La preocupación se incrementa porque los comunitarios amedrentan a las víctimas y sus familias, después de que estas presentan las denuncias ante las autoridades, lo cual ocasiona que la población acepte este tipo de agresiones como normales y no acusen a los victimarios.
Cóbar citó el caso de tres familias que huyeron sin llevarse nada, porque la población amenazaba con lincharlos, lo cual, considera, ha generado temor en los padres que aceptan la entrega de las menores, quienes son abusadas constantemente.
Esta situación se identificó después de la integración de redes de protección de la niñez dentro de las comunidades, donde se involucra a los jóvenes, quienes se quejaron de este tipo de abusos.
El Plan Internacional para Guatemala reportó un aumento en las agresiones sexuales en este departamento, en el que, según sus estadísticas, en el 2008 ocurrieron 20 casos de abuso sexual, en el 2009 se registraron 95, en el 2010 documentaron 177 y en lo que va del 2011 han sido reportados 30.
Según Cóbar, se ha coordinado con el Ministerio Público y la Procuraduría General de la Nación, para que cuando se detecte este tipo de casos, se procese a los victimarios, lo cual ha permitido rescatar a varias niñas que vivían en estas condiciones, aunque no precisó la cantidad.
Pese a que este tipo de situaciones se han identificado y denunciado, la respuesta es lenta, debido a la falta de recursos económicos y humanos en la provincia, aseguró Cóbar.
“Incluso las personas que deben documentar los casos son amenazadas en esas comunidades”, agregó.
Preocupa impunidad
Juan Quiñónez, especialista en adolescencia y juventud del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), señaló que es preocupante la impunidad en los delitos cometidos contra los menores de edad.
De acuerdo con las cifras de Unicef, el 76 por ciento de los casos de violencia contra la niñez, en los que las víctimas son niños o jóvenes, no se investigan.
Quiñónez agregó que aún en los casos que sí se investiga, el 98 por ciento queda en la impunidad.
