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Las 5 banderas rojas que deben alertar al gobierno sobre la ampliación presupuestaria

La formulación de la propuesta, el destino y ejecución de los recursos de la readecuación aprobada por más de Q14 mil millones genera expectativas y polémica.

Rosa María Bolaños y Estuardo Gasparico

26 de agosto de 2024

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El Congreso aún debe conocer objeciones al decreto 16-2024, que contiene la ampliación presupuestaria, presentadas por dos bancadas. (Foto, Prensa Libre: EFE).

La iniciativa de ley de ampliación presupuestaria por Q14 mil 451 millones era necesaria, ya que en la parte de ingresos del Estado existe una subestimación de la recaudación tributaria que debía corregirse, por lo que no se ampliaría con deuda, sino que se ajustarían los espacios presupuestarios, explican expertos en finanzas públicas.

El objetivo sería realizar esa corrección y poder utilizar esos fondos en programas y gastos definidos por el gobierno.

Sin embargo, también existen temas que han generado dudas recurrentes que levantan banderas rojas, a las que el gobierno y el Congreso deben prestar atención, de acuerdo con expertos consultados.

En la Comisión de Finanzas del Legislativo no se lograron consensos y algunos integrantes votaron por que se emitiera un dictamen desfavorable, argumentando que en el Organismo Ejecutivo no habría capacidad de ejecutar los fondos en los pocos meses que quedan del 2024 y varios parlamentarios recomendaron que se optara por modificar el plan de gastos del 2025 que se debe conocer entre septiembre y noviembre próximos.

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Finalmente, el 14 de agosto, luego de que por medio de una moción privilegiada se logró interrumpir la interpelación del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se aprobó la dispensa del dictamen y la ampliación fue aprobada de urgencia nacional por medio del decreto 16-2024 en medio de cabildeos, defensa de la iniciativa y señalamientos de prebendas a cambio de votos.

Los parlamentarios Álvaro Arzú, jefe de bloque Unionista, y Nadia de León, jefe del bloque Nosotros, presentaron objeciones contra el decreto de ampliación por errores en montos e imprecisiones en la redacción de algunos artículos, por lo que el pleno del Congreso está obligado a revisarlo. Y, hasta el viernes 23, aún estaba pendiente de finalización el proceso legislativo para luego enviar el decreto al Ejecutivo para su sanción y publicación.   

En tanto, la Corte de Constitucionalidad (CC) dio trámite a cinco amparos en contra del proceso en que se desarrollo la sesión plenaria del 14 de agosto.

El gobierno prevé que, en todo caso, dicha normativa entre en vigencia en septiembre y que en ese mes se ejecute casi la tercera parte del total aprobado y el resto, en el último trimestre del año, ya que se trata de programas que impulsa el gobierno y solo se estaba esperando el espacio presupuestario, según las autoridades.  “Se planea una ejecución rápida pero bien hecha”, dijo el presidente Bernardo Arévalo en una transmisión en la red Tik Tok.

Entre aciertos, dudas y recomendaciones

Prensa Libre pidió la opinión especializada de varios expertos: Pedro Prado, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes); Ricardo Barrientos, director ejecutivo del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi); y Jorge Lavarreda, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Barrientos expuso que desde 2023 recomendaron la necesidad de una ampliación y ajuste presupuestario para corregir la subestimación de la recaudación tributaria desde el 2020 a la fecha, lo que ha distorsionado el presupuesto, las metas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), pero también era necesario establecer medidas de transparencia.

Prado coincide en que debe garantizarse la transparencia y calidad en el uso de los recursos con el seguimiento y fiscalización que corresponda, necesidad en la que debe cobrar especial atención el papel de la Contraloría General de Cuentas (CGC) y garantizarse la auditoría social, incluso a los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

En tanto, el Cien refiere que en la iniciativa detectaron cinco artículos a los que les hace falta especificar el uso de los recursos públicos y una mayor garantía en la eficiencia y eficacia del gasto, como corresponde a cualquier presupuesto estatal.

Se solicitó al ministro de Finanzas, Jonathan Menkos, la opinión institucional sobre los 5 aspectos siguientes, pero al cierre de nuestra edición no había respondido.

• 1. Metas de recaudación y aportes

Los ingresos tributarios vigentes para el año 2024 se sitúan en Q86 mil 247.6 millones y el artículo 1 del decreto aprobado los amplía a Q99,684.1 millones, aunque el potencial recaudatorio es mayor, según el Icefi.

Se observan avances en la corrección del error millonario de subestimación en la proyección de ingresos tributarios en el presupuesto vigente de 2024, lo cual se considera positivo, al pasar de una carga tributaria de 9.9% del producto interno bruto (PIB) a una de 11.4% del PIB, expone el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

Sin embargo, la corrección fue parcial, lo que se considera insuficiente, ya que al tomar en cuenta la recaudación real observada al 31 de julio de 2024, el cobro de impuestos cerrará el año con Q102 mil 571.5 millones (carga tributaria de 11.7%). Por ello persiste un error de subestimación de alrededor de Q2 mil 887.4 millones (0.3% del PIB).

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Al persistir la subestimación, se impide corregir en su totalidad la meta de recaudación de la SAT, con lo cual también persiste la distorsión en los parámetros y referentes para evaluar su desempeño.

Además, si se usa el nuevo monto incluido en el decreto como la base de cálculo para la proyección de ingresos tributarios en el proyecto de presupuesto para 2025, el error de subestimación se estaría prolongando para el próximo ejercicio fiscal.

Al respecto, el Cien refiere que se mantienen sus observaciones emitidas antes de aprobarse el decreto y una de ellas es que se encontraron diferencias entre la estimación de la iniciativa de ley de ampliación y otras realizadas por la SAT incluyendo la más reciente de junio de 2024, que según el escenario medio, también superaría los Q102 mil millones.

Comparando las cifras citadas por el Cien, se observa que entre las diferencias más significativas que mencionan están las del impuesto sobre la renta (ISR) que en el decreto se establece en Q1 mil 295 millones inferior a la estimación en el escenario medio de la SAT a abril de 2024.

En el decreto también es más baja la cifra del impuesto al valor agregado (IVA) de importaciones por Q1 mil 49 millones, entre otros, por lo que es necesario que el Organismo Ejecutivo fundamente técnicamente la estimación del monto para cada impuesto y la metodología que usó para calcular el monto del presupuesto de ingresos que usa como base para fijar los aportes constitucionales.

• 2. Sin estructura programática

El artículo 4 del decreto 16-2024 faculta al Ministerio de Finanzas a gestionar para su aprobación, por medio de un acuerdo gubernativo, la distribución analítica de la ampliación aprobada, pero no indica cuáles son los criterios por considerar.

El Cien expone que para el presupuesto de ingresos la distribución se hace a nivel de clase, sección y grupo, similar al detalle del artículo 2 de la iniciativa de ley, y para el presupuesto de egresos se hace a nivel de entidad, programa o categoría equivalente, subprograma, proyecto, actividad, obra, renglón de gasto, fuente de financiamiento y ubicación geográfica (aspecto que es muy alejado del detalle que presentan los artículos 3, 6, 7, 9, 13 y 14).

A eso, Icefi añade que la exposición de motivos de la iniciativa debía incluir una explicación técnica profunda de cuál es la razón de cada artículo propuesto, aunque algunas sí la tenían. Por ejemplo, no se expone en la estructura programática del presupuesto cuál  destino va a tener cada ampliación o asignación. “Creemos que la disposición de postergar la distribución es antitécnica y opaca”.

Por aparte, el CIEN hace dos observaciones respecto al artículo con el que se faculta al Minfin para “reorientar” los aportes extraordinarios de los Decretos 54-2022,1-2023 y 5-2023, en los que se detallan como destinos temas como Ampliar la cobertura del Programa de Aporte Económico al Adulto Mayor a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, las clases pasivas civiles del Estado, así como dar cumplimiento a los pagos de la Ley Temporal de Desarrollo Integral por conducto del Ministerio de Desarrollo Social, “y otros gastos que contribuyan al bienestar de la población”.

