“Se tenía evidencias de que de esos sitios estaban saliendo los grupos más violentos a cometer hechos terroristas: incendiar patrullas de la Policía, enfrentarse con bombas molotov y con armas a los cuerpos de seguridad”, dijo el ministro de Interior, general Miguel Rodríguez Torres.

El Gobierno ha descalificado invariablemente las protestas comenzadas en febrero, al definirlas como un “intento de golpe de Estado” a cargo de grupos de la “oposición fascista” con apoyo de Estados Unidos y Colombia.

En los operativos fueron “incautadas drogas, armas, explosivos, morteros, granadas lacrimógenas y todo lo que los inconformes utilizan a diario para enfrentar a los cuerpos de seguridad”, afirmó Rodríguez Torres.

La redada ocurrió pocas horas después de que el Gobierno anunció la postergación para la semana siguiente de una nueva reunión del escabroso diálogo de pacificación, el cual permanece sin pistas de avances concretos luego de un mes.

La acción fue repudiada por el principal líder opositor, Henrique Capriles. “Esta madrugada ocurrieron unos hechos que tenemos que condenar. Llevarse a estudiantes detenidos no está bien. Quien actúa en la oscuridad sabe que algo sucio está perpetrando”, denunció.

Según la abogada y activista de los derechos humanos Elenis Rodríguez, “muy pocos jóvenes pudieron escapar a la arremetida. Los detenidos fueron trasladados algunos a la sede de la Policía y otros a la unidad militar de Fuerte Tiuna”.

Un agente de la Policía Nacional Bolivariana murió ayer por impacto de bala durante una protesta en el este de Caracas, informó una fuente de la Policía Municipal.

Estos campamentos eran la cara visible de los últimos restos de las protestas comenzadas en febrero y que han dejado, según cifras actualizadas por la Fiscalía, 42 muertos, 800 lesionados y casi 150 casos investigados de abusos policiales.

Siguen lucha

“Actúan en una emboscada clara a nuestros compañeros. Tendrán que preparar celdas más grandes, los estudiantes seguiremos luchando por nuestros derechos”, prometió el líder estudiantil Juan Requesens.

El “uso de la fuerza bruta para limitar la libertad de expresión estimula protestas más agresivas y peligrosas que hacen más difícil el diálogo”, dijo el analista Luis Vicente León.

Por aparte, ayer fue suspendida la audiencia judicial que debía decidir el eventual juicio contra el opositor radical Leopoldo López, detenido desde febrero recién pasado en una cárcel militar.