Se titula <em>Retazos de mi vida, </em>publicado en diciembre de 2002. Es una obra autobiográfica de 378 páginas, que  figurará en la <em>Primera Exposición de Libros escritos por Normalistas,</em> cuya inauguración está programada para los primeros días  de enero próximo.

La Constitución Política de la República, la Ley Orgánica del  Ministerio de Educación, el reglamento de esta ley, la Ley de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional, y otras leyes y disposiciones de carácter general,  ponen énfasis, con excelente reiteración, en que  uno de los fines de la educación en Guatemala es la enseñanza y estudio de la Constitución, con el fin de que los ciudadanos la conozcan,  la utilicen para la defensa de los derechos individualmente considerados, colectivamente para los demás,  y contribuyan a que el orden constitucional sea la fuerza pura del desenvolvimiento de la  vida social.

Muchos males del país nacen en el seno de algunos partidos políticos y muy particularmente en cierto tipo de dirigentes nacionales y departamentales, en los que se concentra el poder de las grandes decisiones nacionales, motivo por el que todo intento de  limpiar el  fondo del polvoriento sistema de elecciones y de partidos políticos fracasa.

Bajo la dinámica dirección del  doctor Edgardo  Laparra Segura, presidente de la Fraternidad Normalista (Franor),  un grupo de profesionales   formados  intelectualmente,  en  sus inicios,   en aulas de escuelas e institutos de enseñanza media, está siendo preparada  la  I exposición de libros escritos por egresados de las Escuelas Normales.

La sustitución de la carrera magisterial  impartida en las Escuelas Normales de Guatemala, por un bachillerato con orientación educativa, no solo   perjudica a miles de  estudiantes normalistas y al gremio de educadores sino, en general,  al país, porque constituye un indirecto abandono del  interés oficial por educar a millones de personas hundidas en el analfabetismo,  uno de los grandes baches de la problemática nacional.  Pero, la supresión del magisterio es ilegal. “El Estado —dice el artículo 78 de la Constitución— promoverá la superación económica, social y cultural del magisterio, incluyendo el derecho a la jubilación que haga posible  su dignificación efectiva.  Los derechos del magisterio nacional tienen carácter mínimo e irrenunciables”.  Y el Gobierno no cumple esa obligación suprimiendo las Escuelas Normales y la autonomía de los estudios de pedagogía, para sustituirlos por centros formadores de bachilleres cuyos conocimientos van dirigidos a servir en las esferas de los negocios privados.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala es  la última  y más alta línea de defensa de los intereses de  la población,  frente al comportamiento  permisivo de los  organismos  del Estado.

Con la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, 16 de enero de 1992; Guatemala,  29 de diciembre de 1996;  y  Colombia, el 26 de septiembre de  2016, termina en la América Latina la lucha armada para la toma del poder,  que tuvo su apogeo con la derrota de  los gobiernos militares de Cuba, en 1959, y de Nicaragua, en 1979,  y se abre como esperanza para los pueblos de esta parte del mundo otro tipo de revolución,  ajeno a los cañonazos:   el trabajo político, social y cultural  en favor del  Estado de Derecho.

Cuando el martes el abogado colombiano Iván Velásquez ingresó al salón del Ministerio Público donde rendiría el informe anual del trabajo de  la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, todos los asistentes se pusieron de pie y aplaudieron y aplaudieron y aplaudieron,  como expresión  de solidaridad con el investigador y de gratitud por lo que él y sus colaboradores hacen por  Guatemala.

Hay empresas privadas,  instituciones públicas,  analistas profesionales, y políticos  también, dedicados a examinar  vida, virtudes, defectos, aciertos  y  errores de los gobernantes  en todas partes del mundo, y unas veces concluyen elogiándolos  como a José Mujica, del Uruguay, y Jimmy Carter, de los Estados  Unidos, o terminan denostándolos como  sucede con los gobernantes  de media docena de países latinoamericanos.

Durante muchos años los presidentes latinoamericanos fueron funcionarios  intocables, aunque cometiesen hechos gravemente violatorios de la ley penal. Pero, las cosas han cambiado después de la Segunda Guerra Mundial y la  idea de que  todas las personas somos  iguales ante la ley principió a tornarse en realidad, a partir de la segunda mitad del siglo pasado  —independientemente de los antecedentes legales antiguos—,  dándose  juicios  contra gobernantes en el ejercicio de sus cargos, o cuando ya no eran funcionarios.