Pero según el Cien, no se incluye información que permita responder a dudas como: ¿Qué bienes y servicios se entregarán a las personas?, ¿cuál será el uso, destino y financiamiento del gasto de los créditos propuestos?, ¿qué bienes y servicios se dejarán de entregar a las personas por los débitos? y ¿cuál era el uso, destino y financiamiento del gasto de esos débitos.

• 3. Asignaciones a Codedes, sin justificación técnica

La ampliación presupuestaria para los Codedes, aún después de haberse aprobado el decreto, no tienen justificación técnica, argumenta el Icefi. El aporte extraordinario para ellos Codedes fue aprobado por Q1 mil 875 millones, aunque la iniciativa original proponía Q1 mil 675 millones.

A ese monto se llegó sumando Q1,556.8 millones de la ampliación en el artículo 3, más un incremento que se incluyó en el reordenamiento de aportes extraordinarios en el artículo 11 por Q118.2 millones. La iniciativa original le asignaba también un aporte ordinario por Q481.9 millones (resultado de aplicar al incremento Q5 mil 782.4 millones de la recaudación del IVA, según el artículo 2, como el destino específico que forma parte del IVA-Paz, que era el equivalente a 1 de los 12 puntos porcentuales de la tarifa del IVA, contemplado en el artículo 10 de la Ley del IVA).

El Icefi explicó que el Congreso de la República “ignoró esta recomendación técnica” y “empeoró la situación” porque sin sustento técnico, le aumentó Q200 millones al aporte extraordinario. Del total, en el decreto no se detalla la fuente de financiamiento para Q1 mil 756.8 millones, pero se cree que tendrán que salir de recursos tributarios distintos al IVA-Paz o recursos de caja.

Tampoco se tiene justificación técnica para la distribución por municipios, y el propio decreto contine errores en el listado. “La omisión es preocupante” porque se trata de “un monto muy voluminoso que se trasladará a los Codedes, pese a ser focos históricos y severos de corrupción, abuso y opacidad”, añade el Icefi.

Además, la ejecución presupuestaria de los Codedes continúa muy baja ya que los datos del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin) al 15 de agosto de 2024, la ejecución de las trasferencias del Gobierno Central a los Codede es solo de Q650.6 millones de Q4 mil 44.2 millones vigentes y los niveles más bajos de ejecución se detectan en temas relacionados con las áreas de salud, educación y saneamiento.

• 4. Recursos para el Maga y compras directas

Respecto al aumento para el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga), el Icefi se refiere que hay inconsistencias porque en varios artículos el monto ampliado se maneja en Q820 millones, pero en otro, la cifra llega a Q1 mil millones cuando se le agrega el tema de Apoyo al aumento de la producción agrícola nacional y a la disminución de los precios de la canasta básica alimentaria. En ambos casos se carece de justificación técnica, insiste el instituto.

Respecto al segundo artículo mencionado se cuestiona que se autoriza al Maga a adquirir fertilizantes por Q400 millones, semillas por Q20 millones y aperos de labranza por Q80 millones, sin obligación de licitar ni cotizar, sino que podrán ser compras directas e incluiría el costo del transporte para entrega en las cabeceras municipales.

“Esta disposición reproduce las normativas que en el pasado facilitaron abusos y actos de corrupción, incluyendo casos en los que diputados al Congreso de la República fueron señalados y acusados de beneficiarse directa y personalmente, toda vez que eran dueños o estaban vinculados con empresas proveedoras, justamente de fertilizantes, semillas, aperos de labranza y transporte de productos agrícolas”, agrega el Icefi en su análisis.

Se cuestiona también la autorización al Maga para crear un Fondo de Crédito Campesino, administrado por el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), por Q500 millones. Ambas entidades deben realizar el reglamento que defina los requisitos, criterios de evaluación y las condiciones que servirán de base para otorgar los créditos.

“Aunque a primera vista aparenta ser una medida legítima y orientada a reducir la inseguridad alimentaria y el costo de la canasta básica, una vez más, no se establecieron requisitos ni evaluación técnica de la capacidad de ejecución adecuada de un fondo, ni opiniones técnicas o dictámenes de entidades especializadas como la Superintendencia de Bancos.

• 5. Arrastre de fondos para el 2025 y necesidad de transparencia

Faltan 4 meses para que termine el año, por lo que posiblemente no dará tiempo para una ejecución de toda la ampliación. ¿Qué pasará con los recursos sobrantes? Esto a pesar de que se faculta a los Codedes a utilizar -después del 2024-, los fondos que no se hayan ejecutado. ¿Eso es legal?

El ministro Jonathan Menkos explicó el viernes 23 de agosto que tienen expectativa de que la ampliación entre en vigencia en septiembre. Respecto al tiempo para ejecutar, refirió que de los Q14 mil 451 millones aprobados por el Congreso, se prevé ejecutar el 30% durante septiembre, y el resto, entre octubre y diciembre de este año.

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Explicó que en esa ampliación hay recursos que es indispensable ejecutar, pero Finanzas y el Ejecutivo estaban esperando el espacio presupuestario para hacerlo.

Respecto a los Codedes, el Icefi expone que en el artículo 13 se sugiere una autorización para que estos retengan saldos no ejecutados al final del ejercicio fiscal 2024, pero la redacción no está clara y “podría admitir interpretaciones diversas”.

Se está invocando el artículo 15 de la Ley Orgánica del Presupuesto, con el cual se permiten obras y la adquisición de bienes y servicios cuyo plazo de ejecución exceda un ejercicio fiscal, pero se debe tomar en cuenta que este establece que deben programarse las asignaciones en los presupuestos de cada ejercicio fiscal futuro, “y no extendiendo la vigencia de una asignación en un presupuesto cuya vigencia ya ha caducado”. 

Por ello, la entidad refiere que los saldos no ejecutados por los Codedes deben reintegrarse a la Tesorería Nacional, ya que esta obligación se establece en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Presupuesto. Ya existen este tipo excepciones en el decreto 54-2022, que contiene el presupuesto 2023 y que está vigente en 2024 y no se deben seguir replicando, se agregó.

Asíes recomienda que debe garantizarse la transparencia y calidad en el uso de los recursos con el seguimiento y fiscalización que corresponda, cobra especial atención el papel de la CGC y también garantizarse la auditoría social.

Luego refiere que “reconoce la importancia como espacios de acción de los actores del ámbito local” pero que “es urgente fortalecer o implementar mecanismos de transparencia que garanticen una gestión eficiente de los recursos considerando los bajos niveles de ejecución presupuestaria que se han observado en los Codedes”.

En general, Asíes considera que el fortalecimiento de las medidas de transparencia debe aplicarse a todo el gasto público, incluso la relevancia del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) en la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan).

También recomienda auditorías especiales de la CGC a los recursos ejecutados por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) respecto a los contratos celebrados en la administración anterior.

También el seguimiento a los recursos asignados en el marco de la metodología de “Presupuesto por Resultados” como los fondos para primera vivienda y recursos relacionados al desarrollo rural a cargo del Maga, que ya se han mencionado.

El Icefi advierte que el decreto aprobado suprimió controles anticorrupción para proyectos y contratos de inversión pública en infraestructura vial porque se aprobó una enmienda que adicionó un artículo para derogar disposiciones en leyes anteriores.

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Por ejemplo, se deroga el artículo 7 del Decreto 21- 2022 del Congreso que contiene la Ley Para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica; el artículo 3 del Decreto 36-2022; y los artículos 6 y 7 del Decreto 50-2022.

