Editorial

Sombras en entidades del deporte acusan desmanes

Todos esos abusos deben terminar, y es más probable que ello ocurra si existen precedentes ejemplares.

La autonomía constitucional de varias instituciones en Guatemala nunca fue concebida como un tácito aval para amaños, discrecionalidades o despilfarros al antojo de fantoches prepotentes. En el caso específico de la autonomía del deporte, su objetivo es enfocar esfuerzos en la continuidad del desarrollo de nuevos talentos y acompañamiento de deportistas de alto nivel, más allá de las veleidades políticas. Hace apenas tres años, Guatemala estaba suspendida a nivel olímpico debido a un intento injerencista que fue sucedido por una administración que se resiste a rendir cuentas, que pone cortapisas a las auditorías y que incluso intenta prolongar varios nepotismos imperantes.


Nunca ha estado en duda si la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y el Comité Olímpico deben tener autonomía: claro que sí la deben tener y asegurar. Pero la autonomía constitucional no les exime de rendir cuentas sobre los millardos de quetzales que reciben anualmente en fondos aportados por los ciudadanos para beneficio del deporte y no de unos cuantos aprovechados que han llegado a creerse intocables.


Por fin esta semana hubo un allanamiento del Ministerio Público en las oficinas del Comité Olímpico, en busca de evidencias sobre denuncias de presuntos manejos opacos de fondos. Al parecer, como gran casualidad, no llegó todo el personal a laborar y había varias oficinas bajo llave: otro síntoma de resistencia, posiblemente dolosa, a la cuentadancia. Existen auditorías de la Contraloría General de Cuentas y denuncias de irregularidades sobre la licitación y ejecución de la remodelación del estadio Doroteo Guamuch Flores, que sigue inservible y se ha convertido en un monumento a la impunidad y la ineficiencia. También hay dudas sobre la ejecución de fondos destinados a Juegos Centroamericanos del 2025.


La CGC ordenó en agosto pasado una auditoría especial sobre Q59 millones relacionados con la organización de las justas, después de que se identificaran aspectos sospechosos, como subvenciones a delegaciones participantes sin liquidar. En citaciones legislativas se cuestionó sobre traslados de fondos, la falta de desarrollo de infraestructura deportiva en la provincia o la asignación de becas destinadas a deportistas a familiares de personeros. Todos esos abusos deben terminar, es más probable que ello ocurra si existen precedentes ejemplares.


Han sido múltiples los cuestionamientos a autoridades deportivas, pero siempre se esconden o se excusan de asistir. No quedan allí las acciones, también interponen denuncias espurias de supuesto acoso o incluso han llegado a enviar emisarios a juzgados, con actitud intimidante. Tales güizaches enviados llegaron al extremo de grabar videos del personal de instancias judiciales, como para presumir que tienen conectes en niveles más altos del Organismo Judicial; además, han intimidado a periodistas que buscan fiscalizarlos. Sobre estos desmanes ya obran denuncias, que también deben ser investigadas, para frenar intentos de obstruir la justicia.


El situado constitucional destinado al deporte no es para que los directivos se ceben con voraces pagos y encima reclamen abusivas dietas por sesiones anodinas. Los fondos que aporta la ciudadanía son para erigir mejores instalaciones, contratar más entrenadores, adquirir equipo y otorgar becas dignas para atletas, no para alimentar burocracias clientelares. Y aunque los responsables del despilfarro quieran hacerse pasar por víctimas de supuestos asedios, la nebulosa que rodea al deporte es la que los acusa. Basta ver las deplorables condiciones de centros deportivos de provincia, sin que haya siquiera anteproyectos, porque para eso sí aducen falta de recursos.

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