Reacciones

Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, opina que “aunque haya sido a marcha forzada, hay que reconocer que el ministro dio marcha atrás”. “Lo que queda es que el procurador de los Derechos Humanos, como ente rector del tema, esté atento a que ni en el Ministerio de Gobernación u otras entidades   se limite el acceso a la  información”, expresó, y agregó que esto marca una pauta y un precedente a aquellas instituciones que intenten hacer algo similar.

Julio Moreno, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos, considera que  para que haya un estado de Derecho real se necesita  mayor apertura y transparencia, algo que no se logra con ese tipo de acuerdos.

Moreno afirmó que el que ya no se den esas situaciones no solo depende de la PDH, sino  de la población. “El Estado también está integrado por la población. Si saben sus derechos, podrán defenderlos”, enfatizó.

Revocatoria

El acuerdo ministerial en cuestión fue revocado con el   81-2015, y en los considerandos indica “que por error en la publicación del referido instrumento se omitieron 11 de los artículos del documento original”, lo que afecta su contenido, “debiendo para el efecto resolverse la derogatoria del mismo”.

Eso indica, pese a que la PDH señaló que su contenido reñía con la Ley y que el procurador, Jorge de León Duque, solicitara al Ministerio de Gobernación su derogación.

Postura

Se envía un mensaje claro

Jorge de León Duque, procurador de los Derechos Humanos, dijo que el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, fue consecuente con lo que dijo desde el principio.

“En el considerando del acuerdo no hay necesidad, porque no se acostumbra explicar si hubo ilegalidad o no. Creo que lo importante es el fondo”, expuso el magistrado de conciencia.

Agregó: “El que haya derogado el acuerdo es lo importante; lo que se hizo fue aprovechar el error que tuvieron”.

De León agregó que otra cuestión relevante es “el mensaje que se envía”. “Estoy seguro de que, como consecuencia de esto, difícilmente  otro funcionario va a intentar regular o dificultar el acceso a la información”, añadió.

Polémica Publicación

Varios sectores se pronunciaron  contra el acuerdo, que catalogaban de ilegal.

El acuerdo   creaba un consejo que analizaría aquellos casos que por su relevancia requieran la opinión de un órgano técnico superior.

El consejo  estaba integrado únicamente por funcionarios de Gobernación.

Entre lo  que se considera  información confidencial por el acuerdo figuran los datos personales.