Con estos cambios se dejan sin materia casos de corrupción denunciados o en investigación respecto a obras de construcción y “favorece la impunidad para la corrupción y los abusos en el presupuesto de inversión pública en infraestructura vial”, agregó el Icefi.

También debilita la transparencia la autorización para hacer compras sin licitación o cotización sino como compras directas como lo recursos para el Fondo de Crédito Campesino que será operado por el Maga y el CHN. Y no se establecen los criterios y medios específicos para la distribución de los bienes y servicios a adquirir.

Restaurante San Martín inaugura su segundo restaurante en Dallas, Texas, Estados Unidos

Este 22 de agosto fue inaugurado San Martín Bakery & Restaurant en Dallas-Fort Worth, en donde se servirán todas las especialidades gastronómicas que le caracterizan.

Estuardo Gasparico

22 de agosto de 2024

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San Martín cuenta con 73 tiendas distribuidas en Guatemala y El Salvador, incluyendo dos ubicadas en los Estados Unidos. (Foto, Prensa Libre: cortesía San Martín).

San Martín Bakery & Restaurant, reconocido por su pan y repostería artesanal, abrió su segunda sucursal en el área de Dallas-Fort Worth (DFW) este jueves 22 de agosto en 5407 Belt Line Road, una ubicación estratégica en la localidad de Addison, donde brindará los sabores exclusivos de San Martín y los productos horneados de alta calidad a los clientes del norte de Dallas, informó la compañía por medio de un comunicado.

Esta es la tienda número 73 en todo el mundo y la segunda en los Estados Unidos, cuya panadería ofrece una amplia variedad de productos recién horneados, incluidos panes especiales, pasteles dulces y salados y tortas que satisfacen diversos paladares y preferencias, complementados con el café de especialidad de la casa.

“San Martín obtiene granos de las mejores fincas de Guatemala y los prueba y tuesta de manera experta para encontrar el perfil de tueste óptimo para resaltar sabores y aromas únicos. La mezcla exclusiva se utiliza en todas las bebidas de café que se sirven y hay bolsas de granos enteros disponibles para llevar a casa”, se indica.

Para degustar en el lugar

Además, el área de restaurante ofrece un servicio completo con un menú robusto para el desayuno, el almuerzo y la cena, que incluye Chiliaquiles con Cochinita Pibil; el menú salvadoreño; huevos motuleños; el chivito uruguayo; la hamburguesa Centenaria; y pan dulce tradicional.

“Estamos felices de finalmente traer San Martín a Addison y expandir nuestra presencia en el vibrante mercado de Dallas-Fort Worth. Hemos estado en el área de Uptown durante los últimos 6 años y nos ha encantado conectarnos con nuestros vecinos. A medida que DFW continúa expandiéndose y creciendo rápidamente, estamos entusiasmados por el crecimiento y poder servir a una nueva parte de la ciudad con una segunda ubicación. Reconocemos que Addison sirve como una comunidad híbrida para los residentes y los profesionales que trabajan y damos la bienvenida a la oportunidad de que San Martín sea un destino para todos”, expresó Santiago Castillo, de San Martín.

Ubicación privilegiada

Rodeado de una vibrante comunidad de negocios, el nuevo san Martín está estratégicamente ubicado en la encrucijada de las principales autopistas y carreteras, lo que ofrece un lugar de aterrizaje para los viajeros de DFW o un favorito del vecindario para los lugareños de Addison. Además de un servicio completo de restaurante y una panadería y mercado con capacidad de compras, San Martín Addison ofrecerá almuerzos corporativos, catering para oficinas y pedidos para recoger con anticipación.

“Con 6 mil 600 pies cuadrados y un interior más moderno, San Martín Addison representa la madurez de la corporación que ha crecido en los últimos 50 años, al tiempo que se mezcla con la herencia de la cultura guatemalteca. Inspirándose en la rica tradición textil y artesanal de Guatemala, las decoraciones muestran con orgullo la rica cultura guatemalteca a través de la fusión del patrimonio y la estética contemporánea”, detalla la información oficial.

Acerca de San Martín Bakery & Restaurant

Fundada como una pequeña panadería de barrio en la ciudad de Guatemala en 1974 y con la visión de abrazar la vibrante cultura nacional, San Martín es una panadería y restaurante de servicio completo que ofrece desayunos, almuerzos y cenas.

Con 73 tiendas distribuidas en Guatemala y El Salvador y 2 ubicadas en los Estados Unidos dentro de DFW, San Martín se enfoca continuamente en ofrecer productos de gran calidad, desde panes artesanales, pasteles y comida de café, hasta opciones para almuerzos y cenas.

Fundada en un compromiso con la calidad y la autenticidad, San Martín Bakery deleita a los clientes con una amplia selección de productos horneados elaborados diariamente con los mejores ingredientes.

Presupuesto 2024

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Moody’s ve positiva la aprobación de la ampliación presupuestaria, pero a nivel local aún hay dudas

“El Gobierno logra una victoria legislativa clave con la ampliación del presupuesto para hacer frente a las carencias económicas”, indica el comunicado firmado por Moody´s Ratings.

Rosa María Bolaños y Estuardo Gasparico

21 de agosto de 2024

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La ampliación presupuestaria por casi Q14 mil 500 millones para 2024 fue aprobada en la primera quincena de agosto por el Congreso. (Foto, Prensa Libre: Juan Diego González).

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) dio a conocer ayer que la agencia calificadora de riesgo Moody´s emitió un comunicado con sus apreciaciones sobre la reciente aprobación del decreto 16-2024, Ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2024, por un monto de Q14 mil 451 millones 700 mil 391.

“El 14 de agosto, el Congreso de Guatemala (Ba1 estable) aprobó una medida para ampliar el pre- supuesto del gobierno para el año en curso por cerca de Q14.5 mil millones (o 1.6% del PIB). La ampliación contribuirá a hacer frente a las antiguas carencias en materia de infraestructuras y desarrollo social, y potencialmente impulsará ligeramente el crecimiento. El Gobierno de Arévalo buscó la ampliación para complementar el presupuesto actual, prorrogado desde 2023 después de que el Tribunal Constitucional suspendió en enero el presupuesto propuesto para 2024”, comienza el documento.

Luego indica que, desde el punto de vista político, la aprobación de la ley es una de las primeras victorias importantes del nuevo Gobierno de Arévalo (sic) tras meses de estancamiento en la legislatura, y podría crear un impulso para que el gobierno promueva reformas. “La ampliación del presupuesto es crédito positivo ya que busca mejorar la fortaleza económica de Guatemala y podría allanar el camino para que el Gobierno prosiga su agenda de reformas dirigidas a fortalecer las debilidades institucionales y de gobernanza”.

En otro párrafo se señala que “no esperamos que las métricas fiscales de Guatemala conduzcan a un deterioro del perfil crediticio. El nuevo presupuesto para 2024 permite un déficit máximo del 2.4% del PIB (producto interno bruto), en línea con las recomendaciones del FMI (Fondo Monetario Internacional) para déficits temporales del 2%-3% para abordar brechas críticas de desarrollo”.

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Además, detalla que en junio, la balanza fiscal arrojaba un superávit, dado el aumento de los ingresos y la disminución de los gastos en un 5% interanual (el gasto en bienes y servicios disminuyó un 31% y los gastos de capital un 24%). “Es probable que la balanza pase a ser deficitaria a medida que el gasto aumente en el se gundo semestre, de acuerdo con la tendencia histórica. No obstante, el Gobierno dispone de un importante margen presupuestario, dado el descenso de la carga de la deuda, que era del 27.2 % del PIB a finales de 2023, por debajo del 29% del año anterior. Incluso con una política fiscal más expansiva en los próximos años, el escenario de referencia del Gobierno es que la carga de la deuda aumente, pero se mantenga por debajo del 30% del PIB”.

