Las grandes manifestaciones públicas que estos días dan vida, color y voz a los sentimientos de cientos de miles de guatemaltecos,  deseosos de un cambio en el sistema político del país, deben ser vistas como un renacer del ejercicio de los derechos cívicos.

Los intentos de meter miedo a la población diciéndole que caerá el cielo en pedazos si se diera una correcta y rigurosa aplicación de la ley en los casos de corrupción denunciados por el Ministerio Público y  la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, es un viejo y conocido truco para justificar una eventual implantación del  estado de Sitio y detener los movimientos poblacionales de descontento que podrían generarse en el campo y tocar a las puertas de las grandes ciudades, incluida la capital.

Estos días cuando en el escenario nacional aparecen más funcionarios acusados de cometer  delitos, surgen opiniones según las cuales los medios de comunicación  violan el principio constitucional de presunción de inocencia; pero, una lectura  cuidadosa de las normas legales  puede ilustrar muy bien en cuanto a los alcances y limitaciones de esa presunción  y comprender  que solo obliga a los jueces cuando ya se ha iniciado un proceso penal.

Estos días se ha escrito mucho acerca de este tema; pero, hay varios  elementos del examen  dedicado a la opinión pública, dejados en el tintero y es bueno para el país publicarlos.

La Organización de Estados Americanos (OEA)  tiene  por fines principales promover la paz y apoyar el desarrollo social y económico en  todos los pueblos americanos.

Un estudio de la más sonada serie de derrocamientos de gobernantes latinoamericanos  izquierdistas permite determinar el verdadero origen de las asonadas y los golpes de Estado.

La Venezuela de hoy se parece a la Guatemala de 1954 cercada  entonces por varios  Gobiernos,   abiertamente hostiles unos, disimuladamente los demás;  pero,  todos unidos en un mismo propósito: derrocar al presidente,  instalar un nuevo Gobierno y revertir las políticas públicas aplicadas en años anteriores.  Se parece también a la situación creada en Chile antes del pinochetazo de septiembre de 1973. Y a la de Honduras, en junio de 2009.

En Guatemala y en otros países en vías de desarrollo gravita  un permanente deseo de reformar la Constitución, lo cual choca con grandes intereses políticos, económicos y sociales, al punto de desatar  guerras internas, de palabras unas veces, con bombas  incendiarias  las  demás, o algo parecido a los sucesos de estos días en Venezuela.

Los medios de comunicación lo han condenado ya, afirma, antes de que el tribunal competente dé inicio a su trabajo.

A diferencia de algunos católicos que califican el proceso penal contra el cardenal George Pell como una acción de los enemigos de la Iglesia y empujan duro contra los medios de comunicación social por hacer del caso una abundante fuente de noticias, la Santa Sede ha manifestado un máximo respeto por la justicia de Australia.