Estados Unidos
Editorial
Extraña mayoría en elección de contralor
El contralor general de Cuentas no debe tener ninguna otra fidelidad que el mejor interés de la ciudadanía que con esfuerzo paga sus impuestos.
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El nuevo contralor general de Cuentas, Elfego Odair Castañón González, llega al cargo elegido con 154 votos del Congreso. Necesitaba 81, y hasta hace una semana los vientos apuntaban a otra dirección. Pero esta decisión prosigue tendencias previas: es nombrado alguien cercano al oficialismo de turno, su hermano es diputado oficialista y no es secreta su afinidad con el presidente Bernardo Arévalo. Su predecesor, Frank Bode, obtuvo 148 votos en el 2022; antes de este, Edwin Humberto Salazar logró 103 votos en el 2019 —porque fue una elección retrasada por impugnaciones contra la postulador—, y en el 2015, Carlos Mencos llegó con 112 votos.
La abrumadora e inédita mayoría puede leerse como una señal de confianza, pero también como producto de un consenso interesado o incentivado por una expectativa de aquiescencia en tiempos preelectorales. La actual legislatura solo se ha puesto de acuerdo en ciertas decisiones por dos razones totalmente opuestas: ambiciones dinerarias —como ocurrió con el autorrecetado aumento ilícito de 2024, los bolsones de arrastre de millardos de quetzales para Codedes o los pactos para elegir magistraturas a la medida de sus intereses— o presión pública interna y también externa, sobre todo de EE. UU. —como ocurrió con la aprobación de la Ley Antilavado o la Ley de Puertos—.
A las puertas del año electoral, con miles de aspirantes a ser electos o reelectos, la Contraloría General de Cuentas se convierte en epicentro de emisión de la constancia transitoria de inexistencia de reclamación de cargos, popularmente llamada finiquito, requisito indispensable para inscribir candidaturas en el Tribunal Supremo Electoral. Este documento se ha tornado casi en la última tabla de salvación en los naufragios de la transparencia estatal.
Se desconoce cuáles fueron las monedas de cambio para este consenso inédito, casi sospechoso. En todo caso, el nuevo contralor Castañón debería quedar libre de cualquier tipo de compromiso, adeudo o influjo, dado el grave carácter de la entidad que estará a su cargo desde el 13 de octubre. Sus primeras palabras acerca de la aplicación de reglamentos estrictamente técnicos para la evaluación del gasto son un compromiso con la ciudadanía.
El nuevo contralor no les debe favores a los diputados, tampoco a los partidos ni a los rectores de universidades que participaron en el proceso de postulación; menos aún a la Universidad de San Carlos, cuyo cuestionado rector consiguió a fuerzas un finiquito malhabido, bajo sospechosa orden emitida por la Sala Sexta Administrativa de Apelaciones e indirectamente apañado por instancias superiores. En esas condiciones, tal “constancia” no hace constar nada. La Corte Suprema de Justicia debería reglamentar y supervisar la emisión de esos fallos que violentan la institucionalidad, sabotean la cuentadancia y se convierten en incentivos perversos para la opacidad.
De por sí, el gasto público arrastra varios entuertos en diversas entidades del Estado, los cuales amenazan con aumentar con la futura aprobación del presupuesto del 2027, que tiene previstos colchones llenos de fondos que atraen chinches, chantajes y discrecionalidades. La Contraloría no debería esperar al informe anual para señalar reparos y denunciar faltantes. Por desgracia, las contrataciones, los programas, las transferencias y las asignaciones de obra están bajo asedio de saqueadores de todo cuño. Por eso, el contralor general de Cuentas no debe tener ninguna otra fidelidad que el mejor interés de la ciudadanía que con esfuerzo paga sus impuestos.
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