El decreto 7-2025, aprobado con el oficioso respaldo de 108 diputados, ha despertado una ola de rechazo que difícilmente puede ignorarse.

Es improcedente e ilícita la designación unilateral de 12 magistrados para las nuevas salas.

En esta danza de millones flotantes, hasta el propio Ejecutivo, y especialmente el Ministerio de Finanzas, tiene su pieza.

No se trata solo de un asunto de legalidad, sino de humanidad.

La migración guatemalteca hacia EE. UU. hace mucho dejó de ser un fenómeno aislado o marginal.

Para el combate efectivo y sostenido de la desnutrición, se necesita de un efectivo compromiso de Estado por erradicarla.

Si esto fuera un partido de futbol sería como una zancadilla sin balón, merecedora de tarjeta roja.

Si esta CSJ, usualmente tan parsimoniosa, tenía planificado crear estas salas, debió comunicarlo al Congreso.

En lugar de priorizar el bien común, el máximo tribunal escribió quizá su más lamentable legado.

La solución es que se tracen convenios de pago viables, que las empresas municipales deficitarias se extingan, pues la energía no es gratuita ni barata ni ilimitada.