El nuevo castigo podrá ser aplicado a ministros, viceministros, funcionarios, empleados públicos o particulares que manejen, administren, custodien o reciban fondos públicos.

Con esa normativa, los diputados pretenden evitar que los funcionarios se ausenten de las citaciones en el Congreso, con el argumento de que la Constitución obliga a los legisladores a realizar un trabajo de fiscalización.

Polémica

Desde el comienzo, la propuesta ha sido rechazada por el Gobierno. Cuando llegó al Ejecutivo, el mandatario Jimmy Morales la vetó, lo que generó la molestia de los congresistas, quienes impulsados por Mario Taracena, presidente del Legislativo, promovieron que se revirtiera esa decisión.

“Se trató de un pulsito entre el Congreso y el Ejecutivo”, comentó Taracena, quien ahora defiende que, en efecto, “se cometió un abuso” al castigar con cárcel a los ministros que falten a las citaciones.

Aunque ayer salió publicado en el diario oficial el nuevo decreto, el presidente del Congreso promueve otras reformas a la Ley Orgánica de ese organismo para normar las citaciones, con el propósito “de que no haya abusos de los diputados” y para que los funcionarios tampoco falten.

Al ser aprobados esos cambios, también se derogaría el decreto que castiga con cárcel a los funcionarios faltistas.

El martes pasado, el ministro de Educación, Óscar Hugo López, se quejó de haber sido citado  más de 70 veces, reclamo que también ha hecho el mandatario Morales.

Acciones

El Ejecutivo y el diputado oficialista Adim Maldonado accionaron en la Corte de Constitucionalidad (CC) contra la normativa que rechazó el veto presidencial.

Maldonado explicó que el Ejecutivo debió publicar el decreto porque está obligado por Ley, pero la CC tiene pendiente dos Amparos.

Agregó que como ya se oficializó el decreto, se analizará hoy si  procede presentar una inconstitucionalidad, porque la CC debió emitir opinión antes de que el Congreso rechazara el veto.

Castigo

• Se crea  el artículo 414 bis, que obliga a llegar al Congreso a los particulares que manejen, administren, custodien o reciban fondos públicos.
• La normativa  también castiga con cárcel la inasistencia de  funcionarios —ministros y viceministros— y empleados públicos  a las citaciones de los diputados.
• La normativa  entrará en vigor 8 días después de su publicación; es decir, el 28 de abril.