Debilidad institucional, carencias éticas y hasta la indiferencia ciudadana se convirtieron, por lustros, en un caldo de cultivo que facilitó el pulular del tráfico de influencias, el intercambio furtivo de favores y la injerencia de negociantes que parasitariamente se alimentan de los vacíos legales para manipular elecciones de magistrados de diversas cortes, de organismos colegiados y de entidades auditoras, que devinieron en elementos accesorios de los políticos de turno.

Las cortes de Justicia electas en 2014 mediante el contubernio de los hoy extintos partidos Patriota y Líder constituyen, sin duda, el referente más triste de dicha confluencia de intereses nefastos, en un Congreso copado de personajes camaleónicos, políticos reciclados y hasta aprendices del compadrazgo y la conveniencia. A pesar de los procesos abiertos, algunos de estos personajes intentan ejercer —incluso desde la prisión preventiva— el manipuleo sobre la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y salas de Apelaciones. El proceso se ha visto frenado oportunamente debido a la identificación de anomalías y la inclusión de alfiles que no tienen los suficientes méritos académicos o que enfrentan procesos, con lo cual no es posible esperar un desempeño íntegro.

A siete meses de la extensión extraordinaria de funciones de los magistrados actuales, el proceso de sucesión está otra vez en manos de los diputados, que deben revisar de nuevo los expedientes de los postulados y, además, expresar su voto de viva voz, con lo cual se evidenciará si apoyan a una figura bajo cuestionamientos éticos, con conflictos de interés o incluso bajo proceso judicial abierto, lo que no es en sí una declaración de culpabilidad, pero sí un factor de comparación respecto de profesionales libres de tales avatares.

Pese a tener cien integrantes nuevos, el actual Congreso parece haber heredado vicios de su predecesor y es posible, lamentablemente, que se intente pactar una componenda para implantar a determinadas figuras afines a bancadas allegadas al oficialismo anterior, aprovechando las debilidades del actual. Es probable que intenten repetir la maniobras recientes como atrasar la sesión para desarrollarla con nocturnidad, pero esta vez, a diferencia de plenarias anteriores, sí estarán presentes, por mandato judicial, medios independientes en el hemiciclo. Por otra parte, las traiciones entre bancadas, egos enfermizos y los recientes antecedentes les han quitado el factor sorpresa, por lo cual la mejor salida para los diputados es adoptar la cordura como conducta y apostar por la decencia y la institucionalidad.

Pero no solo el Legislativo está obligado ante la ciudadanía a tener un desempeño ético. Entes como el Tribunal Supremo Electoral, que suspendió las discusiones de las nuevas reformas a la Ley Electoral, deben retomar el trabajo y divulgarlo. Las restricciones de salud no equivalen a una renuncia a la labor intelectual ni a la responsabilidad histórica. Lo mismo cabe decir de los procesos sancionatorios contra partidos que violaron normas.

El TSE tiene ese compromiso con la ciudadanía votante y consigo mismo, no con organización partidaria alguna. Aplicar la ley les servirá para librarse de la sospecha de haber sido seleccionados a cambio de favores. El gran mensaje que debe quedar claro en este momento de emergencia sanitaria es que también la institucionalidad está en una cuarentena de saneamiento cuyo fin es dar paso a los más altos valores nacionales y que los operadores hoy presos y procesados por sus estratagemas son un presagio viviente para todos aquellos que quieran seguir tan insanas prácticas.