La conectividad es más baja en comparación con países de la región. Guatemala se ubicaba en el puesto 134 —en el 2019—. A ello se suma que la calidad de las carreteras ha estado disminuyendo los últimos 15 años por el rezago en inversión, a diferencia de otros países como Paraguay, Perú y Nicaragua, que muestran avances.

La accesibilidad es primordial en un país como Guatemala, con el 46% de la población rural y más del 90% de las tierras en la provincia, indicó David Vilar, sénior en infraestructura y energía del BM.

Además, el 70% carece de acceso a carreteras primarias y secundarias para todo el año, y aunque está en línea con muchos de otros países de  similares características,  en Guatemala representa un impacto mayor por tener uno de los porcentajes más altos de población rural, se añadió.

El Índice de Acceso Rural (IRA) podría ser menor, puesto que más de la mitad de la red secundaria no está pavimentada y Guatemala tiene una larga temporada de lluvias cada año, se hizo ver en la presentación.

Más lentos

Entre otros datos se mencionó que en 20 años la velocidad media del país ha disminuido de 60 kilómetros por hora a 32. Además, en la actualidad el 26% de las vías primarias y el 7% de las secundarias superan los 10 mil vehículos al día, según la estimación del tráfico diario promedio anual (TPDA), y se estima que para el 2032 el porcentaje de vías primarias que superan los 10 mil vehículos diarios aumentará hasta el 41.6%, y un 14% en las secundarias. Por otra parte, hay otro tramos con TPDA superiores a 40 mil vehículos al día. Por ello será necesario implementar vías de dos o tres carriles cada una, según  el caso.

En cuanto al Índice de desempeño logístico, también afecta el país. En el 2010 estaba en el puesto 90 y para el 2018 pasó al 125, de 160 economías, destacó Vilar. En la medición de este año se ubicó en el 88.

El país necesita una planificación multimodal que sea ejecutable, así como planificación e inversión en construcción y mantenimiento con contratos plurianuales, para lo cual se deben tener reglas claras.

Sobre la perspectiva del gasto público en el tema de gobernanza, expresó que no se trata  tanto de recursos financieros, sino  de la eficiencia del gasto público.

Por otra parte, a pesar de que hay centralización del sector, existen déficits en términos de coordinación, lo que refleja una aparente ausencia de una planificación integral. Aunque la ley establece las funciones de los ministerios y su relación con el CIV en temas de infraestructura, en la práctica este vínculo no ha sido efectivo y este último no ha actuado como entidad rectora, en gran medida por la falta de planificación adecuada, según el BM.

El país tampoco  posee el modelo de Contratos de Rehabilitación y Mantenimiento (Crema), que entre otras características consiste en pagos basados en indicadores bien establecidos y  productos en lugar de pagos basados en insumos, plazo de cinco a siete años, y abarcan entre 200 y 600 km en redes pequeñas, además de riesgo compartido y ahorro de costes.

La inversión necesaria en infraestructuras para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se estima en un gasto del 3% del PIB anual en ese rubro, precisó, al citar datos de otras entidades.

En el caso de Guatemala  persiste una brecha de inversión que no se está consiguiendo desde lo público, por lo cual  se analizó si desde el sector privado se puede completar, pero observa ciertas limitaciones, remarcó.

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, dijo que se deben seguir impulsando acciones para lograr financiamiento en infraestructura. En la actualidad se observa una gran oportunidad para el país de hacerlo por medio del BM  y del BID, manifestó.

En gestión

Hay un préstamo del BM, dirigido para caminos rurales sería por US$150 millones el cual está pendiente de evaluación interna en dicha entidad bancaria y se prevé aprobarlo para el año 2024 según indicó Vilar.

El proyecto atenderá la red vial terciaria de caminos rurales que no está siendo atendido por otro programa y estarán dirigidas a fortalecer la resiliencia a los eventos climáticos y la seguridad vial de los caminos rurales y troncales, explicó el ejecutivo del Banco.

Mientras que el BID tiene aprobada inversión de US$325 millones en infraestructura. Uno de estos préstamos US$150 millones ya está siendo ejecutado para proyectos del programa de desarrollo de infraestructura vial.

Aquí, se incluyen 6 proyectos que van en diferentes fases:

• Mejoramiento de la carretera de Tecpán – Patzún por 10.7 kilómetros con 100% de ejecución.
• Construcción del puente Vehicula Chitomax, de 272.2 metros, 39% de ejecución, que incluye construcción con procesos de alta tecnología.
• Mejoramiento de carretera Todos Santos – Concepción Huista (Huehuetenango), 23 kilómetros con 25% de avance.
• Y, de la carretera Guativil – Sintaná (San Marcos), 29 kilómetros, 14% de avance.
• En octubre se lanzará a licitación para el mejoramiento de carretera Chitomax – Pacaní (Baja Verapaz), 20 kilómetros, y la de Aldea Pet – San Miguel (Huehuetenango) por 22 kilómetros.

Por aparte, se espera de la aprobación por parte del Congreso de otro por US$175 millones para el programad de desarrollo del corredor CA9-Norte de la carretera al Atlántico, en el tramo El Rancho – Teculután, explicó Sosa.

Otros casos de éxito

La Corporación Financiera Internacional (IFC), institución internacional de desarrollo dedicada al sector privado de los países en desarrollo, que forma parte del BM, dio a conocer dos casos de éxito que, según Luis Carlos Olarte, oficial de inversiones senior de IFC pueden ser replicables.

El primero es en Los cabos, Baja California, México, que refiere Olarte es el segundo destino más visitado de ese país después de Cancún. Ubicado en un desierto se buscó la forma de como dotar agua en el lugar. Se ha trabajado un proyecto de desalinización, pero también se necesitaba mejorar el sistema de distribución porque se perdía casi el 50% de agua por la ineficiencia de la tubería. Se buscó un modelo de negocio donde el municipio siga teniendo rectoría del agua, y se fijaron 4 indicadores de desempeño.

El segundo caso es en Sao Paulo, Brasil

Reciclaje del agua de uso industrial para reutilización de ese sector. Para ello se constituyó una empresa mixta de participación pública privada, donde la pública es minoritaria y con una estructura que no arriesgue el balance de deuda del operador estatal.

El agua se vende a esa empresa por parte de la autoridad local, la empresa la recicla y la vende a las industrias, con base a un contrato de largo plazo con las industrias que incluye las tarifas.

También se presentó el caso de éxito en Puerto Barrios, Izabal, con la ejecución de diversas obras de carreteras, edificios para diferentes servicios, vivienda, y proyectos en puertos, que, según el alcalde, Hugo Sarceño, se ha logrado sin adquirir préstamos sino por gestiones municipales y apoyo del sector empresarial. Para el único que se ha buscado un préstamo por Q40 millones para construcción del edificio municipal, indicó.

Al respecto Zapata indicó que dicho alcalde, por ejemplo, necesita mayor acompañamiento del gobierno central para poder generar mayores inversiones.

Y precisamente, Sarceño comentó que se están asesorando para preparar y presentar como como u proyecto de alianza publico privada un proyecto para una planta desalinizadora para agua potable.