Enriquecimiento ilícito de funcionarios gana terreno  

En la década de 1990, Augusto Gómez Sosa dejó de trabajar como mecánico empírico y  decidió dedicarse a la política, con lo que el rumbo de su vida comenzó a cambiar de manera significativa, pues fue alcalde de la cabecera de Huehuetenango durante tres períodos consecutivos, tiempo durante el cual, según vecinos, acumuló gran cantidad de bienes.

Movimientos sociales ven con preocupación la indiferencia de la población ante actos de corrupción en municipalidades y el Gobierno. (Foto: Hemeroteca PL)
Movimientos sociales ven con preocupación la indiferencia de la población ante actos de corrupción en municipalidades y el Gobierno. (Foto: Hemeroteca PL)

Su primera aparición en la comuna ocurrió en 1996, cuando fue electo concejal; del 2000 al 2008 cumplió sus primeros dos períodos como alcalde, y del 2012 al 2016 completó su tercera gestión. Llegó al poder con distintos partidos políticos y en las últimas elecciones no logró  la reelección.

De acuerdo con residentes del pueblo, la vida política de Gómez  ha estado bajo el estigma de la corrupción. Los pobladores comentan que para autorizar  condominios exigía   terrenos o casas, y con ello daba  “privilegios” a empresas.

De acuerdo con versiones de líderes comunitarios, la  vida de Gómez  cambió gracias a las acciones ilícitas en las que participaba como alcalde, pues ahora es propietario de  gasolineras y hoteles; y se cree que posee propiedades en México.

Jorge Morales, del Frente Huehueteco contra la Impunidad, considera que la situación económica del exalcalde floreció  de manera acelerada, y que a escala comunitaria se cree que fue por actos de corrupción, aunque  no se tienen evidencias contundentes para demandarlo.

“Estoy tranquilo porque no he actuado al margen de la ley”, respondió al respecto el exjefe edil.

El caso de Gómez  es solo uno de los tantos que se registran en el país, donde alcaldes, diputados y representantes de instituciones de Gobierno se enriquecen de manera ilícita, pero  que por temor o indiferencia, la población no denuncia.

Los  casos más sonados son los de los exjefes ediles de Antigua Guatemala, Sacatepéquez, Édgar Francisco Ruiz Paredes, capturado el 21 de enero último, y Adolfo Vivar, detenido en el  2012, señalados de haber  cometido  actos de corrupción.

Otros casos son los del exjefe edil de Chinautla, Arnoldo Medrano, capturado la semana pasada; y el arraigo contra el Concejo de Xela, encabezado por el exalcalde Jorge Barrientos, por un  faltante de Q4.1 millones en la comuna.

Las autoridades municipales de Quetzaltenango, damandaron al anteriores Concejo por el faltante de Q4.1 millones. (Foto Prensa Libre: María José Longo)

Acto contra la moral

“La corrupción e impunidad que tanto daño ha causado en el sistema político del país erosiona la moral, atenta contra el estado de Derecho y frena el desarrollo de las comunidades”, citó  Carmen Ibarra, del Movimiento Pro Justicia.

“Es un delito que constituye una falta de lesa humanidad, porque se enriquecen con dinero destinado para salud, educación y programas sociales”, sentenció Ibarra.

La activista destacó el trabajo que ha llevado a cabo  la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público, así como el eco de una población que  motivó la renuncia del presidente Otto Pérez Molina y la  vicemandataria Roxana Baldetti, sindicados de dirigir una estructura de defraudación aduanera.

“Los servidores públicos deben tener un cambio de actitud; ellos deben ser probos —honestos— y no corruptos”, refirió Ibarra.

Edie Cux García, asesor legal de Acción Ciudadana, se unió al clamor de la transparencia y opinó que es “importante y trascendental” investigar los casos ilícitos a todos los niveles; instó a la población para que denuncie ese tipo de anomalías.

“El enriquecimiento ilícito es un delito que ha sido ornamental en la ley penal, tal es el caso del exdiputado de Quiché, Mario Rivera —despojado de su inmunidad en el 2015, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito—, y otros casos de alcaldes que no han llegado a la sentencia”, comentó Cux García.

Añadió que los funcionarios deben declarar sus patrimonios antes, durante y después de ejercer una gestión pública.

Lizandro Acuña, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, se refirió específicamente a los alcaldes, quienes, según él, utilizan la autonomía municipal como una  herramienta de protección e impunidad.
“Sin estigmatizar a las comunas, el crimen organizado las utiliza como fuente de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero”, agregó.

Basilio Cordero, exalcalde de Jutiapa, fue  arraigado el 15 de enero,  pues se le investiga por lavado de dinero. (Foto: Hemeroteca PL)

Piden investigación

Tony Pérez, del Movimiento Vos de Quetzaltenango, criticó la deshonestidad de los funcionarios y exigió que se investiguen a varias quetzaltecos por fraude, entre ellos Armando Paniagua, exdirector del Fondo Nacional para la Paz;  Jorge Barrientos, exacalde; Carlos Prado, exconcejal; Leonel Soto y Delia Karina de Paniagua, exdiputados; María Luis Ixtabalán, exdiputada del Parlacén, y Carlos Illescas, exsíndico.

“Es urgente que se investigue el enriquecimiento ilícito, porque vemos que andan en Xela, como se dice comúnmente, como Pedro por su casa, sin que nadie diga o haga algo”, exclamó Pérez.


“Los guatemaltecos somos indiferentes ante estos temas, no tenemos conciencia ciudadana; sin embargo, el año pasado despertamos y debemos seguir firmes”, opinó Osbaldo Ochoa, conocido como el Caminante de Xelajú.

Líderes comunitarios de Sacatepéquez coinciden en que los políticos se han aprovechado de los puestos para reportar obras sobrevaloradas.

Nim Sanik, del Consejo Maya Kakchikel de Chimaltenango, indicó que la corrupción en el departamento es alta: “Las autoridades se aprovechan para agenciarse de millonarias cantidades”.

Elvia Nohemí Pablo Ortiz, quien representa al sindicato de trabajadores de la comuna de El Tejar, Chimaltenango, señaló que durante la administración del anterior alcalde, Manolo Méndez, los recursos de la comuna sirvieron para “engordar” los bolsillos del exjefe edil, ya que la mayoría de los proyectos tenían de fondo un negocio del cual obtenía beneficios.

“Solo en diciembre pasado la Municipalidad debió  recibir unos Q2 millones  por un negocio de selecto —arena—, pero los recursos sirvieron para enriquecer más al jefe edil,  quien junto a sus hijos andan en carros último modelo y con viviendas por todos lados”, señaló.

El exalcalde  de Antigua Guatemala,  Adolfo Vivar, y 10 personas más fueron capturadas en el 2012. (Foto: Hemeroteca PL)

Soporte legal

En la lucha por la transparencia existe la Ley Penal contra el Enriquecimiento Ilícito o Ley Anticorrupción, y tratados internacionales  contra ese flagelo, entre ellos la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Nacionales Unidas contra la Corrupción.

El Código Penal, en el artículo 448 Bis, establece que quien comete delito de enriquecimiento ilícito será sancionado con pena de prisión de cinco a 10 años, multa de Q50 mil a  Q500 mil e inhabilitación especial.