Por último, y en un tono más político, señala que “la aprobación del presupuesto ampliado refleja un quiebre en el atasco legislativo, y podría potencialmente allanar el camino a las prioridades de reforma del Gobierno en los ámbitos de la competencia, alianzas público-privadas, inversión pública y leyes anticorrupción mientras se prepara en septiembre el presupuesto para 2025”.

Dudas sin resolver

Consultado al respecto, Paul Boteo, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, dijo que la firma tiene razón en algunos comentarios, pero que también en el país han surgido dudas respecto a algunos rubros aprobados.  

Según expuso Boteo, Moody´s está en lo cierto sobre que el déficit fiscal no va a aumentar de una forma tan alarmante debido a que en el presupuesto vigente el monto de recaudación tributaria estaba subsestimada, ya que se calculan ingresos fiscales por alrededor de  Q86 mil millones, pero en la realidad se van a superar los Q100 mil millones, y precisamente esa es la fuente que se está usando para esta ampliación presupuestaria.

También indica que la firma emite una valoración de “victoria” del Organismo Ejecutivo en el Congreso, pero en este caso, “es necesario hacer un matiz de que si bien fue una victoria política, muy probablemente estamos viendo algo coyuntural, pues se conoció que había presiones de alcaldes municipales y diputados distritales, independientemente del partido político, quienes apoyaron la readecuación”.

No obstante, refiere que la ampliación contempla gastos y aspectos positivos como el remozamiento de 10 mil escuelas, porque a esa infraestructura no se le había dado mantenimiento, aparte de que mejora el destino de fondos para infraestructura, programas sociales y ampliaciones a clases pasivas.

Sin embargo expuso que  el tema más controversial es la ampliación en los Consejos de Desarrollo y ciertos programa del Ministerio de Agricultura, que han generado una percepción de que esa fue la moneda de cambio para poder obtener respaldo del Congreso.

“Siempre se han visto con sospecha (las ampliaciones) porque en el pasado han sido utilizadas de una forma no transparente y han sido cuestionadas”. Por eso, sugirió fiscalización y garantizar que no van a ser ´bolsones de corrupción´.

“Si no se rinde cuentas de esta ampliación presupuestaria, el costo político para el gobierno va a ser alto porque se percibiría que al final, estaba usando las viejas prácticas del pasado, lo cual sería muy mal visto y tendría una reducción en el índice de aprobación actual”, expresó Boteo, al añadir que Moody´s no hace valoración en la opinión que emitió, respecto a esa moneda de cambio que se usó para poder aprobar la ampliación.

Por aparte, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) considera cuestionable la ampliación a los presupuestos de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede) y del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (Maga) “por carecer de justificación técnica y ser vulnerable a la corrupción”, según dio a conocer en un boletín.

Entre otros datos, la entidad menciona que detectó errores de forma y fondo, como el incremento de Q1 mil 875 millones al aporte extraordinario para los Codedes y la asignación de casi Q1 mil  millones para el Maga, a costa de reducciones en los presupuestos de entidades ejecutoras de gasto social e inversión pública en infraestructura, pues “carecen de sustento técnico y también son vulnerables al abuso y la corrupción”.

Como aspecto positivo de la ampliación, refirió Icefi, se puede mencionar que se avanzó en corregir el cuantioso error de subestimación en la proyección de ingresos tributarios en el presupuesto vigente de 2024, la cual pasa de Q86 mil 247.6 millones, equivalentes a una carga tributaria de 9.9%, a Q99 mil 684.1 millones, equivalente a una carga tributaria de 11.4%.

Sin embargo, considera que es una corrección insuficiente porque tomando en cuenta la recaudación real observada al 31 de julio de 2024, esta cerrará 2024 en Q102 mil 571.5 millones, equivalentes a una carga tributaria de 11.7%, pero persiste un error de subestimación de alrededor de Q2 mil 887.4 millones, equivalentes a 0.3% del PIB.

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Más de 40 mil contribuyentes anularon 4.2 millones de documentos tributarios emitidos a consumidores finales (C/F).

Estuardo Gasparico

10 de julio de 2024

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Más de 40 mil contribuyentes anularon 4.2 millones de documentos tributarios emitidos a consumidores finales (C/F) en el ejercicio fiscal 2023. (Foto Prensa Libre: Freepik)

Como parte de sus actividades normales, muchos contribuyentes realizan anulaciones de documentos tributarios, especialmente facturas emitidas, debido a errores al momento o después de su redacción.

Sin embargo, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) detectó que, en el 2023, 40 mil 20 contribuyentes a nivel nacional anularon hasta 4 millones 270 mil 400 documentos, por un total aproximado de Q2 mil 616.7 millones cuyo impuesto al valor agregado (IVA) se dejó de percibir.

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Así lo informaron ayer en conferencia de prensa el superintendente Marco Livio Díaz y el Intendente de Fiscalización, Óscar Hernández, quienes presentaron la nueva tipología de incumplimiento y destacaron que los con base en el comportamiento de los sectores de comida rápida, combustibles, créditos prendarios, así como alimentos y bebidas, se realizó un cálculo prioritario llamado “efecto impositivo del top 20 de contribuyente priorizados”.

Este representa un monto base anulado que supera los Q242.53 millones de quetzales, por lo cual es de interés fiscal para la SAT. 

Modus operandi

Los funcionarios destacaron que, con la modificación de la legislación en el año 2023, los Documentos Tributarios Electrónicos -DTE- se pueden anular hasta la fecha del vencimiento de la declaración, pero los contribuyentes han anulado facturas hasta 6 meses después de emitidas, lo que arroja diferencias entre lo facturado y lo declarado del impuesto y sin que se presente una declaración de rectificación de la información.

“Con las capacidades de verificación de la Intendencia de Fiscalización, se logró la identificación de días, horas y establecimientos comerciales específicos con mayor cantidad de anulaciones y en cantidades significativas, por lo que se realizarán presencias fiscales en puntos fijos”, afirmaron.

Acciones de la SAT

En vista de lo anterior, el ente recaudador analiza implementar lo siguiente:

• No permitir la anulación de facturas emitidas a Consumidor Final.
• A los contribuyentes que encuadran en cada uno de los escenarios mencionados, conminarlos a regularizar su situación ante la SAT.
• Quienes no tomen acción, serán objeto de acciones de fiscalización verificando el detalle de los cobros realizados en efectivo, con tarjetas de crédito o débito, así como reportes de inventarios, mermas y pérdidas reportadas.
• Los contribuyentes con varios establecimientos activos deben contar con documentación de respaldo, ya que se realizarán presencias Fiscales en días, horas y establecimientos específicos en los que se detecta la mayor cantidad de anulaciones.

Economía

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Cuáles gastos puede el contribuyente deducir y cuáles debe evitar en el cierre anual del ISR

Varios especialistas explican cuáles costos y gastos deben incluirse como deducibles para determinar la ganancia que sí paga impuesto sobre la renta (ISR).

Rosa María Bolaños y Estuardo Gasparico

15 de marzo de 2024

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La legislación del ISR se establecen los gatos deducibles, los que tienen límites y los no deducibles. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

El Impuesto Sobre la Renta (ISR) está incluido en el Libro I de la Ley de Actualización Tributaria -Decreto No. 10-2012- y su objeto es gravar la renta neta (la riqueza obtenida después de deducir los costos y gastos necesarios para producir o conservar la fuente generadora de renta) generada en el territorio guatemalteco.

El especialista Walfred Corado, director de Impuestos y Precios de Transferencia de la firma Expertos Tributarios, S.A., explica que dicho impuesto ha evolucionado en el tiempo después de ser un ISR de característica global en el que todas las rentas obtenidas se liquidaban al finalizar el período, pues actualmente tiene un tipo de imposición cedular, mediante el cual, cada tipo de renta que obtenga el contribuyente tributa conforme las bases de recaudación de cada tipo de cédula o renta.

