El dinero que manejan, producto de estos hechos, les da control y poder sobre los dos mil 200 guardias que tiene el Sistema Penitenciario, quienes tienen sueldos de Q2 mil a Q2 mil 200 mensuales.

Un soborno a los custodios y al personal administrativo es suficiente para obtener lo que desean, sobre todo teléfonos celulares.

Además, la inversión de Q25.7 millones en la instalación de antenas bloqueadoras de señal para teléfonos móviles resultó inútil, ya que de nada ha servido la tecnología, porque los reclusos tienen la posibilidad de desactivarlas, con el apoyo de los guardias.

Esta vulnerabilidad fue expuesta el viernes 23 de abril recién pasado, cuando los reos de Fraijanes 2 —denominada de alta seguridad— se amotinaron y tomaron como rehén al guardia Melvin Arturo Monzón Vásquez. De manera simultánea, en el Preventivo de la zona 18 los pandilleros recluidos en el sector 11 secuestraron al custodio Mynor Castillo. En ambos casos, los delincuentes se salieron con la suya.

Analistas cuestionan que las autoridades de Gobernación hayan negociado con los reos, con el argumento de que se “privilegió la vida de los guardias”, lo cual, según ellos, no fue la mejor decisión, pues sienta un mal precedente.

Los privilegios

Investigaciones del Ministerio Público (MP) han comprobado que en algunos penales de la capital y la provincia los internos disfrutan de privilegios como tener negocios, guardaespaldas y visitas prolongadas, así como Internet y teléfonos celulares.

En el caso de los pandilleros del Preventivo de la zona 18, los custodios y las autoridades de esa prisión permiten el ingreso de mujeres durante los fines de semana.

La justificación es que se trata de visitas conyugales, pero, según pesquisas del MP, son personas que les proveen de fondos, producto de extorsiones, así como droga y, en algunos casos, armas de distinto tipo.

Fiscales del MP que solicitaron el anonimato afirman que reos sindicados de asesinato, secuestro y narcotráfico administran negocios en las cárceles, alquilan sillas y cobran un “impuesto” por el ingreso de visitas.

Rony López, fiscal contra el Crimen Organizado, refirió que han sido innumerables las veces que han efectuado requisas en busca de armas, drogas e información de los extorsionadores. “El problema es que hoy hacemos una requisa, incautamos armas y celulares, pero a la semana siguiente ya tienen nuevos artefactos”, señaló.

“Lo peor de todo es que sabemos que nuestras acciones representan una forma de hacer negocio para algunos reos, porque unos reclusos cuentan que los guardias les dicen que, debido a que la situación está más difícil, por las acciones del MP, cuesta más dinero ingresar un aparato”, expuso López.

Reconoce corrupción

Edy Morales, director del Sistema Penitenciario, admitió los problemas de corrupción en las prisiones: “Tenemos cinco ejes dentro de un nuevo plan de seguridad, y uno de ellos es disminuir la corrupción”, dijo.

Antecedentes violentos

El 25 de septiembre del 2006, las fuerzas de seguridad entraron en la cárcel Pavón, ubicada en Fraijanes, para recuperar el control del lugar, donde el crimen organizado actuaba a sus anchas.

Sin embargo, no continuaron con estas acciones en prisiones como el Preventivo de la zona 18, Pavoncito y la cárcel de Chimaltenango —que está en desuso—, las cuales también han estado bajo el dominio de los reclusos.

El ministro de Gobernación, Carlos Menocal, aseguró que la violencia no resuelve nada y que prefieren implementar programas de reinserción antes que derramar sangre. Aún así, la semana recién pasada reconoció que necesitan de una cárcel de alta seguridad, porque los pandilleros amotinados “no son angelitos. Son narcotraficantes, secuestradores, extorsionadores, asesinos en serie y sicarios”.

El sometimiento

Mientras las autoridades de Gobernación lidian con estos reos, los abusos y violaciones de derechos humanos entre presidiarios es otro problema de gran magnitud.

“El mundo carcelario tiene sus propias normas; ocurren delitos que no son denunciados, no se abren procesos, y en muchos casos los guardias y el personal administrativo son cómplices”, contó Alberto*, un ex presidiario.

Afirmó que en cuanto llegó a la cárcel, un guardia le preguntó a qué sector quería ir y de cuánto dinero disponía para pagar por ello. Al final le fijaron una cuota de Q1 mil para ser ubicado.

El encargado del sector elegido, apodado el Charlie, le dijo que si deseaba una plancha (cama de concreto) debía pagar Q2 mil. “Quitate los zapatos y los calcetines porque están buenos para la mara”, le ordenó.

“Si querés colchoneta y colcha son otros Q2 mil. Por cierto, ¿tú familia sabe que caíste? Si querés llamar, te podemos dar un celular, pero eso tiene precio, más ahora que el rollo (la situación) está más difícil y hay mucha vigilancia”, le advirtió el Charlie a Alberto.

Ese día lo obligaron a llamar a su familia, le arrebataron el celular y le dijeron a su papá que si lo quería ver con vida, que llevara más dinero, pero no dijo cuánto.

Los guardias tampoco están exentos de caer en la redes de la corrupción. Un agente le confió a Prensa Libre que cuando salió de la Academia de Estudios Penitenciarios y lo asignaron a Pavoncito, en Fraijanes, los reos le dijeron: “Entrale (a la corrupción), porque aquí todos nos ajustamos”. Aprendió que el recluso con más dinero y el más antiguo es el que manda.

Tiempo después constató que en el Preventivo de la zona 18 los sectores uno, dos, cinco y 12 son los más caros y con privilegios, y que quien desea estar allí debe ser aceptado por los internos, quienes investigan hasta su capacidad económica. En muchos casos son personas vinculadas al crimen organizado.

El sector 11 quizá sea el peor. Allí conviven solo pandilleros, mientras que en el seis, llamado Rusia, están confinados los que no tienen dinero. En el sector tres están ex agentes de la Policía y del Ejército, y son los que imponen sus normas de convivencia.

Un funcionario de Presidios reveló que en todas las cárceles existe un sistema militarizado, donde hay castigos y códigos. “El reo aprende que lo que allí se diga o se haga, allí se queda”, aseveró.

El funcionario relató que antes a un reo del Preventivo de la zona 18 le preguntaban si fumaba o ingería drogas, y le explicaban las condiciones. Pero, a partir del 2000, cuando empezaron a llegar pandilleros —a quienes otros reos obligaban a realizar la talacha— la situación empezó a cambiar.

En el 2005, las autoridades decidieron colocarlos en el sector 11, pero eso no fue impedimento para que siguieran dirigiendo bandas delictivas que extorsionan, secuestran y matan en las calles.

*Nombre ficticio