército, es la encargada de la emisión o renovación de licencias de tenencia y portación bajo protocolos estrictos de evaluación. A esta dependencia se envían las armas que deben ser destruidas. Toda esta labor se concentra en una plataforma digital que, en abril último, sufrió un ataque cibernético que comprometió varios registros. Se supone que ya se subsanó esa falla, pero, ¿cómo saberlo con certeza?
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