El pacto oficialista emprendió el último tramo de su triste, improductiva y afrentosa legislatura con venganzas arteras contra funcionarios incómodos, estratagemas burdas para intentar garantizarse impunidad y hasta perfidias que golpean incluso a quienes durante meses esperaron infundada pero cívicamente otra actitud, otra visión, otro comportamiento que reflejara un último atisbo de ética.

En un pleno dudoso, reportado en un tablero electrónico manipulado ya en más de una ocasión previa, 50 diputados —que suman 126, si se agregan los ausentes— le dieron la espalda al proyecto de reconstrucción de la autopista Escuintla-Puerto Quetzal, que se encuentra actualmente en deplorables condiciones y que constituiría el primer modelo de alianzas público privadas mediante el cual se busca garantizar mejor calidad de obras, optimización de tiempo de construcción y un mantenimiento asegurado a largo plazo a cambio de un contrato de cobro de peaje que aseguraría regalías para el Estado, tarifas preferenciales para vecinos residentes y una calidad vial que ya tiene precedente exitoso en la autopista Palín-Escuintla.

Los primeros bloqueos y resistencias surgieron semanas atrás en las alcaldías de Escuintla y Puerto San José, que farisaicamente adujeron perjuicio económico para sus pobladores. Existe una vía alterna en buen estado, por Masagua, para quienes no quisieran transitar por la autopista reconstruida. En el caso de Puerto San José, es evidente el conflicto de interés, ya que cobran un derecho de paso a todos los automovilistas, aunque no se dirijan al casco urbano. En otras palabras, solo temían perder el cobro que ya efectúan y que no ha significado mayor mejora en infraestructura.

En cuanto al Congreso, las codicias y chantajes no son ajenos, sobre todo de parte de los diputados que recibieron el elocuente rechazo ciudadano en las urnas, al no ser reelectos. En 76 días no solo perderán la curul, sino también la inmunidad, una situación que detona miedo, desesperación, ansia por aprovechar el plazo que les queda para entorpecer la lucha anticorrupción, aprobar decretos aviesos tales como un presupuesto deficitario, en tanto manejan otras iniciativas como carnada para eventuales réditos por voto. Es obvio que en el caso de la primera alianza en favor de una mejor infraestructura no hubo reparto anticipado de coimas por un elemental principio de transparencia que debe prevalecer en este nuevo modelo de desarrollo. Durante semanas corrieron los rumores de subrepticias presiones, tarifas furtivas y amenazas de eliminar al rayo toda posibilidad de aprobación si los inversionistas no exhibían en metálico su anuencia.

Al buscar nombres y partidos de quienes sabotearon la aprobación de un proyecto vial urgente y crítico para la economía nacional se tendrán notorias coincidencias con el indeleble pacto de corruptos del 13 de septiembre de 2017, entre cuyos más conspicuos integrantes figuran tránsfugas, antejuiciados, despilfarradores del erario y hasta herederos de cascarones partidarios que quedaron a poco de desaparecer.

Pero algo bueno queda de todas estas postreras añagazas legislativas: las máscaras se caen, las verdaderas prioridades se delatan y la vergüenza histórica escribe sin error los nombres, entre los cuales figuran incluso algunos que llegaron a promocionarse como aliados del desarrollo económico pero que resultaron ser una alevosa caterva que solo busca su beneficio.