EDITORIAL
¿Un asalto o una intimidación anticipada?
El Ministerio Público tendrá una misión muy delicada al investigar denuncias de recursos ilícitos en campañas electorales.
Repudio unánime desató el supuesto intento de asalto contra la fiscal encargada de la oficina de delitos electorales del Ministerio Público, Liseth Mazariegos, quien quedó herida de bala en el incidente, el martes último. Y se califica de supuesto porque es un acto criminal que despierta suspicacias, por encontrarse el país a dos meses del inicio del proceso electoral y porque fue perpetrado en un área donde ocasionalmente se han reportado atracos, pero usualmente los delincuentes no han pasado a la agresión armada hacia las víctimas.
Esto podría atribuirse a que los antisociales están cambiando de modalidad o porque pudo tratarse de un atentado disfrazado de delincuencia común. No debe dejarse hipótesis ni indicio sin investigar hasta dar con los responsables. Ciertamente, no se está pidiendo ningún privilegio en la pesquisa por encima de otros casos y ataques contra ciudadanos particulares: en efecto, las bandas de motorrateros deben ser desarticuladas y sus integrantes, sometidos a penas ejemplares.
Ahora bien, el Ministerio Público resaltó en un comunicado la gravedad del incidente, el cual calificó de un ataque “no solo contra una operadora de justicia que garantiza la persecución penal en materia de delitos electorales, sino en contra de todo el sector justicia”. El Ejecutivo deploró el hecho, por ser una amenaza contra el Estado de derecho y la seguridad pública. La lectura del ataque por la Embajada de Estados Unidos, en un elocuente comunicado de condena, también deja entrever las connotaciones que suscita esta agresión a plena luz del día: “Las elecciones libres, justas y sin violencia son la base de toda democracia, y la violencia contra los que protegen la integridad de las elecciones no tiene cabida en Guatemala”.
En efecto, la representación diplomática ha externado su postura en contra de cualquier tipo de narcopolítica, narcocandidatos y narcofinancistas. Por desgracia no son nuevos los intentos de infiltrar dinero sucio en las campañas electorales y el caso más abyecto es el del extinto narcopartido Unión del Cambio Nacional (UCN), que ya no existe, pero cuyos integrantes ya lucen los logos de otros partidos que los acogieron aquiescentes, como si fingieran no darse cuenta de la realidad.
El Ministerio Público tendrá una misión muy delicada al investigar denuncias de recursos ilícitos en campañas electorales, pero no podrá hacerlo si el propio Tribunal Supremo Electoral no fija una postura determinante, clara y taxativa acerca de las medidas que implementará para hacer más riguroso el control de dineros partidarios. Sigue recibiendo y publicando informes escuetos en PDF, cuando a estas alturas de la historia todos los partidos políticos, por respeto a la ciudadanía y a los principios que aseguran tener, deberían ofrecer un monitoreo de cuentas, ingresos y gastos en tiempo real, incluyendo la obligatoriedad de presentar facturas electrónicas para respaldar compras.
Otra herramienta fundamental para este rastreo de transacciones ilícitas es la nueva Ley contra Lavado y Prevención del Terrorismo, aprobada en junio, pero que aún no se implementa en toda su capacidad, por falta de reglamento, que debe ser redactado por la Superintendencia de Bancos, cuyo anterior titular anunció avances e incluso anticipó que se presentaría en septiembre. Ya vamos al último tercio de noviembre y no aparece. Las nuevas autoridades de la SIB no deben rezagar más esa norma, pues mientras más se tarden, más tiempo le dan a los lahares de dinero sucio para causar daño a la democracia.