Resulta cuestionable, si no es que oprobioso, el papel desempeñado por ciertos decanos de Derecho e integrantes de la postuladora de Corte Suprema de Justicia, que oficiosamente buscan allanar el camino de sus allegados mediante la rebaja de calificaciones mínimas para permitirles pasar a la fase final del proceso y, eventualmente, por obra y magia de alambicados favores políticos, llegar a colarse como convenientes alfiles en la cúpula del Organismo Judicial. Su más reciente táctica fue abstenerse de votar para intentar deslegitimar la decisión del cuerpo colegiado, pero sin lograrlo.

Por supuesto, no faltan excusas, como invocar la inclusión, la agilización del ya rezagado proceso o el cambio de la circunstancia legal debido a los fallos constitucionales que obligaron a corregir la convocatoria y cumplir con requisitos fijados en ley. Sin embargo, aun tomando en cuenta tales observaciones, la respuesta no está en reducir la exigencia de calidad académica, experiencia y servicio público. Por el contrario, los criterios de evaluación deben ser rigurosos y equitativos, puesto que se encuentra en juego el futuro de la justicia.

A medida que se destapan realidades de gastos opacos, contrataciones lesivas, adjudicaciones dudosas y negligencias del período anterior, también crece el interés por incidir políticamente en la elección de autoridades judiciales, sobre todo si se toma en cuenta que, a pesar de la depuración del Congreso ejecutada por la ciudadanía en las urnas, aún quedan adláteres del oficialismo previo que incluso se han logrado posiciones de privilegio debido a las concesiones que debió hacer el partido de gobierno para poder hacerse de la presidencia del Legislativo, organismo sobre el cual recae la selección final.

Afortunadamente, existe un grupo de 19 postuladores que se mantienen fieles a sus juramentos profesionales, inamovibles en su defensa de la recta conciencia ética y comprometidos con la defensa del estado de Derecho y la institucionalidad, que constituyen los grandes bastiones de la confianza ciudadana y el fundamento para emprender las reformas urgentes dentro de este poder del Estado.

La continuidad y éxito del proceso de calificación, recepción de señalamientos y descargos, además de la confección de la nómina definitiva, precisa de un esfuerzo sostenido cuya mejor supervisión es la vigilancia ciudadana, que no debe ser nunca más un observador pasivo, sino una conciencia crítica que demande la integración de los mejores profesionales del Derecho, con trayectoria íntegra, coherencia de palabras y acciones, ausencia de vínculos con grupos oscuros, personajes señalados de corrupción, nexos con el narcotráfico, el contrabando o el crimen organizado.

Guatemala precisa de certeza jurídica, de una aplicación de la ley sin sesgos políticos o sectoriales, pero sobre todo de contar con un sentido de confianza en las máximas autoridades del Poder Judicial, puesto que serán los nuevos magistrados quienes deberán encarar el reto de emprender una esperada reforma que solvente los entuertos actuales. Así como en la antigua Grecia el sabio Platón proponía el gobierno de los filósofos —entendido el término como los sabios virtuosos— como la cima de la evolución de la vida cívica, bien se puede vislumbrar como meta nacional que sean los juristas más capaces, experimentados y respetados aquellos a quienes se encomiende la dura tarea de despolitizar las cortes, reducir la mora judicial y garantizar la aplicación de sanciones contra quien transgreda las leyes, sea quien sea.