“Hemos identificado que los principales abusos y maltratos a los cuales son expuestos los menores de edad son el trabajo infantil, la explotación sexual, la trata de adolescentes, migración y carencia en servicios básicos como educación y salud”, expresó Jennifer Menéndez, integrante de la Red.

Explicó que los municipios más afectados por este fenómeno son San Martín Jilotepeque, Santa Apolonia, El Tejar, Tecpán Guatemala y la cabecera.

Refirió que lo que preocupa es que el índice de abusos contra menores de edad va en aumento, lo cual se debe a las condiciones de pobreza que se viven, en especial en las áreas rurales.

Desprotección

Reina Isabel Maldonado, de la Red, expuso que la desprotección para este sector de la población de Chimaltenango es grave, ya que de cada cien niños, 39 sufren de explotación, pues son obligados a hacer trabajos en los que exponen su vida o bien pueden contraer alguna enfermedad mortal.

“Algunos de los trabajos a los que son expuestos los menores son la extracción de arena y cal, fumigación en cultivos, manipulación de productos químicos en tintorerías y, lo más preocupante, explotación sexual de menores en bares”, indicó Maldonado.

Gladis Janeth Chanchabac, del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia en Conflicto con la Ley Penal, dijo que conocer datos reales de la desprotección que existe en Chimaltenango les permitirá buscar los mecanismos para combatir ese flagelo.

En los primeros 10 meses del año se han superado las cifras de abusos que se cometieron durante el mismo periodo del año pasado, expuso.

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Poco interés

Dana Ariza,   de la fundación Sobrevivientes, expuso que con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas  para la Infancia buscan la creación de oficinas municipales de protección para que esta clase de delitos no se sigan cometiendo.

Refirió que   quieren instalar las sedes en San Martín Jilotepeque, Tecpán Guatemala y  la ciudad de  Chimaltenango, pero que  no ha existido voluntad por parte de las autoridades para impulsarlas.

“Considero que la apertura de estas áreas  apoyaría a los menores para que no se les sigan atropellando sus derechos”, expresó Ariza.

Rosy Álvarez, consultora de esa fundación, dijo que si hubiera apoyo de las autoridades  se podrían implementar  acciones preventivas para disminuir esta clase de explotación,  a la cual cada vez se suman más víctimas.