Es así como el ISR actual tiene tres tipos de renta: actividades lucrativas, rentas de capital y ganancias de capital, y rentas del trabajo; existe otro tipo de renta que es la obtenida por los no residentes y quienes tributan dependiendo de si tienen o no un establecimiento permanente en el país.

El ISR actual también abarca otros temas de tributación internacional y no solo el anterior, sino también residencia, precios de transferencia y normas antielusivas.

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En el régimen de las actividades lucrativas establece dos opciones que los contribuyentes pueden seleccionar:

• Régimen Sobre las Utilidades de Actividades Lucrativas (RUT)
• Régimen Opcional Simplificado sobre Ingresos de Actividades Lucrativas (ROS)

Debido a esa complejidad y para evitar riesgos ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) las empresas o contribuyentes deben conocer la gestión tributaria de dicho impuesto para disminuir los riegos y contingencias (ajustes y multas) ante una fiscalización, ya que es un impuesto que aporta significativamente en la estructura de recaudación: en el 2023 la SAT recaudó Q28 mil 389.9 millones por ese impuesto o un 28.66% de los ingresos brutos, recomienda el experto.

La mayor parte del sector empresarial tributa en el RUT debido a que sus márgenes de utilidad son inferiores al 28% (punto de equilibrio para determinar la opción de elección del RUT o ROS para optimizar su carga fiscal); debido a que en la opción del RUT el ISR se paga sobre una renta imponible (utilidad-pérdida contable (-) rentas exentas (+) costos y gastos no deducibles) y se aplica el tipo impositivo del 25%; es necesario conocer el cierre contable (2023), y por consiguiente la elaboración de los estados financieros, expone Corado.

También se necesita realizar los últimos ajustes contables y fiscales, los cuales servirán de base para establecer la utilidad o pérdida contable, pues son temas relevantes en los departamentos contables, financieros y fiscales de las empresas. De lo contrario, puede existir riesgo de un pago de ISR calculado de forma incorrecta y que trae consigo incumplimiento a dicho impuesto por pagar menos, causando ajustes, multas e intereses a cobrar por parte de la SAT; o bien, el contribuyente pague más y cause o determine pago en exceso, que deberá recuperar a través de solicitud conforme lo estable el código tributario, según advierte el especialista.

Preguntas y respuestas obligadas

Cilia Castellanos, Senior Manager de Impuestos de la firma EY, respondió varias preguntas relacionadas con los gastos deducibles y no deducibles, tomando en cuenta que es en este aspecto donde se corre el mayor riesgo de cometer errores y por tanto, incurrir en infracciones sancionadas por la ley.

¿Qué gastos son No Deducibles del ISR?

La premisa general para que proceda la deducibilidad de un gasto es que el mismo se relacione con el giro de negocio del contribuyente y esté vinculado a la generación de renta gravada por dicho impuesto. Deberá considerarse como no deducible todo gasto que no pueda vincularse directamente a la actividad económica del contribuyente.

Adicionalmente, la Ley de Actualización Tributaria, Decreto 10-2012 del Congreso de la República establece requisitos generales de deducibilidad que deben observarse para documentar y respaldar correctamente los gastos:

1. Que el contribuyente haya cumplido con la obligación de retener y pagar los impuestos respectivos.
2. El gasto debe corresponder al período anual de imposición que se liquida; es decir que sólo gastos efectivamente incurridos en 2023 podrán ser considerados en la declaración anual del ISR cuya presentación vence el 31 de marzo de 2024.
3. Para contribuyentes obligados a llevar contabilidad completa, el gasto debe estar debidamente contabilizado.
4. En el caso de los sueldos y salarios, quienes los perciban deben figurar en la planilla de las contribuciones a la seguridad social presentada al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, cuando proceda.
5. El contribuyente debe contar con los documentos y medios de respaldo que correspondan a cada gasto, según sea el caso:
6. Facturas debidamente autorizadas por la Administración Tributaria.
7. Facturas o documentos emitidos en el exterior.
8. Testimonio de escrituras públicas autorizadas por notario o los contratos privados protocolizados.
9. Recibos de caja o notas de débito, en el caso de los gastos que cobran las entidades vigiladas e inspeccionadas por la Superintendencia de Bancos (SIB).
10. Planillas presentadas al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y los recibos que éste extienda, libros de salarios, planillas, en los casos de sueldos, salarios o prestaciones laborales, según corresponda.
11. Declaraciones aduaneras de importación con la constancia autorizada de pago, en el caso de importaciones.
12. Facturas especiales autorizadas por la Administración Tributaria.
13. Otros que haya autorizado la SAT.
14. Bancarización: El artículo 20 del Decreto 20-2006, establece que los pagos que realicen los contribuyentes para respaldar costos y gastos deducibles o constituyan créditos fiscales y demás egresos con efectos tributarios mayores de Q30 mil, deben realizarse por cualquier medio que faciliten los bancos del sistema, distinto al dinero en efectivo o bien,  deberán ser documentados mediante escritura pública. 

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¿Qué gastos deducibles necesitan atención especial o cumplir con normativas o requerimientos específicos para que sí sean aceptados como deducibles?

El artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria establece requisitos específicos para la deducción de determinados gastos. A continuación, se detallan requerimientos especiales respecto a los gastos más recurrentes de los contribuyentes:

• La deducción máxima por sueldos pagados a los socios o consejeros de sociedades civiles y mercantiles, cónyuges, así como a sus parientes dentro de los grados de ley, se limita a un monto total anual del 10% sobre la renta bruta.

• El costo de las mejoras efectuadas por los arrendatarios en edificaciones de inmuebles arrendados debe deducirse durante el plazo del contrato de arrendamiento, en cuotas sucesivas e iguales.

• Las pérdidas por extravío, rotura, daño, evaporación, descomposición o destrucción de los bienes y las producidas por delitos contra el patrimonio cometidos en perjuicio del contribuyente deberán estar adecuadamente soportadas y documentas y registradas en la contabilidad en la fecha en que ocurrió el evento.

• Las cuentas incobrables que se originen exclusivamente de operaciones del giro habitual del negocio y únicamente por operaciones realizadas con sus clientes deberá demostrarse por medio de la presentación de los documentos o registros generados por el sistema de gestión de cobranza administrativa, que acredite los requerimientos de cobro hechos, o de acuerdo con los procedimientos establecidos judicialmente, antes que opere la prescripción de la deuda o que la misma sea calificada de incobrable.

• La deducción máxima de donaciones a las asociaciones y fundaciones sin fines de lucro, de asistencia o servicio social, a las iglesias, a las entidades y asociaciones de carácter religioso y a los partidos políticos no puede exceder del 5% de la renta bruta, ni de un monto máximo de Q500 mil anuales, en cada período de liquidación definitiva anual.
• En caso de donación en especie, además del porcentaje y monto señalado, la deducción no puede exceder del costo de adquisición, producción o construcción, no amortizado o depreciado, del bien donado, según corresponda a la fecha de su donación. Las donaciones deben registrarse en todos los casos tanto en la contabilidad del donante como en la del donatario.

• Honorarios, comisiones o pagos de gastos deducibles por servicios profesionales, asesoramiento técnico, financiero o de otra: Si son prestados desde el exterior, la deducción total no debe exceder del 5% de la renta bruta y deberán documentarse con informe o dictamen emitido por el profesional.

• Los viáticos comprobables y otorgados para cubrir gastos incurridos que se asignen o paguen a los dueños únicos de empresas, socios, miembros de directorios, consejos u otros organismos directivos y a funcionarios o empleados del contribuyente:

• Viáticos dentro del país deben ser comprobados con las facturas correspondientes emitidas según la legislación nacional. En gastos incurridos fuera del país se deberá demostrar y documentar la salida y entrada a Guatemala, la actividad en la cual se participó y los boletos del medio de transporte utilizado. El monto total de estas deducciones no debe exceder el 3% de la renta bruta.

