El pasado 14 de marzo, los diputados integrantes del bloque Cabal, Cambio, Vamos y UNE presentaron a Dirección Legislativa una iniciativa de ley para “integrar al sector productivo primario y agropecuario” a un régimen especial de tributación. El proyecto fue enviado a la Comisión de Agricultura y en menos de 20 días, la sala que dirige el congresista Rolando Guzmán Figueroa le dio dictamen favorable con modificaciones.

Entre las consideraciones de la sala de trabajo están que los productos del sector agrícola y de artesanías producidas en Guatemala destinados a supermercado, mercados cantonales, municipales y centros de acopio “podrán solicitar” su inscripción en el Régimen Primario y quedan obligados a pagar un impuesto por el equivalente al uno punto cinco por ciento (1.5%) del importe de sus ventas, en tanto que los exportadores de productos definidos como agrícolas y de artesanías deberán de pagar el dos por ciento (2%) sobre el importe de sus ventas brutas.

A este régimen se unen también las personas que desarrollen actividades de crianza, engorde, desarrollo de producción, faenado, sacrificio, transformación e intermediación de productos pecuario, hidrobiológico y apícola.

Sanción e inscripción

La iniciativa agrega que, quienes incumplan con las obligaciones de tributaciones de impuestos, serán sancionados según lo establecido en el Código Tributario, Código Penal y la Ley contra la Defraudación y el Contrabando Aduaneros.

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El artículo 21contempla todos los requisitos que deberán de cumplir los “nuevos contribuyentes” para inscribirse, actualizarse y ratificarse en el Registro Tributario Unificado. La propuesta que está en tercera lectura para discutirse este 16 de abril en el Congreso da un plazo de tres meses a partir de la aprobación de la norma para que queden inscritos en el régimen.

En contra

El Ministerio de Finanzas Públicas emitió un análisis de la iniciativa. “En la forma en que se encuentra redactada la iniciativa se violentan los principios de: generalidad, certeza jurídica y justicia tributaria”, refirió la cartera, al señalar que todos los guatemaltecos sufragan estos gastos públicos por medio del pago de los impuestos.

Piden que la Superintendencia de Administración Tributaria evalúe la propuesta ya que esta puede “erosionar” los recursos del Estado. Ya que toda la disminución de la recaudación del IVA repercutirá sobre la distribución y coparticipación de los ingresos.

Además, solicitan que previo a su aprobación se adjunten los estudios técnicos y documentación que justifique la propuesta. Así mismo que se evalúe los términos en los que se proponen la exoneración tributaria.

Más análisis

Vendedores de puestos de mercado por el bien de la economía de las familias guatemaltecas presentaron este martes un documento a la presidencia del Congreso. Los vendedores indicaron que la medida planteada en la iniciativa afectaría el bolsillo de quienes asisten a realizar sus compras diarias, ya que esto afectaría el precio final del producto ya que aumentaría.

“Llegará todo más cargo a los puestos en los mercados donde vendemos producto al usuario del día a día y existe riego que la SAT nos obligue a pagar también a nosotros a pagar ese otro impuesto”.

Los inquilinos piden que ese impuesto no se aplique al comprador o consumidor final, tampoco a los inquilinos o arrendatarios de los locales. Piden que se incluya en un artículo que “los grandes productores y comercializadores que están obligados a pagar ese impuesto, no trasladen esa cantidad de dinero a los precios de los productos”.