Mario Felipe, vecino de la cabecera, narró que en abril recién pasado recibió llamadas en las que le exigían Q50 mil, pero al igual que muchos otros pobladores, optó por desconectar el teléfono residencial y cambiar el número de su celular.

También se sabe de algunos comerciantes que prefirieron cerrar sus negocios para evitar ser localizados por los extorsionistas.

Algunos de los damnificados tienen esperanza de que las autoridades tomen acciones para atrapar a los delincuentes, pero otros, como Pedro Ramírez, de la cabecera, no confían en la Policía Nacional Civil (PNC), porque cuando él solicitó auxilio, le dijeron que no se preocupara, pues las llamadas telefónicas provienen de la cárcel Los Jocotes, ubicada en Zacapa.

José Morales, otro vecino, criticó esta actitud de la PNC, pues señaló que aunque sean reos los que hacen las llamadas, estos tienen cómplices en el exterior que se encargan de cobrar los montos o de ejecutar las amenazas.

Gloria Esperanza Monroy, de la ciudad de Chiquimula, contó que varios miembros de su familia han sufrido esta experiencia.

El gobernador, Franklin Moscoso, informó que ya pidió a la Policía local que tome acciones.

El oficial de la PNC Joni López Pérez dijo que saben que está ocurriendo esta situación, pero necesitan que las víctimas denuncien, para poder actuar.