La seguridad del municipio está a cargo de la PNC en Chicamán y Sacapulas, mientras que el Juzgado de Paz fue de trasladado a Santa Cruz del Quiché y los casos penales los lleva el Juzgado de Primera Instancia Penal de Nebaj.
Pobladores citados por algún asunto judicial deben viajar a la cabecera, a 68 kilómetros, o a Chicamán y Sacapulas.
Un informe de la Comisión Departamental de Seguridad, del 2012, detalla que varios grupos empezaron a resolver problemas legales en las comunidades, pero hubo señalamientos de que los fallos eran parcializados. También se hizo distribución de tierras comunales a discreción de algunos líderes comunitarios.
Leonardo Sarat, alcalde en el 2012, señaló que la falta de seguridad propició que las ventas de licor funcionaran sin control, los escándalos en la vía pública aumentaron y se escuchaban disparos en varios sectores.
Ese año las autoridades locales y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) hicieron una consulta en las 50 comunidades de Cunén, de las cuales 35 estaban a favor del regreso de las autoridades policiales y 15 no la aceptaron.
A pesar de los resultados, las comunidades que se oponían presionaron para que no se dieran las condiciones para el regreso de la PNC y el Juzgado, por lo que se abandonó la idea.
Osmundo Oxlaj, secretario de la organización Consejo de Pueblos de Cunén, dice que no están de acuerdo con el regreso de la Policía, porque como autoridades comunitarias han resuelto los problemas que le competen al Juzgado de Paz y los de tipo penal se trasladan a Nebaj.
Si quieren regresar el juez de Paz y el personal del juzgado deben hablar k’iche’, y el mismo requisito sería para los agentes de la PNC, manifestó Oxlaj.
Piden retorno
El alcalde Guadalupe Baten dijo que vecinos han solicitado el regreso de la PNC y del Juzgado de Paz. Las personas que no están de acuerdo son porque quieren seguir manteniendo el poder de decidir con parcialidad en temas legales, señaló.
Estos malos dirigentes están acostumbrados a llevar camiones con personas y obligan a otros vecinos a hacer lo que ellos quieren.
Recordó que semanas atrás un grupo de vecinos rodeo su vivienda porque lo señalaban de actos de corrupción, sin que hubiera una autoridad que lo defendiera. Presenté una denuncia porque hubo intento de violación de una mujer ese día comentó.
“Estos malos dirigentes están acostumbrados a llevar camiones con personas y obligan a otros vecinos a hacer lo que ellos quieren, hay problemas por tala, contrabando de maíz y ninguna de las autoridades se atreve a llegar al municipio por lo que se vive en una anarquía total, si las comunidades no quieren a las autoridades estatales, que le permitan al área urbana que las reciba”, señaló Baten.
Enrique Pérez Ceto, auxiliar de la PDH en Nebaj, manifestó que ve con preocupación la ausencia de las autoridades en Cunén y que se agrava con la denuncia presentada por esa instancia contra el alcalde, por negar información pública, lo que hace más peligrosa la situación en ese municipio.
Proceso detenido
Darwin Fuentes, jefe de la Comisaría de la PNC en Quiché, dijo que vecinos de varias comunidades de Cunén son conocidos por retener a los agentes cuando atienden alguna emergencia. También han retenido a personal del Ministerio Público y representantes de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos.
Recordó que recientemente fue retenido el alcalde de Cunén, durante una manifestación en su contra, en la que se registraron enfrentamientos entre opositores y simpatizantes del alcalde.
Reynabel Samayoa, gobernador de Quiché, indicó que están en pláticas con el jefe edil de Cunén para buscar consensos entre la población y lograr el regreso de la PNC, pero luego de las protestas contra el alcalde el proceso se detuvo.
Ángel Pineda, vocero del Organismo Judicial, informó que por ahora el Juzgado de Paz continuará funcionando en Santa Cruz del Quiché, hasta que se reúnan las condiciones de seguridad para su regreso a Cunén.
