Con hospitales privados, colegios, seguridad y hasta parques propios e incluso colonias y fincas que se encuentran dentro de sus dominios familiares, la élite cuenta con una especie de pequeños países privados dentro del país. Difícilmente se sienten afectadas por los problemas estructurales que afectan al resto y prefieren pagar más servicios privados que fortalecer la prestación de servicios estatales.

Ven esa inversión social como un costo marginal relativamente alto. Algunos círculos han bautizado como el “costo de tener Gobierno” a la tarea de construir un Estado incluyente y que responda a los mandatos legales que constituyen al país, resumidos en los primeros dos artículos de la Constitución: 1: El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común y, 2: Es deber del Estado garantizarles a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona. De ahí que en Guatemala es urgente entrarle al tema de la asimétrica distribución de poder y de riqueza que, con pequeñas variantes, ha prevalecido en el tiempo, concentrado en una élite y en detrimento de las mayorías.

Como un ejercicio de reflexión más pragmático que ideológico nos preguntamos cómo sería si, al igual que en Canadá o Dinamarca, todos los chapines usáramos por ley los servicios de salud y educación pública. ¿Será que veríamos un incremento en la calidad y cobertura de dichos servicios? Seguramente la responsabilidad ciudadana de auditarlos, incluyendo a los mismos políticos, sería un esfuerzo permanente y de toda la población sin importar su nivel socioeconómico, etnia o edad. Dadas las economías de escala, sería económicamente eficiente para el país en términos agregados. Canadá, con educación pública universal, cuenta con los más altos índices de educación preuniversitaria de los países de la OECD. Salvo algunas escuelas especializadas que prestan sus servicios sin depreciar la calidad pública. Con un envidiable sistema de salud pública universal, los niveles de salud de su población también están dentro de los mejores a nivel mundial y por encima de su vecino, EE. UU. Si el primer ministro o algún familiar utilizara algún servicio de educación o salud no estatales causaría un escándalo entre la ciudadanía.

Modernizar el país amerita abordar las causas del subdesarrollo, empezando por el modelo socioeconómico y de poder político profundamente desigual y excluyente en el que descansa la Nación. Las élites deben comprender que el modelo imperante no es sostenible.