El secretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, afirmó que la resolución aprobada por consenso en la Organización de los Estados Americanos (OEA) refleja la postura unánime de la región frente a la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua.

Durante una conferencia de prensa telefónica, el diplomático enfatizó la relevancia del acuerdo alcanzado por los países miembros del organismo regional:

“Es un logro sin precedentes que los estados miembros de la OEA hayan llegado a un consenso unánime sobre una resolución de esta escala. No se trata solo de la posición de Estados Unidos, sino de toda la región”, sostuvo Segura.

La resolución exige al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación incondicional de los presos políticos, la restitución de la libertad religiosa y de prensa y la reversión de las reformas constitucionales antidemocráticas. Como parte del acuerdo, una delegación de cancilleres viajará a Managua para notificar formalmente las demandas.

Rechazo a representación diplomática

Durante su intervención, Segura también confirmó que el régimen nicaragüense denegó el beneplácito a la diplomática de carrera Natasha Franceschi, designada por la Casa Blanca para asumir la Embajada de Estados Unidos en Managua.

El funcionario recordó que no es la primera vez que la Administración estadounidense enfrenta una negativa de este tipo. “El régimen rechazó a nuestra candidata, la embajadora Natasha Franceschi, una diplomática de carrera altamente calificada. Esto no es un incidente aislado: bajo la administración anterior también denegaron el beneplácito al embajador nominado”, señaló.

A criterio del subsecretario, esta postura evidencia la falta de voluntad de Managua para entablar un diálogo internacional. “Esto demuestra claramente que el régimen de Ortega no tiene interés alguno en un compromiso multilateral ni bilateral significativo para resolver la crisis”, concluyó.

Finalmente, el funcionario reiteró que la inestabilidad en Nicaragua impacta en la seguridad regional e incide en los flujos de migración irregular en el hemisferio, por lo que la OEA dará un plazo de 90 días después de la misión diplomática para evaluar nuevas acciones.

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