Estados Unidos
Editorial
Disputa de mafias exacerba lío limítrofe
Es evidente que hay mucho más que el localismo como motivación para continuar las escaramuzas.
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Aunque la disputa limítrofe entre ciertos grupos de pobladores de Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos, ya lleva 93 años sin resolución y es señalada de ser la causa primera de cíclicos, mortíferos y estériles enfrentamientos, es evidente que hay mucho más que el localismo como motivación para continuar las escaramuzas. Para mejor evidencia basta ver cómo el enfrentamiento armado de ayer 13 de octubre, que duró desde el mediodía hasta entrada la noche, ocurrió justo cuando se celebraba una reunión de la Comisión Presidencial para la Resolución de Conflictos, para abordar la destrucción de búnkeres en la aldea Tuichán, de Ixchiguán.
A la vez, como una insólita coincidencia —quién sabe si con alguna intencionalidad simbólica—, en el octubre de hace una década se lograba un diálogo y cese al fuego entre ambas comunidades, representadas por sus alcaldes. Pero es justo allí donde entran en juego los influjos malignos de mafias del narcotráfico que intentan erigirse como un suprapoder criminal, aprovechándose de las carencias económicas y debilidades estatales.
Apenas unos meses después, en 2017, se reportó la destrucción de 17 millones de matas de amapola y marihuana en ese territorio, evidencia clave de la presencia y presión de carteles.
A esto siguió la retención de 17 policías, la declaratoria de un estado de sitio y la reincidencia de los enfrentamientos entre supuestos pobladores, que bien podrían ser integrantes locales o foráneos de las bandas criminales que disputan no solo el área de cultivo, sino también los puntos ciegos para el trasiego de tan perniciosa mercancía. En el 2022 hubo ataques contra soldados y policías; en el 2023 asesinaron a empleados de una empresa de transporte de valores, y en subsiguientes refriegas murió un coronel.
Todo el recuento anterior es para reiterar que la etiqueta de atribuir las hostilidades a un conflicto limítrofe se queda pequeña ante la creciente amenaza que no solo es contra la seguridad de las dos demarcaciones, sino de todo el departamento de San Marcos y la región fronteriza con México. Ante las fuertes presiones ejercidas por Estados Unidos en contra de organizaciones terroristas y criminales mexicanas, existe un evidente intento de convertir el occidente guatemalteco en una extensión del ya conflictivo territorio de Chiapas.
Sin perder de vista las posibilidades del diálogo, es necesario que el Ejecutivo guatemalteco declare de nuevo un estado de sitio en el área para recuperar el control territorial de una vez por todas, destinando recursos no solo económicos, sino tecnológicos, para detectar los búnkeres y potenciales arsenales, así como las rutas de terracería empleadas por las hordas de facinerosos.
Es abyecta la escena de niñas aterrorizadas, de rodillas o acostadas en el suelo de su escuela, en Ixchiguán, escuchando las brutales detonaciones de armas semiautomáticas en total indefensión. Tal demostración de poder de fuego exhibe una posible intentona de tomar por asalto la región. El pequeño destacamento instalado allí es, a todas luces, insuficiente para repeler el fuego, y las más altas autoridades de seguridad y Defensa del país deben poner coto a esta incursión. Es necesario solicitar el auxilio técnico de los Estados Unidos, nación que ha declarado repetidamente su convicción y compromiso de luchar contra la narcopolítica y, por supuesto, contra las bandas delictivas a las que no les importa la vida de nadie. A la vez, los pobladores de Ixchiguán y Tajumulco deben terminar de darse cuenta de que ellos no son enemigo mutuo y que para aquellos que exacerban hostilidades y les proveen de armas solo son carne de cañón.
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