• Regalías: La deducción no debe exceder del 5% de la renta bruta y debe probarse el derecho de regalía por medio de contrato que establezca el monto y las condiciones de pago al beneficiario.

Es importante que el contribuyente cuente con contratos que respalden sus operaciones entre partes relacionadas y proveedores terceros debido a que la Administración Tributaria suele requerir dichos documentos en procesos de auditoría.

Los contratos provenientes del extranjero que soporten costos y gastos deducibles deben ser legalizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores y traducidos al español bajo juramento por traductor autorizado en la República. Adicionalmente, el artículo 22(4)(d) de la Ley de Actualización Tributaria establece que para que proceda la deducción el contrato privado deberá estar protocolizado por un Notario. Por lo que se recomienda prestar especial atención a estas regulaciones para reducir riesgos en procesos de verificación de la Administración Tributaria.

Respecto a gastos deducibles y no deducibles ¿Qué recomendaciones puede brindar a los contribuyentes para no enfrentar ajustes de la SAT?

En la medida que se observen los requisitos generales y específicos de documentación establecidos en la legislación, un contribuyente no debería de tener dificultades para soportar la deducibilidad de un gasto.

Se recomienda a los contribuyentes establecer procesos internos para la verificación de sus proveedores, creando sistemas que les permitan documentar ante SAT los esfuerzos por realizar operaciones comerciales transparentes y estricto cumplimiento de la legislación tributaria. Es importante apalancarse de las herramientas electrónicas que han sido puesta a disposición por la SAT, como el Verificador Integrado que permite revisar la validez de una factura y el cumplimiento de las obligaciones tributarias del proveedor.

Además, es relevante para estos efectos que los departamentos financieros, contables y legales de una empresa lleven un control del manejo y respaldo de los gastos, creando políticas internas de soporte de los mismos, según su naturaleza y requisitos legales y hacerse acompañar de asesores fiscales con experiencia en la materia para prevenir riesgos o contingencias que pudieran generarse en auditorías o procesos de fiscalización.  

No deducibles

Por aparte, María Andrea González, Socia de Impuestos de Deloitte Guatemala, reitera que entre los principales gastos no deducibles que establece la ley mencionada se pueden enumerar los siguientes:

• Gastos que no son útiles o necesarios para producir o conservar la fuente productora de rentas gravadas por el ISR;
• Gastos que no corresponden al período anual de imposición que se liquida;
• Gastos sin la documentación de soporte legal correspondiente; y
• Gastos para los cuales el titular de la deducción no haya cumplido con la obligación de efectuar la retención del ISR, así como aquellos que excedan los porcentajes máximos deducibles establecidos en la ley. 

Recomienda realizar una revisión de todos los costos y gastos que presentan los estados financieros del contribuyente para validar su deducibilidad conforme a su naturaleza, relación con el negocio, documentación de soporte y cumplimiento de montos máximos deducibles.

En resumen

Gastos con límites para para ser deducibles:

• Viáticos hasta el 3% de la renta bruta
• Honorarios o asesoramientos prestados desde el exterior hasta el 5% de la renta bruta
• Regalías hasta el 5% de la renta bruta
• Donaciones hasta el 5% de la renta bruta y que no superen Q500 mil anuales
• Sueldos a socios hasta el 10% de la renta bruta
• Depreciaciones que no superen los porcentajes anuales máximos de depreciación, y otros.
• Cumplir con los demás requisitos que establece la Ley de Actualización Tributaria para cada categoría de gasto deducible y contar con su documentación de soporte correspondiente. 

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Congreso de El Salvador desgrava el ingreso de capitales y en Guatemala llaman a imitar la medida

Actualmente, en El Salvador las inversiones extranjeras pagan 30% de impuesto sobre la renta (ISR), lo que fue derogado para atraer recursos frescos al país, según congresistas.

Rosa María Bolaños, Estuardo Gasparico y Agencia AFP

14 de marzo de 2024

|

05:00h

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La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas al ISR esta semana. (Foto, Prensa Libre: @AsambleaSV).

El martes pasado, el Congreso de El Salvador reformó una ley para eliminar el cobro de impuestos a las transferencias de capital desde el exterior, incluidas las remesas, a fin de incentivar la inversión.

“Hemos reformado la Ley de Impuesto sobre la Renta (ISR) para eliminar esa barrera que limitaba a los inversionistas (internacionales) inyectar capital a El Salvador”, aseguró el presidente del Congreso, Ernesto Castro.

La reforma fue aprobada con los votos de 69 de los 84 diputados del Congreso unicameral, dominado por aliados del presidente Nayib Bukele, quien en su cuenta de X comentó que con la reforma se está “bajando la tasa del 30% al 0%” a cualquier capital o transferencias de dinero proveniente del extranjero.

El diputado del partido oficialista Nuevas Ideas, William Soriano, señaló que la normativa beneficiará a personas naturales o jurídicas que inyecten dinero en la economía del país  para inversión o capital de trabajo.

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También queda libre del cobro de impuestos el envío de remesas familiares que efectúan desde el exterior unos tres millones de salvadoreños emigrados, residentes principalmente en Estados Unidos, las que sumaron US$8 mil 181 millones en 2023, cerca del 26% del producto interno bruto (PIB), según cifras oficiales.

Actualmente, la ley del ISR establece que los ingresos iguales o mayores a US$150 mil tienen que pagar el 30% como gravamen.  

A favor y en contra

La diputada salvadoreña Claudia Ortiz señaló que si bien la medida aprobada por la Asamblea busca atraer inversión, denota improvisación en materia económica y fiscal “y es un intento de atraer más dinero a la economía, de manera que haya más depósitos en los bancos”.

Pero la congresista Suecy Callejas refutó que “los inversionistas podrán inyectar ese capital directamente a la economía en El Salvador y cuando un salvadoreño en el exterior quiera volver al territorio nacional, su dinero no pagará impuestos”, expuso.

 “Es para atraer la inversión de nuestra propia gente, de la gente que tuvo que salir de nuestro país”, dijo la diputada Ana Figueroa.  

Información y postura que se dieron a conocer por la agencia AFP, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.  

En Guatemala: “Hay que incentivar la inversión”

Respecto a los cambios al ISR en El Salvador, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), expresó que se observa que dicho país tiene problemas estructurales respecto a garantías civiles, pero está generando un mejor clima de atracción de capitales que le permitirá aumentar su inversión extranjera directa.

Agrega que no se redujo el ISR solo a las inversiones y precios de transferencia, sino también a otros como la infraestructura, el capital humano y las remesas, además de la promoción que ha tenido ese país sobre la reducción de la tasa de homicidios.

“Estas modificaciones se suman a una serie de acciones que El Salvador está haciendo para ser más atractivo, y lo que necesitamos en Guatemala es que el Congreso de la República se enfoque en leyes que podrían aumentar la inversión” como la ley general de la infraestructura vial, las reformas a la ley de Anadie para impulsar inversiones público-privadas e incentivos fiscales a la inversión extranjera, aprovechando el nearshoring.

“Esto es un llamado al Congreso para enfocarse en temas que promuevan la inversión y no que la vayan a ahuyentar, como esas leyes que hemos visto de Prodeco o la de etiquetado que incluyen impuestos”.

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Consultados sobre si las leyes aprobadas en otras legislaturas ya se están reflejando en atracción de capitales, Zapata dijo que esa legislación es parte de las reformas económicas que el país ha tenido “pero lo que pasa es que venimos muy rezagados, especialmente en infraestructura, que incluye carreteras, puertos y aeropuertos”.

Economistas dudan sobre efectividad

La Asamblea Legislativa aprobó incluir exclusiones de instrumentos de la aplicación de dicho impuesto. Sin embargo economistas señalan que estas ya existían, y no han generado resultados, según información divulgada por los medios locales en El Salvador.

