La prohibición podría entrar en vigencia en dos semanas, aunque  la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos anunció que la  impugnará en tribunales.

Los detractores de la prohibición afirman que es motivada por el  racismo, mientras que sus partidarios señalan que la medida apunta  a las personas que viven en el país de manera ilegal.

La prohibición obligará a autoridades y empleadores a verificar  que los solicitantes de empleos y viviendas se encuentren de manera  legal en Estados Unidos.

La medida se basó en una ley local en Hazelton, Pensilvania, que  ha sido impugnada en tribunales tras su aprobación en 2006.

Reaviva polémica

La ordenanza, que comenzó a debatirse en julio de 2008, prohíbe alojar, contratar o alquilar viviendas a personas indocumentadas.

Tras conocerse los resultados iniciales este lunes por la noche, el alcalde Donald “Skip” Edwards, quien en 2008 había vetado una medida similar, sostuvo que “el pueblo ha hablado”, y aseguró que se seguirá “la voluntad del pueblo”.

Por su parte, el concejal Scott Getzschman, uno de los principales impulsores de la medida, expresó que el voto revela que “la gente está cansada del problema de la inmigración ilegal”.

Según estadísticas del Censo, en Fremont viven 25.500 personas, de las cuales un 4,3 por ciento (1.100) son hispanos. De ellos, un 30 por ciento nacieron en Estados Unidos.

Proyecciones del Pew Hispanic Center indican que menos del 1 por ciento de los residentes de Fremont son indocumentados.

Los inmigrantes latinos comenzaron a llegar a Fremont en las últimas dos décadas, atraídos por las oportunidades laborales en dos frigoríficos de la zona, Fremont Beef y Hormel.

Getzschman advirtió que la implementación de la nueva ordenanza será “difícil y problemática” para las autoridades locales y “costosa” para la población, por la posibilidad de acciones legales en contra de la iniciativa, por la potencial pérdida de servicios y por el aumento de impuestos aprobado como parte de la medida.

“La gente está cansada porque el gobierno federal no enfrente este problema. Es un tema que le corresponde al gobierno federal, pero si el gobierno federal no hace nada la gente se cansa, porque quieren que algo se haga”, sostuvo Getzschman.

Por eso, dijo, confía que el voto en Fremont sea “el inicio de un movimiento de base” que lleve a la realización de campañas similares en otras ciudades de Nebraska.

Otro concejal, Gary Bolton, declaró que se sentía “preocupado por el tiempo y el tremendo gasto en el que va a incurrir la ciudad para defender esta ordenanza en cuanto al alquiler de viviendas, porque ese elemento contradice las leyes federales”.

La Unión Americana de Libertad Civil (ACLU, en inglés) prometió presentar una demanda judicial para impedir la implementación de la nueva ordenanza.

“Esta ordenanza no sólo va en contra de las leyes federales sino que está completamente desajustada de los valores estadounidenses de justicia y equidad”, declaró Laurel Marsh, directora ejecutiva de ACLU en Nebraska.

Por su parte, Kristin Ostrom, directora en Fremont de la organización Nebraska is Home (de ayuda a inmigrantes) y coordinadora de la campaña en contra de la nueva ordenanza, negó que la aprobación de la medida lleve a restaurar oportunidades de empleo para residentes locales, debido a que los inmigrantes “no les están quitando trabajos a nadie”.

Según estadísticas recientes, el desempleo en Fremont es de menos del 5 por ciento, la mitad del índice de desempleo a nivel nacional.

Ostrom también lamentó que se haya dicho que la medida era necesaria porque las personas indocumentadas de Fremont estaban “agotando los recursos comunitarios”.

“Es desafortunado que la mayoría de los votantes nunca entendió que en realidad no existe un problema de inmigración ilegal en Fremont”, puntualizó.

Ostrom consideró que el debate sobre inmigración que comenzó en el concejo municipal de Fremont hace dos años fue “aprovechado por grupos ajenos” a Fremont y a Nebraska, y nombró específicamente al abogado Kris Kobach, de Kansas, quien escribió la ley SB1070 aprobada en Arizona y quien también escribió la pregunta luego incluida en las boletas electorales empleadas este lunes en las elecciones en Fremont.

Los servicios de Kobach fueron pagados por la Federation for American Immigration Reform (FAIR), una organización nacional conocida por su postura anti-inmigrante. FAIR destinó 5.000 dólares a la campaña a favor de la nueva ordenanza en Fremont.