Las expectativas anunciadas por el Gobierno y la ochentena de diputados que aprobó reformas a la Ley de Zonas Francas para ampliarla a otras actividades son extremadamente optimistas y fuertemente ancladas a una hipotética cifra de creación de plazas laborales. Sin embargo, no es el único asunto pendiente que tales cambios entrañan: hace falta crear un sistema informático en el Ministerio de Economía, el cual debe estar conectado con la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a fin de que las condiciones para la inversión no se conviertan en parapetos de evasión.

Es notoria también la actitud de la SAT respecto del impacto que los cambios puedan tener sobre los ingresos tributarios, debido a que abren la posibilidad de exenciones fiscales por hasta 10 años. Esto no es dañino en sí mismo, siempre y cuando se logre atraer un volumen significativo y sostenido de inversiones o bien que las empresas que opten por trasladarse a este régimen consigan una expansión tal de operaciones que compense el esfuerzo nacional de eximirlas de impuestos.

Por otra parte brotan las suspicacias de manera casi espontánea en un Congreso que ha sido lerdo para impulsar un paquete integral de recuperación económica, que se ha caracterizado por actuar con abiertos conflictos de interés y que ha sido capaz de forzar reformas lesivas y clientelares como las efectuadas a la Ley de Compras, aprobadas de súbito la noche del 28 de abril y que prácticamente abren el grifo de la discrecionalidad y las adjudicaciones a dedo, sin respetar siquiera los registros de oferentes autorizados. Dicho sea de paso, el clamor hacia el presidente es que vete tal decreto.

De vuelta al tema de zonas francas, cabe decir que existían consensos y acuerdos internacionales previos que habrían sido obviados con la reforma de marras. De llegar a producirse reacciones en entidades internacionales de comercio, el Congreso y sobre todo los ponentes de los cambios quedarían evidenciados en cuanto al poco conocimiento de compromisos.

Por otra parte, así como una golondrina no hace verano, ni dos ni tres, deben señalarse desafíos nacionales que van más allá de ofrecer fábricas libres de impuestos: la infraestructura vial sigue siendo deficiente y la velocidad del tránsito en el país —factor clave para todo comercio— sigue entre las más bajas del continente. El Ministerio de Comunicaciones inaugura carreteras con recapeo de asfalto, sin señalización alguna, ni siquiera líneas blancas, que en las noches son peligrosos mantos negros en la oscuridad. Además hay tramos inconclusos como el entronque de Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, próximo al hospital covid-19, donde faltan 500 metros de asfalto para dar fluidez de cuatro vías y lleva años sin ser concluido.

También hace falta fortalecer la certeza jurídica para las empresas, lo cual no se logra de la noche a la mañana y va ligado directamente al riesgo de corrupción. Si bien el Legislativo emitió una ley de simplificación de trámites, le hace falta reforzar la obligatoriedad de factura electrónica para cualquier proveedor del Estado, aprobar sin demora la ley de infraestructura vial —a la que ciertos alcaldes y diputados contratistas se oponen— y los cambios para facilitar el trabajo parcial. Así que, francamente, se necesita un trabajo integral, profesional y con visión de Estado para poder atraer inversiones duraderas sin necesidad de dieta forzosa para el erario.