La Asamblea Legislativa aprobó el martes reformas a la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR) para incorporar instrumentos financieros a las exclusiones de dicho impuesto, con la idea de facilitar la llegada al país de capital que pueda inyectarse y dinamizar la economía.

Así lo justificaron los partidos del oficialismo en la Asamblea, aunque las explicaciones sobre los grandes detalles de la reforma no fueron abordados ni en la comisión de hacienda, el pasado lunes, ni en el pleno, ayer.

El pasado lunes, los diputados de Nuevas Ideas aseguraron que la reforma estaba orientada a excluir a las remesas del pago del ISR. El martes, el presidente del órgano Legislativo, Ernesto Castro (Nuevas Ideas) esgrimió otro argumento y dijo que era para eliminar barreras para la inversión extranjera.

“Hicieron que el capital que saliera del país no pagara impuestos, pero que el que entrara pagara el 30% sobre la renta. Está de más explicar por qué lo hicieron. Se blindaron para que cualquier inversión extranjera, que la veían como competencia, fuera cara para poder competir con el grupo que monopolizaba”, indicó Castro, quien intentó ejemplificar lo anterior con la privatización de los bancos, ocurrida en la década de los noventas.

Pese a lo anterior, tres economistas coincidieron en varios puntos sobre la reforma, y en considerar que la misma tiene largo camino por recorrer si pretende ser efectiva, y que incorpora como instrumentos excluidos a elementos que ya viven dicha situación, se añadió.

Además, matizaron el argumento de Ernesto Castro y lo calificaron de “eufemismo”, ya que indicaron que cada país del mundo cobra impuesto sobre la renta a ingresos de capital, se explica en La Prensa Gráfica.

“Después de la crisis mundial de 2008-2009, las economías desarrolladas se dan cuenta que se requieren una gran cantidad de recursos para apuntalar las economías locales, economías gigantes”, indicó Rommel Rodríguez, coordinador del área de macroeconomía y desarrollo de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE).

 “En ese contexto, empiezan a tratar las rentas de capital de manera equitativa en todos los países, o sino el capital va andar bailando de un lado a otro. El argumento que da el presidente de la Asamblea se limita muy exclusivamente al caso local y no ve el contexto internacional”, agregó.

Rodríguez también explicó que la tributación de capitales es importante para evitar la inestabilidad en el flujo de capitales.

“La libre movilidad de capitales, sin tratamiento tributario mesurado, puede generar un flujo de recursos muy rápido que se le llama ‘hot money’ (dinero caliente), que hace que las economías se desestabilicen. Si hubiera libre movilidad absoluta, sin tributación, un capital estaría aquí ahora, la otra semana allá, de ahí se pasan para acá”, apuntó.

Luego, más a fondo en cuanto al contenido de la reforma, la economista Tatiana Marroquín indicó que la reforma no es novedosa en relación a políticas de atracción de inversiones aplicadas por ARENA y el FMLN durante sus gobiernos.

Tanto ARENA como el FMLN aprobaron marcos de atracción de inversiones a través de exenciones de impuestos sin mayor resultado, ni en la atracción de inversiones, ni en el crecimiento económico, ni en el empleo. Entonces no solo es una receta vieja, es una receta que ha demostrado ser ineficaz”, apuntó Marroquín.

 Aunado a lo anterior, Marroquín señaló que la reforma cumple con criterios para ser considerada de carácter “regresiva”: “Debilita los ingresos por impuestos progresivos, es decir, los impuestos que hacen que los que tienen más paguen más. El 2022 y 2023 se insistió en la necesidad de reducir el IVA de alimentos, por ejemplo, y el gobierno no quiso; ahora le quita impuestos a la gran empresa y a los movimientos de capital, que no beneficia de forma directa a la mayoría de la población”, explicó.

Uno de los puntos grises de la reforma es que la misma no fue aprobada teniendo a la vista datos sobre cuánto dejará de percibir el país con las exclusiones aprobadas, que incluyen operaciones como obtención de créditos, fondos de custodia, repatriación de capital, rentas provenientes de títulos valores, remesas u otros.

Sin embargo, el economista Rafael Lemus señaló que ahí también hay un pero: “ya en día, sin esta reforma, si usted trae capital, no paga; si trae remesas, no paga ISR”. “Es un efecto bien relativo: con o sin reforma, el impuesto es igual. Ahí tengo mis dudas sobre esto”, sentenció.

Con información de AFP, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.

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La presidenta del BCIE anuncia la reestructuración de su cartera y otras decisiones inmediatas

Gisela Sánchez, en una entrevista al medio Redacción Regional, afirma que se agotó el cupo de crédito para El Salvador y Nicaragua y que el destino de los préstamos se diversificará.

Estuardo Gasparico

8 de marzo de 2024

|

20:02h

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Al cierre de 2023 Guatemala tenía en ejecución proyectos de infraestructura, salud y el sector justicia por US$696 millones con créditos del BCIE. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

La recién nombrada presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Gisela Sánchez, fue enfática: su gestión se basa en la transparencia y el combate a la corrupción. Incluso, adelanta que ya ordenó una investigación que abarca diez años o más para verificar qué se hizo mal en el banco.

Lo anterior, fue parte de sus respuestas a una entrevista del medio Redacción Regional, en la que también declara que “El Salvador y Nicaragua ya superaron los límites de los créditos que pueden recibir, aparte de que los apoyos a estos países se deben frenar para lograr una cartera más diversificada y balanceada”.

Fuertes cuestionamientos

Durante la entrevista mencionada, se hizo referencia a “El Banco de los Dictadores”, una investigación  que habría revelado “cómo el banco creado para llevar desarrollo a la región se convirtió en una caja chica para los regímenes de turno, potenció la corrupción y proyectos hidroeléctricos que generaron exclusión y violencia para poblaciones vulnerables”.

También se habría evidenciado la participación del banco en el caso Odebrecht en Guatemala.

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A la pregunta de Redacción Regional: Al BCIE lo llamamos el Banco de los Dictadores por apoyar a gobiernos con un fuerte desdén al fortalecimiento democrático por encima del resto de países. Hablamos de Nicaragua, El Salvador y Honduras en la era de Juan Orlando Hernández. ¿Usted está de acuerdo con los señalamientos hacia el banco? Sánchez responde: “Más que estar de acuerdo o en desacuerdo, debo enfocarme en el presente y en el futuro. Y sí tengo una lectura muy crítica de las cosas que hemos estado haciendo hacia atrás, con el espíritu de poderlo mejorar y fortalecer. Es un hecho que tenemos en este momento un nivel mayor de concentración de la cartera, siendo El Salvador y Nicaragua los países que más reciben fondos.

Mi objetivo es que tengamos una cartera más diversificada. Más allá de poder dar explicaciones, porque para eso creo que el expresidente del banco pudiera explicar las razones por las que se dio esta concentración de la cartera, sí tengo un compromiso de buscar una mayor diversificación”.

Luego expuso que  en la cartera de préstamos tenemos una concentración un poco superior al 25% en El Salvador, seguido de Nicaragua (un 22%); un tercer lugar Honduras (con un 17%); después Costa Rica (con un 10%) y Guatemala (con un 5%).

“Son los datos al cierre de 2023. Y luego, en los países no centroamericanos, tenemos a Argentina con un 5.8%, Dominicana (5.6%); Panamá (4.6%); Colombia (2.4%) y luego Belice con un 0.1%”, enumera Sánchez.

Concluye el tema indicando que su objetivo es proteger los límites de exposición por país, diversificar la cartera, hacer más eficientes los gastos del banco y poder trasladar los beneficios a los países que el banco sirve.

“Tenemos una política de dos límites: uno suave y uno duro que no deben traspasarse, así como un plan de acción para retomar esos límites y asegurarnos la diversificación de la cartera”.

