No han faltado grupos descontentos con los resultados, sobre todo aquellos a quienes la ciudadanía castigó en las urnas o incluso algunos cuyos partidos están en proceso de supresión, los cuales han aprovechado la situación para clamar por un inexistente fraude e incluso exigir que se anulen los comicios, sin aportar una sola evidencia concreta.

El Tribunal Supremo Electoral pasa por una coyuntura difícil a causa de las dudas generadas por errores informáticos y de digitación de datos preliminares, lo cual, pese a ser un asunto llamativo, no tiene mayor incidencia en el dato duro de las elecciones que se encuentra a buen resguardo, consignado en actas físicas que son objeto de cotejo por decisión de los propios magistrados, a fin de resolver el asunto con la mayor transparencia.

No han faltado grupos descontentos con los resultados, sobre todo aquellos a quienes la ciudadanía castigó en las urnas o incluso algunos cuyos partidos están en proceso de supresión, los cuales han aprovechado la situación para clamar por un inexistente fraude e incluso exigir que se anulen los comicios, sin aportar una sola evidencia concreta. Incluso algunos políticos de cierto prestigio se han prestado para repetir el improcedente llamado a la anulación, basados en conjeturas y percepciones azuzadas a través de redes sociales, en las cuales participan, curiosamente, perfiles identificadas con grupos de extremos políticos opuestos que se intersectan convenientemente en este tema.

Hasta el mismo presidente de la República se ha permitido emitir más declaraciones ambiguas que lejos de contribuir a la unidad nacional parecieran dirigidas a fomentar un socavamiento institucional, en una materia que sigue siendo exclusiva del Tribunal, puesto que el proceso electoral aún no ha concluido. En ese sentido fue claro el presidente de esa institución, Julio Solórzano, al señalar que desarrollan la labor de audiencias de impugnación y el conteo definitivo de actas con total independencia y dentro del marco legal, debido a que el TSE es un ente autónomo por delegación constitucional. Así también fue relevante la acotación que hiciera en la conferencia de prensa ayer, acerca del valor que da a la intervención del Ministerio Público, entidad que ayer efectuó allanamientos para obtener una copia de los datos digitales electorales, pero que no considera de ninguna manera una injerencia, puesto que ellos mismos solicitaron su apoyo desde la semana pasada.

Además, revisten tanta importancia las expresiones de respaldo de diversos sectores nacionales, tales como empresarios, académicos, el Mirador Electoral o los integrantes del llamado Pacto Ciudadano, para exigir respeto a la institucionalidad del TSE y sus magistrados titulares. Asimismo, el eco de la crisis es motivo de preocupación de la comunidad internacional, la cual, por medio de sus embajadores, incluyendo los de Estados Unidos y la Unión Europea, manifestó su solidaridad con el ente rector del proceso electoral.

Ahora bien, resulta muy importante que el TSE corresponda a todo este apoyo con resultados concretos que podrían ser resumidos, en su orden, de la siguiente manera: efectuar el anuncio de resultados oficiales de ganadores de la elección del 16 de junio en el menor plazo posible pero suficiente para desvirtuar cualquier señalamiento; concluir con celeridad el proceso de cotejo de actas, que si bien puede no ser vinculante, resulta clave para brindar mayor transparencia; elaborar un informe detallado que prevenga la repetición de este tipo de factores que ponen en innecesario riesgo a la democracia, así como deducir las consecuencias legales para las personas que resulten causantes del actual escollo político que ha representado una prueba sin precedentes.