Paro Nacional: Quetzaltecos dan ultimátum para que diputados renuncien

Cansados de tanta corrupción, miles de quetzaltecos se volcaron este miércoles a las calles de Xela para exigir la renuncia de 107 diputados y la del presidente Jimmy Morales.

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A pesar de que las demandas fueron generarles, los quetzaltecos mostraron más repudio por los siete parlamentarios que los representan en el Congreso, a quienes señalan de favorecer la corrupción estatal, pues todos apoyaron las reformas al Código Penal.

 
Los congresistas Eduardo de Mata, José Hernandez, José Conrrado García, Juan Salanic, Nery Samayoa, Pedro Méndez, Rubén Escobar y German Velázquez, este último por el listado nacional, fueron cuestionados por los vecinos que abarrotaron las calles de Xelajú, como una muestra de repudio antes las acciones de los parlamentarios, que según los manifestantes, solo velan por intereses personales.

El malestar de los vecinos llegó al grado que algunos dieron un ultimátum a los congresistas para que renuncien a más tardar el 29 de septiembre próximo, pues de lo contrario serán citados a una audiencia pública en el parque central, donde tendrán que entregar cuentas al pueblo que los llevó al Congreso.
 
Organizadores de la marcha calculan que unas 50 mil personas participaron en esta, una cifra sin precedentes, con la cual se demuestra la desaprobación hacia los políticos tradicionales, que en este caso son señalados de blindarse contra cualquier investigación relacionada con financiamientos ilegales.
 
El clamor popular porque Guatemala cambie de rumbo reunió a líderes comunitarios, universitarios y familias completas que con pitos, rótulos y banderas hicieron valer su derecho de manifestar de forma pacífica. Sin importar de quién se trataba, el objetivo era mismo, guiar al país hacia un mejor futuro con un congreso depurado y un organismo Ejecutivo responsable que vele por el bien común.

Sectores exigen una reforma a la Ley Electorales y de Partidos Políticos para evitar la reelección de los diputados, pues eso ha fomentado la corrupción en el Congreso.
 
Además algunos vecinos sugieren llevar a cabo una Asamblea Nacional Constituyente para depurar el Congreso; también, exigen que todo aquel político que cometa actos de corrupción sea condenado a no menos de 25 años de cárcel y que se les despoje de sus bienes, dijo Antonio Pérez, maestro de educación Física.
 
José Barrios, vecino, propone que los diputados titulares ocupen el cargo durante dos años y luego que los suplentes asuman para darle continuidad a los proyectos y evitar que los parlamentarios se perpetúen en el puesto, como ocurre en la actualidad, al hacer referencia de Nery Samayoa, quien cumple su tercer período.  

Con normalidad

La jornada de manifestaciones masivas en el país contra el Gobierno y el Congreso transcurrieron sin sobresaltos en medio de una fiesta cívica.

La Procuraduría de Derechos Humanos calculó que en el país se habían manifestado alrededor de 148 mil personas, unas 80 mil solo en la capital.
 
El llamado a Paro Nacional lo hizo el domingo la Asociación de Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos (Usac) y lo secundaron organizaciones como Justicia Ya -surgida de las protestas de 2015- y otras entidades de la sociedad civil, además de indígenas y otros sectores.
 
El lunes, la Usac se sumó pero no quiso llamarle “Paro Nacional” a la actividad y, en cambio, la nombró “caminata pacífica” y “movilización masiva”.
 
Otras universidades privadas, como la Rafael Landívar o del Valle, se sumaron al paro cerrando sus sedes educativas y permitiendo así a sus estudiantes y personal administrativo el derecho a manifestar, pero el sector empresarial organizado no se comprometió a detener sus actividades.

El portavoz del Ministerio de Gobernación, Rodolfo Celada, apuntó que, según la estrategia de la Policía Nacional Civil, “mil 400 agentes participaron en el esquema de seguridad de la manifestación”.
 
El paro nacional detonó tras varios días de crisis que siguieron a la orden del presidente de expulsar del país al exmagistrado colombiano Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.
 
La Fiscalía y la Cicig habían pedido quitar los fueros a Morales para investigarlo por supuestas irregularidades en los aportes de su campaña.
 
Aunque la expulsión de Velásquez fue frenada por la Corte de Constitucionalidad, el intento provocó una ola de críticas y protestas contra Morales, debido a que el exmagistrado colombiano es una de las figuras claves en la lucha contra la corrupción en el país.

El descontento popular aumentó la semana pasada cuando el Congreso votó en contra de la petición de retiro de inmunidad, salvando a Morales de enfrentar a la justicia.
 
Además, los congresistas aprobaron polémicas reformas al Código Penal, que buscaban blindar a los líderes políticos de posibles acusaciones por financiamiento ilegal. Ante la presión, el Congreso dio marcha atrás con los cambios penales y prometió conocer nuevamente el proceso contra Morales este jueves.
 
Durante el paro, un grupo de activistas presentó una solicitud en la Corte Suprema de Justicia para retirar los fueros a 107 congresistas que intentaron modificar el Código Penal, para que sean juzgados por delitos de obstrucción a la justicia y resoluciones que violan la Constitución.

Con información de María José Longo, Carlos Ventura, Fred Rivera, Raúl Juárez, AFP y EFE