Despido inmediato

Gisela Sánchez también afirmó que una de las primeras decisiones de su administración fue separar de su cargo como asesora del director de país de Guatemala, a Ana Marcela Giammattei, hija del expresidente Alejandro Giammattei, quien tenía un salario de US$5 mil (según reveló el medio Vox Populi).

“El BCIE la separó de su cargo luego que el Departamento de Estado (de Estados Unidos) decretara, el 17 de enero, que su padre es inelegible para entrar a Estados Unidos por su participación en corrupción significativa. La sanción también la declara inelegible para ingresar al país norteamericano”.

Rennie Valladares Alcerro, jefe de la Oficina de Integridad y Cumplimiento del banco, complementa la información, explicando que “es un caso que responde a un lineamiento que el banco adoptó por unanimidad del directorio: una nueva política de lavado de activos que incluye un apartado de sanciones internacionales. Esa política lo que llama es a aislar los riesgos de las personas que han sido sancionadas o mencionadas por organismos sancionadores”.

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Responsabilidad tributaria de una persona jurídica en Guatemala puede llegar hasta penas de cárcel

El riesgo tributario deviene de la posibilidad que los contribuyentes no cumplan con sus obligaciones y sean sancionados conforme a lo establecido en las leyes vigentes.

Estuardo Gasparico

16 de febrero de 2024

|

05:00h

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Con el programa de Cumplimiento Tributario una empresa puede monitorearse los riesgos asociados al incumplimiento, refiere el experto. (Foto, Prensa Libre: Freepik).

Ante los avances económicos y tecnológicos en una era de la Inteligencia Artificial (IA) las administraciones tributarias han invertido en equipo y herramientas tecnológicas que les ayuden a mejorar su labor de control, fiscalización y recaudación de impuestos.

Es así como la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) mediante IA y la gobernanza fiscal de datos realiza monitoreos para analizar el riesgo tributario de los contribuyentes y ejercer las facultades que le confiere el Código Tributario para sancionar a los obligados tributarios que incumplan con el pago de los impuestos en forma y tiempo.

Es entonces cuando un Programa de Cumplimiento Tributario asiste a la empresa a prevenir riesgos, de manera que exista la certeza razonable de cumplir con lo que establecen las normas, previniendo los riesgos relacionados y evitando el litigio que puede conllevar a un conflicto de naturaleza administrativa o penal tributaria.

Dado lo anterior, mediante Programa de Cumplimiento Tributario pueden monitorearse los riesgos asociados al incumplimiento de una forma que pueda considerarse dolosa y puede servir como elemento de prueba de la voluntad del cumplimiento por parte de la empresa (la sociedad o persona jurídica) para atenuar o eximir la sanción derivada de un proceso penal tributario.

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Qué dice la ley

En otros países, como lo es el modelo español conforme al artículo 31 bis del código penal, está regulada la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica, así como las formas de exención y la atenuación de la pena.

En nuestro caso (Guatemala), con la reforma al artículo 38 del código penal mediante el Decreto No. 31-2012 y vigente a partir del 30 de noviembre de 2012, se legisló la figura de la responsabilidad penal de la persona jurídica, misma que está enfocada en sancionar a la persona jurídica indicando que se tendrá como responsable de los delitos respectivos a directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores, funcionarios o empleados de ellas que hubieren intervenido en un hecho delictivo sin cuya participación no se hubiere realizado el mismo. 

Concretando que en cuanto a la persona jurídica como tal, será responsable en los casos que con la autorización o anuencia, participen los elementos del personal citados, y en caso de que la persona jurídica resulte responsable y no tenga señalada una pena, se sancionará con multa de US$10 mil hasta US$625 mil o su equivalente en moneda nacional, lo que se determinará de acuerdo con la capacidad económica de la persona jurídica siempre tomando en cuenta las circunstancias en que se cometió el delito. Si es reincidente, se ordenará la cancelación definitiva de su personería jurídica. 

Dado lo anterior, nos hacemos la pregunta de si una omisión de control y supervisión se refiere a “omisión de deber de cuidado y los programas de cumplimiento”; pues bien, al respecto existe una sentencia relacionada con actos de corrupción en el que la jueza contralora del caso, resolvió que “las medidas de no repetición”, tendrán por objeto que el delito no vuelva a ocurrir, así como superar las causas estructurales que facilitaron o permitieron la consecución del ilícito.

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En virtud de que dichos actos se dieron con la participación de una entidad jurídica contratista del Estado, la empresa a la cual los condenados tienen participación deberán impulsar medidas de carácter preventivo, entre ellas:

i.          Un canal de denuncia anónima.

ii.         Un sistema de evaluación de riesgos.

iii.       Desarrollo y aplicación de un programa anticorrupción de ética y cumplimiento.

Dicha sentencia da origen a la discusión local sobre temas relacionados al Compliance, y en materia tributaria no quedaría exenta dicha discusión respecto a que si a la persona jurídica en delitos de defraudación tributaria establecido en el artículo 358 “A” del código penal le sería aplicable esta normativa (artículo 38 del código penal de Guatemala), pues los demás delitos contra el régimen tributario establecido en los artículos 358 “B”, “C” y “D” ya contienen una sanción a la persona jurídica, y de acuerdo con el último párrafo del artículo 38 citado, no le aplicaría porque ya hay una pena relacionada a dicha responsabilidad.

En todo caso, la responsabilidad penal de la persona jurídica ya es una realidad en Guatemala y las sanciones son considerables. Además, la posibilidad de ser objeto de varias sanciones, unas principales y otras accesorias, también es un riesgo que amenaza a toda sociedad anónima, a su actividad económica (pérdidas financieras) y a su existencia misma (reputación y cierre de la entidad).

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Esto llama a reflexionar y a tomar todas las medidas necesarias para evitar la comisión de delitos tributarios al interior de la sociedad u otros relacionados con el derecho penal y económico de la empresa.

Varias sugerencias

Algunas recomendaciones finales para todo contribuyente y en especial a las personas jurídicas que en el ámbito de sus operaciones de comercio corren riesgos de ser vinculadas a delitos tributarios:

a. Asesoría tributaria adecuada y actualizada con las leyes vigentes y criterios jurisprudenciales en temas de litigio tributario a través de un profesional ético con la debida pericia tributaria, que gestione los impuestos de la empresa (Oficial de Cumplimiento Tributario -interno- o Asesor Tributario -externo-).

b. Estricto control de la toma de decisiones empresariales; documentar mediante los libros de asambleas y reuniones del consejo o del órgano de administración, las decisiones y autorizaciones a los directivos y ejecutivos. Según la ley, hay responsabilidad en todo acto en donde haya autorización o anuencia para los hechos que posteriormente puedan ser perseguidos penalmente.

c. Suficiente documentación de los ingresos y egresos de la empresa, así como de su actividad mercantil y financiera.

d. Programa de Cumplimiento Tributario. Acá recordemos que la responsabilidad penal de la persona jurídica se da por omisión de control o supervisión. Por ende, la forma de reducir el riesgo de un reproche por actividades realizadas por sus representantes, ejecutivos o personal de confianza es precisamente ejercer control. 

e. Un modelo de Plan de Cumplimiento Tributario con medidas idóneas, debería incluir:

• Mapa de Riesgos.
• Evaluación y Medidas de Prevención del Riesgo Tributario.
• Políticas de Compliance Tributario.
• Código Ético Fiscal o Manual de Buenas Prácticas Tributarias.
• Un canal de denuncias y un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas del programa.
• Acciones de monitoreo y control con una adecuada verificación periódica del programa y su eventual modificación (auditoría externa del programa de cumplimiento tributario).

Con información de Walfred Corado, director de Impuestos y Precios de Transferencia. Expertos Tributarios, S.A.