Estados Unidos
Editorial
Dipp: dependencia de proyectos postergados
Más que organigramas y plazas, lo que la ciudadanía reclama son carreteras que permitan vislumbrar un mejor futuro.
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El retraso en el remozamiento y construcción de carreteras en Guatemala no surgió con el actual gobierno, pero sí se agravó. La esperanza era que con la creación de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (Dipp), creada en el 2024 con la Ley de Infraestructura Vial, se destapara un caño que lleva décadas atorado por sucesivas negligencias de ministros y viceministros de Comunicaciones, por amaños de contratos, incumplimientos y otros lastres.
La Dipp, siglas que también podrían interpretarse como “demora inexcusable de proyectos públicos”, es, hasta ahora, un fiasco burocrático tan burdo que se debería examinar no solo la tardanza en la emisión de su reglamento —ya lleva más de un año retrasado—, sino el mismo texto que le dio vida, con plazos extremadamente largos que también podrían interpretarse como una dilación deliberada para dejar tiempo para más negocios a la vieja usanza. Porque si algunos estaban verdaderamente interesados en sabotear esa entidad, desde antes de que naciera, eran diputados contratistas o coludidos con constructores.
La Dipp nació como una alternativa institucional para resolver esa burda incapacidad del Estado para planificar y ejecutar oportunamente, es decir, con visión y prospectiva, los proyectos viales que necesita el país. Sin embargo, la institución sigue atrapada en el proceso de configurar su estructura administrativa, y aunque desde julio cuenta con recursos financieros, no reúne condiciones necesarias para funcionar. En otras palabras, parece más bien otro de esos socavones que cortan el paso a la productividad de la ciudadanía tributante. Pero más allá de la suspicacia sobre el entramado legal de la Dipp, la responsabilidad más fuerte de este coma inducido recae en el Organismo Ejecutivo.
El reglamento debía estar listo para noviembre del 2025, pero no llegó a la Presidencia de la República sino hasta el 27 de agosto de este año. Prosigue el “análisis jurídico”, supuestamente a fin de que no haya impugnaciones para su funcionamiento. Parece una precaución lógica, pero no logra justificar tanta demora. Sin ese reglamento, la Dipp no puede completar la aprobación de sus normas internas ni avanzar en la contratación del personal técnico. No debería requerir más evaluaciones de la red vial —que podría llegar a ser otro pretexto—, porque se supone que el Ministerio de Comunicaciones, cuyo titular debe encabezar la novel entidad, ya tiene bastantes informes y estudios.
¿De qué sirve que la ley establezca fechas para el inicio de ciertas fases, si no existen sanciones o deducción de responsabilidades para su incumplimiento? Hasta podría hipotetizarse sobre subrepticios conflictos de interés para que la entidad siga en ese letargo oneroso. Cada semana y cada mes de retraso en su puesta en funcionamiento proyecta una sombra de incertidumbre sobre la forma como abordará los plazos perentorios cuando ya estén en marcha los megaproyectos.
El anillo regional C-50 es una prioridad con dos décadas de retraso que bien podría marcar el arranque de la Dipp. El Ejecutivo debe concluir y publicar el reglamento, terminar de integrar la estructura y ponerla en marcha. El Congreso debe revisar los vacíos que han permitido incumplir los plazos sin consecuencias y fortalecer los mecanismos de transparencia. En el presupuesto del 2027 deberían quitarles fondos a los Codedes y destinar recursos para una Dipp en funciones, porque más que organigramas y plazas, lo que la ciudadanía reclama es carreteras que permitan vislumbrar un mejor futuro.
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