Maldonado abundó que la CSJ otorgó la protección constitucional y ordenó que pararan las operaciones en la mina ubicada entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, lo cual debió suceder el 22 de febrero, pero no ocurrió.

“El amparo no tenía materia, y por eso no cerraron las operaciones de la mina”, según Maldonado esta fue la respuesta del Ministerio cuando se consultó el por qué la mina sigue trabajando.

“Es un tema muy complicado porque el ministro de Energía y Minas instiga a que se cometa el delito de explotación ilegal de recursos que está contemplado en el artículo 346 del Código Procesal Penal”, declaró el ambientalista.

Maldonado sostiene que: “El ministro cayó en el delito de instigación a delinquir”, y por esa razón que pidieron que se le retire la inmunidad y que la CSJ emita una resolución para dar cumplimiento al amparo provisional otorgado.

Resistencia

Desde 2010, residentes de los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc llevan a cabo actividades de resistencia pacífica para manifestar su desacuerdo con el proyecto de extracción de oro.

Reclaman una consulta de vecinos y que se realice un estudio de impacto ambiental independiente, debido a que cuestionan el estudio realizado por la empresa.

Los comunitarios afirman que están preocupados por el acceso al agua, la contaminación, la muerte de la fauna y el daño general al ecosistema por la instalación de la mina.

El 23 de mayo de 2014 fue desalojado de forma violenta el plantón que mantenía la resistencia desde marzo de 2012 bloqueando la entrada a las instalaciones del proyecto minero.