Estados Unidos
Editorial
Deuda segura heredarán nuestros nietos
Ahora es posible entender el interés por cambiar cuadros en el Banco de Guatemala por figuras allegadas al oficialismo.
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Hay una frase que parece haberse convertido en un mantra recurrente para dar una supuesta justificación legal —mas no económica— del creciente endeudamiento público de Guatemala: “la deuda se mantiene dentro de márgenes seguros”. Se ha escuchado antes y vuelve a aparecer ahora que la Junta Monetaria acaba de dar opinión favorable, por voto dividido, a la emisión de Q42 mil 750 millones en bonos del Tesoro para financiar el presupuesto de 2027. Pero, ¿hasta cuándo seguirá siendo cierta esa afirmación, si es que así fuera? Valga señalar que en el actual gobierno los adeudos ya rebasan los Q100 mil millones.
No se trata de afirmar que Guatemala enfrenta una crisis de deuda ni de desconocer que su relación entre deuda y producto interno bruto todavía es relativamente baja. Se trata de cuestionar la facilidad con la que se utiliza ese margen como argumento para seguir comprometiendo recursos de los próximos años, de las próximas generaciones. En 2024, el endeudamiento interno aprobado mediante bonos del Tesoro fue de Q12 mil 775 millones. Para 2025 aumentó a Q25 mil 104 millones y para 2026 se situó en Q25 mil 599 millones. Ahora son Q42 mil 750 millones.
Como dice el paisano cantautor Ricardo Arjona, “el problema no es el daño, el problema son las huellas”. Y es que, en sí, el endeudamiento forma parte de las estrategias de cualquier Estado para invertir y potenciar el crecimiento. El problema es que la politiquería voraz deja de priorizar la inversión y financia gastos de funcionamiento con deuda. Inventan fondos, cosen bolsones, crean pagos clientelares y entidades anodinas cuyos sueldos se pagan con un dinero que ni siquiera es nuestro.
Es necesario mencionar que uno de los rubros incluidos en el presupuesto es la ampliación de Puerto Quetzal, una infraestructura clave para la competitividad nacional. Sin embargo, las cifras son elocuentes: el 51.9% del crédito público financiará gastos de funcionamiento y apenas el 29.6% se destinará a inversión, según el proyecto de presupuesto que ya se “discute” en el Congreso.
En otras palabras, el hecho de que exista aún margen de maniobra fiscal no es excusa para seguir dedicando fondos al crédito para pagar burocracia al contado. Ello es aún más grave si se toma en cuenta el análisis del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien): el endeudamiento público neto proyectado para 2027 equivale al 3.64% del PIB, uno de los niveles más altos de las últimas dos décadas.
El aumento vegetativo presupuestario de cada año no necesariamente se refleja en mejoras de infraestructura o innovación en servicios estatales. El propio escenario oficial proyecta que la deuda pública se aproximaría al 29.4% del PIB, el cual está de alguna manera subvencionado por las remesas de los migrantes. De no ser por ese aporte, la situación ya estaría en un punto crítico; sin embargo, no es una fuente sostenible de divisas a largo plazo. Además, existen recursos disponibles de fondos no ejecutados, por unos Q11 mil millones, que no deberían ser simplemente arrastrados al año siguiente. Así también, no se ve por ninguna parte esfuerzo alguno de austeridad, eficiencia o recorte de dispendios o discrecionalidades. La Junta Monetaria era ese filtro del cual se esperaba un mayor sentido crítico, aunque ahora es posible entender el interés por cambiar cuadros en el Banco de Guatemala por figuras allegadas al oficialismo, cuyos nombres recordarán nuestros nietos y bisnietos al heredar esta deuda.
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