Una nueva anomalía en la administración pública se puso al descubierto ayer, cuando en una citación en el Congreso se conoció que el proceso para expedir pasaportes tuvo un serio traspié sin que hasta ahora las autoridades de Migración y Gobernación hayan reconocido y revelado los alcances. Esto constituye incluso un atentado contra la seguridad internacional: el sistema perdió el control numérico de los documentos expedidos y, por lo tanto, no se sabe con qué cifra de registro debería retomarse la secuencia correlativa para quienes demanden por primera vez ese documento.

Esto conlleva otro problema más serio, y es determinar si es cierta la versión de la empresa o de los funcionarios que se vieron forzados a reconocer esta irregularidad a requerimiento del diputado Amílcar Pop. De no haber sido por el legislador, el caso seguiría oculto y agravándose, como fue la tónica de numerosas situaciones ocurridas durante el gobierno del Partido Patriota y cuya inercia aún pareciera contaminar a la actual administración.

La mayor irresponsabilidad en esta situación es el silencio cómplice acerca del problema, puesto que todavía se debe establecer si se emitieron documentos bajo un rango de numeración anómalo, cuántos fueron y quiénes los autores de este estropicio, sobre todo porque el pasaporte guatemalteco es cotizado por bandas de traficantes de personas para poder trasladar a migrantes de diversas regiones del mundo en ruta a Estados Unidos.

La aclaración de esta irregularidad debe tener la máxima prioridad para el gobierno transitorio. Primero, para mantener su prestigio, pero también como un deber de certeza jurídica, porque ya en el pasado reciente se han dado casos de extranjeros que han sido sorprendidos con documentos anómalos, que prácticamente cumplen con todos los requisitos legales requeridos, excepto la veracidad de la identidad de sus portadores, por lo cual se convierten en un jugoso negocio.

También son conocidos los casos de extranjeros que pretenden pasar como guatemaltecos cuando el simple acento los delata, como también se puede ratificar en los alrededores de las oficinas de Migración, donde proliferan personas, sobre todo mujeres, que dicen haber nacido en Zacapa o Jutiapa, cuando en realidad se nota claramente su proveniencia sudamericana, lo que obviamente delata otra falsedad.

La urgencia en la resolución de este entuerto tiene una dimensión geopolítica que no debe ser dejada de lado, sobre todo porque si el pasaporte guatemalteco llega a perder confiabilidad podría representar un serio problema para miles de connacionales migrantes en Norteamérica, Europa y otros continentes.

También existe el riesgo de que llegue a ser utilizado por redes del crimen organizado o terroristas, para mover a sus integrantes con falsa identidad guatemalteca. A nadie le conviene que este escándalo crezca, y desde ya se debe poner bajo control la situación, así como dejar caer todo el peso de la ley sobre quienes sean hallados responsables, e incluso sobre aquellos que omitieron la denuncia.