Los gobernadores departamentales no deben ser vistos como menos de lo que representan ni tampoco como más de lo que marca la ley dentro de sus funciones. Si bien se les delega la representación del presidente de la República en su respectivo territorio, no se trata de pequeños feudos que puedan arrogarse funciones no apegadas a la ley, el derecho y la independencia de poderes, dicho sea esto a propósito de los señalamientos en contra de algunos de estos funcionarios de abusos e incluso posibles delitos durante el período pasado.

Si bien se trata de un nombramiento otorgado por el Ejecutivo, ya se escuchan casos de ciertos diputados, sobre todo distritales, que buscan interceder por sus apadrinados o bien negocian desde ahora la aprobación de fondos para obras a cambio de plazas laborales locales, contratación de empresas allegadas o incluso comisiones ilícitas. El riesgo de este tipo de situaciones es alto en este momento, debido a que se encuentra en marcha la readecuación del plan de gastos 2019, el cual quedó vigente al no haber sido aprobado el proyecto para este año: un oportuno botín de presión. Hoy finaliza el plazo para la integración de las ternas planteadas por la sociedad civil, a partir de las cuales el presidente Giammattei hará la selección.

Existen aspirantes a gobernador con perfil posiblemente idóneo que quedaron fuera a causa de consideraciones políticas y no prácticas. En todo caso, la clave para una buena designación se encuentra en el aporte ciudadano desarrollado por los candidatos, la factibilidad y pertinencia de los planes de trabajo, además de una trayectoria de éxito en el plano académico, profesional o de servicio público.

En este punto cabe señalar que existen algunos diputados de ingrata recordación, por sus excesivos gastos y comportamiento cuestionable a su paso por el Legislativo, que ahora aspiran a colarse en las nóminas presentadas al Ejecutivo: un intento que no solo hace obvio su afán de seguir medrando a costa del Estado, sino que amenaza las posibilidades de desarrollo de sus demarcaciones, puesto que lo que no hicieron como congresistas menos lo harán como gobernadores.

En este proceso de selección participan algunos gobernadores en funciones, cuyo trabajo será el que hable para su confirmación o sustitución, lo cual implica dejar de lado las conveniencias personales, sectarias o cualquier tipo de criterio que no priorice las necesidades de las comunidades, ya que este puesto implica dirigir los consejos de desarrollo urbano y social, velar por la eficiente y transparente ejecución presupuestaria, así como por el cumplimiento de las políticas de Gobierno, servir de interlocutor entre los pobladores y las dependencias del Ejecutivo, además de advertir oportunamente las prioridades pendientes en infraestructura, educación, salud, nutrición y seguridad de las áreas encomendadas a su cuidado.

Son inevitables las diferencias de opinión y los contrastes de perspectiva entre comunidades, grupos políticos e incluso regiones departamentales a la hora de nominar los perfiles sometidos a consideración de la Presidencia. Ciertamente también pesan las negociaciones y fidelidades concebidas a lo largo de la campaña electoral, pero bajo ningún motivo esto puede servir de excusa para designaciones que tengan claros conflictos de interés ni para tolerar perfiles que carezcan de las calidades éticas o las aptitudes necesarias.