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Rafael Salguero deberá devolver más de US$5.13 millones

La demanda de la FIFA en la justicia federal de Nueva York, EE. UU. para recuperar millones de dólares desviados en sobornos significa un nuevo golpe para los exdirigentes de la Concacaf y Conmebol, procesados en la causa de corrupción, a quienes se les exige ahora incluso devolver sus salarios y otros beneficios.

En su demanda de 22 páginas dada a conocer la FIFA cifra en “por lo menos US$24 millones 224 mil 687 -unos Q187.74 millones- ” el dinero cuya restitución exige en concepto de salarios y otros beneficios obtenidos por los acusados por sus cargos dentro de la organización desde 2004.

La lista incluye uno por uno a casi todos los exdirigentes de la Concacaf y la Conmebol procesados ante la justicia federal de Nueva York y que integraron en algún momento el Comité Ejecutivo de la FIFA u otros cargos en la organización.


Al exdirigente guatemalteco, Rafael Salguero, otro exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, y expresidente de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala, se le reclaman más de US$5.13 millones (más de Q38.47 millones).

Para Eugenio Figueredo, exvicepresidente y exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, expresidente de la Conmebol y de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), el reclamo es de más de US$1 millón (unos Q7.75 millones).

En el caso del brasileño Marco Polo del Nero, expresidente de la CBF y exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, la suma demandada asciende a más de US$1.67 millones (unos Q12.9 millones).

Al colombiano Luis Bedoya, exvicepresidente de la Conmebol y exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA que ya se declaró culpable, se le exigen US$517 mil 843 dólares (unos Q4 millones).

A Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol y exmiembro del Comité Ejecutivo de la FIFA, se le exigen más de US$3.5 millones (unos Q27.1 millones).

Concacaf y Uncaf mal paradas

Los montos son menores para otros exdirigentes de la región, como el hondureño Alfredo Hawit ($230 mil 479), el paraguayo Juan Ángel Napout (US$339 mil 693), el nicaragüense Julio Rocha (US$387 mil 781) y el brasileño José María Marín (US$114 mil 507).

Las cifras son más pequeñas para el resto: Eduardo Li (Costa Rica), US$10 mil 750 dólares; Ariel Alvarado (Panamá), US$33 mil 173; Manuel Burga (Perú), US$32 mil 250; Rafael Callejas (Honduras), US$68 mil 336; Sergio Jadue (Chile),
US$12 mil 587; Brayan Jiménez (Guatemala), $2 mil 000; y Romer Osuna (Bolivia), $34 mil 592.

Estos montos se suman al dinero que la FIFA reclama en concepto de sobornos y otras maniobras ilegales, y que en total ya ascendería a más de US$290 millones, teniendo en cuenta más de US$190 millones incautados a exdirigentes y empresarios que se declararon culpables y más de US$100 millones congelados por delitos de los acusados.

El documento presentado hace especial hincapié en la corrupción en la Concacaf y la Unión Centroamericana de Fútbol (UNCAF) en la venta de derechos de comercialización de partidos clasificatorios para la Copa del Mundo.

En ese sentido, la FIFA apunta contra los acusados por aprovecharse del “prestigio” de la copa del Mundo para “llevarse dinero y negociar sobornos” por cientos de miles de dólares.

La demandas dedica párrafos completos detallados sobre los supuestos delitos del costarricense Li, el nicaragüense Rocha, a los hondureños Hawit y Callejas, el salvadoreño Reynaldo Vasquez, los guatemaltecos Jiménez, Salguero y Héctor Trujillo, y el panameño Alvarado.

También hay una mención más general al “daño” provocado por la corrupción y sobornos de los exdirigentes de la Conmebol Napout, Burga, Del Nero, Figueredo, Marín, Osuna, Teixeira, Bedoya y Jadue.

Las causas en Estados Unidos por el escándalo de corrupción de la FIFA que estalló en mayo pasado y tuvo una segunda oleada de acusaciones en diciembre incluyen a 40 personas, la mayoría ex altos dirigentes del fútbol del continente americano, y dos compañías de marketing deportivo.

Trece individuos se han declarado culpables, aceptando cooperar con la fiscalía a cambio de una posible reducción de la pena, y 27 son actualmente juzgados.

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