Estados Unidos
Editorial
Quieren acallar voces, pero las multiplican
Culpan a la prensa, en lugar de responder por sus acciones, omisiones y tratos bajo la mesa.
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Deleznable es la calaña de los autores materiales e intelectuales del asesinato del periodista Evelio López Sánchez, ultimado la noche del 2 de octubre en el fronterizo municipio de San Pedro Necta, Huehuetenango. Entidades de prensa nacionales e internacionales, defensores de derechos humanos, medios de comunicación, la Sociedad Interamericana de Prensa e incluso la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala han coincidido en expresar repudio y exigir justicia certera contra los responsables de este crimen. Los victimarios creen acallar una voz, pero en realidad están poniendo mayor foco en las denuncias que efectuaba el comunicador social.
Existe un dato que no puede quedar al margen de las pesquisas: López Sánchez había comunicado amenazas de muerte relacionadas con su labor investigativa e informativa, las cuales provendrían de ciertas figuras políticas locales que, al parecer, se consideraban afectadas por sus notas y reportajes. De ahí pueden partir las primeras líneas de investigación.
Por desgracia, no sería el primer caso de violencia contra periodistas a causa de intolerancias a la crítica, pavor al destape de casos de corrupción y el afán por mantener apariencias supuestamente impolutas de cara a ambiciones electoreras. Es que así le gusta andar a la politiquería: con sonrisa impostada, doble discurso y aparente vocación democrática. Pero pronto saca el cobre. La ciudadanía podría ejemplificar, por nombre y partido, varios de esos perfiles que detestan la crítica, pero se derriten por la adulación. Esta clase de personajes terminan creyendo sus propias mentiras y también las lisonjas prefabricadas de netcenteros a sueldo, a los cuales también ordenan acosos y campañas de desprestigio contra periodistas incómodos.
La libertad de expresión y la libertad de prensa son bastiones de la democracia, y el Ministerio Público debe agilizar la búsqueda de los victimarios de Evelio López. De la anterior administración no se esperaba consuelo alguno, pero la actual está llamada a sentar precedentes ejemplares, pues no se trata de un hecho aislado, pero sí de una situación que se ve agravada por la impunidad.
El 26 de abril último fue asesinado en San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz, el periodista Carlos Humberto Cal Ical, quien cubría asuntos comunitarios, de infraestructura y denuncias ciudadanas. Además, continúa abierta la pregunta sobre el paradero de Milton Orellana Polanco, quien presidía la Asociación de Periodistas de Jutiapa, desaparecido el 7 de febrero de 2025. Por este caso hubo un sentenciado, en agosto pasado, que confesó obstrucción a la acción penal e intentó ser candidato a diputado en 2023.
Ningún partido político ha externado repudio ante el reciente crimen contra el periodismo, y menos una exigencia para su esclarecimiento. Y es que en este país han abundado diputados, funcionarios y magistrados que hablan de constitucionalidad, de transparencia y derechos cuando buscan un cargo, pero se tornan en remedos de dictadores cuando se destapan sus incoherencias, se señalan sus pactos sucios o se cuestionan sus nexos financieros, sus secretismos y conflictos de interés. Culpan a la prensa, en lugar de responder por sus acciones, omisiones y tratos bajo la mesa. Por ello, la piedra fundamental de la democracia es la libertad de expresión, y la prensa independiente solo presta un servicio que está sujeto al más severo juez, que no son tales aves de paso, sino la ciudadanía trabajadora que a diario decide dónde y cómo informarse para tomar mejores decisiones en las próximas elecciones.
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