EDITORIAL
Ciudadanos al cuidado de la decisión ciudadana
Aún no se tiene noticia de apercibimientos o sanciones a partidos políticos por evidentes campañas anticipadas.
Los constituyentes tuvieron el acierto de dejar en manos de la propia ciudadanía la operación de recibir votos, contarlos, consignarlos y transmitirlos en cada proceso electoral. Además, para evitar extemporáneos o infundados reclamos, existe una instancia colectiva adicional: todos los partidos políticos en contienda pueden nombrar fiscales de mesa para atestiguar cada fase mencionada, impugnar sufragios para su posterior revisión y signar las actas. Ciudadanos son los primeros custodios de la decisión ciudadana.
Por eso mismo fue tan estéril, innecesaria y abyecta la operación del Ministerio Público emprendida en el 2023, en contra del proceso y sistema electoral, basado en una denuncia anónima: desde el secuestro de actas —con lujo de fuerza— o la inédita apertura de cajas con papeletas. Tanto escándalo para terminar admitiendo, en julio 2025, mediante una declaración escrita —ante el mismo juez que avaló tales circos— que no había fraude.
En aquella ofensiva hubo citaciones e interrogatorios de fiscales a integrantes de juntas electorales departamentales (JED), que no dejaron resultado alguno pero sí causaron temor e indignación. Tanta era la porfía de creer en una tesis espuria que se atentó contra lo más valioso de los procesos: la voluntad de ciudadanos para integrar el equipo clave de los comicios. También merecen censura ciertos partidos políticos cuyos fiscales —hoy tránsfugas en otros grupos— exigían la apertura de cajas de papeletas. Para la historia quedan los desatinos de esa vieja maña de querer negar la realidad cuando no favorece. Ahora el país se encuentra a dos meses de la convocatoria a las elecciones generales del 2027, un proceso que no comienza con la inscripción de candidatos, sino con los preparativos logísticos e institucionales.
En la próxima cita electoral es fundamental la participación de ciudadanos que aceptan donar tiempo, talento y experiencia para asumir responsabilidades temporales de gran trascendencia. Es un proceso en cascada: las juntas electorales departamentales coordinan y supervisan el proceso en su jurisdicción, instalan las juntas municipales y tienen atribuciones para revisar, declarar y adjudicar resultados de elecciones locales. Las municipales organizan los centros de votación, integran las juntas receptoras y reciben la documentación electoral. Las receptoras, por su parte, reciben y resguardan el voto ciudadano.
El Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad en materia de comicios y recién convocó a la selección de integrantes de juntas departamentales. En la convocatoria se añadió el requisito de contar con un título universitario. Un magistrado del TSE aclaró que es un criterio más, pero, de ser así, ¿para qué incluirlo de entrada? Toda persona que se postula tiene que presentar su hoja de vida. Puede ser más importante la experiencia de quienes ya integraron juntas y conocen de procedimientos, tiempos y antecedentes.
El TSE anunció una distribución territorial de regiones del país por magistrado para definir las JED. Puede haber una preselección, pero es deseable que tales designaciones tengan una revisión colegiada y no solo un aval final. Por ello, dicho órgano es un ente colegiado, para evitar el riesgo de sesgos individuales. Por último y no menos importante: aún no se tiene noticia de apercibimientos o sanciones a partidos políticos por evidentes campañas anticipadas. Como mínimo, ya debería haber una advertencia sobre criterios y acciones. Lo mismo vale decir de la auditoría a las finanzas partidarias, tan expuestas a riesgos, que no debería seguir haciéndose con métodos y laxitudes de 1990.