Estados Unidos
Editorial
Clamor por justicia
Terrorismo atroz para acallar una voz crítica y amedrentar a los guatemaltecos.
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Generalizada condena y estentóreo clamor de justicia, nacional e internacional, se desataron tras el asesinato del abogado, exfiscal y analista político Juan Francisco Solórzano Foppa, perpetrado la mañana de ayer en el área deportiva del Campo de Marte, que estaba muy concurrida, como suele ser en fin de semana. Es enérgica, unánime y multisectorial la exigencia de identificación, captura, juicio y condena de los autores materiales e intelectuales de este crimen contra el exintegrante de la Fiscalía Antipandillas y exsuperintendente de Administración Tributaria.
Total desprecio por la vida exhibieron los victimarios. Dispararon a mansalva. Terrorismo atroz para acallar una voz crítica y amedrentar a los guatemaltecos. De hecho, además de Solórzano Foppa murió Gustavo Aguilar Gamarro, alcanzado por los tiros indiscriminados de los cobardes. Sin embargo, a nadie le queda duda de que Solórzano Foppa era el objetivo: denunciaba con frecuencia, a través de videos en redes sociales, los nexos entre pandilleros, grupos de narcotráfico y prominentes figuras políticas.
No se está afirmando que tales o cuales aludidos y aludidas estén detrás del atroz crimen, pero sin duda alguna deben formar parte del contexto en el cual se deben trabajar las líneas de investigación, con celeridad, objetividad y carácter científico. En su pronunciamiento, la Embajada de los Estados Unidos deploró el asesinato y lo destacó como “firme defensor de la lucha contra la corrupción y el crimen organizado”, pero, además de la condolencia, resaltó que “la libertad de expresión es un derecho fundamental y universal”, una acotación que connota las sospechas sobre el origen de la inquina mortal en contra del abogado y también excandidato a la alcaldía capitalina, quien no pudo participar en el 2023 por un proceso judicial emprendido por aquel Ministerio Público.
Es lamentable cada vida perdida de guatemaltecos víctimas de extorsiones, asaltos y ataques directos. Constantemente, desde esta y otras tribunas, se exige que cada crimen sea esclarecido para llevar a los culpables a una sentencia ejemplar. Hace pocos días, en este mismo espacio, se demandaba una pronta investigación sobre crímenes contra periodistas.
El fiscal general, Gabriel García Luna, ha denunciado en varias ocasiones la infiltración de la narcopolítica en la actividad partidaria y estamentos del Estado. Atroces sucesos como los de ayer exhiben que tales mangas de maleantes, desde sicarios hasta cabecillas de cuello blanco, están en pie de guerra en contra de la ciudadanía guatemalteca y de la institucionalidad del país. Este hecho tiene todavía un incalculable costo político para el Estado, que tiene el desafío de actuar de forma articulada y mostrar en todos los niveles que existe la voluntad y capacidad para responder al clamor ciudadano que como ayer, y como en muchos otros días negros, exige respuestas y acciones valientes y contundentes para poder vivir en la tan anhelada paz.
Por ello, es necesario que se llegue hasta los verdaderos culpables: no chivos expiatorios. Basta ver cómo ayer pulularon versiones de desinformación e incluso mofas. Que eso no desvíe del objetivo: el castigo a quienes dispararon, pero también a quienes ordenaron esta barbarie que, en el fondo, busca arrodillar y sumergir en el miedo a los guatemaltecos, que, ante estos hechos, no podemos callar.
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