Un informe publicado recientemente por la Confederación Sindical Internacional (CSI) ubica a Colombia, junto con Guatemala, entre los diez peores países en su Índice Global, que señala a los que la organización no gubernamental considera “los peores lugares del mundo para trabajadores y trabajadoras”.
Colombia sigue estando en las listas de los países más peligrosos para el sindicalismo.
Eso ayuda a explicar por qué, pese a muchos años de recriminaciones nacionales e internacionales, y de repetidas iniciativas oficiales, continua siendo uno de los lugares donde más se violan los derechos de los trabajadores.
Un problema similar al que se vive en Guatemala.
Tendencia global
La CSI asegura que, en base a los informes enviados por sindicatos nacionales, recoge las violaciones a “los derechos laborales colectivos internacionalmente reconocidos por gobiernos y empleadores”.
Más asesinatos
El derecho a la representación
Un problema de vieja data
Los países latinoamericanos, y en particular, Colombia, han estado por décadas en el centro de una controversia por la violencia ejercida contra los que defienden los derechos de los trabajadores.
En la década pasada, cuando Colombia buscaba negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos que finalmente se ratificó en 2011, Washington ejerció presión para que el gobierno en Bogotá se comprometiera a adoptar medidas de protección especiales para los sindicalistas y otros pasos para proteger los derechos de los trabajadores, como una condición para tener acceso libre al mercado estadounidense.
En 2014, un documento oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia reconocía la existencia de violencia en contra de sindicalistas, ligada principalmente “al desarrollo de un prolongado conflicto armado interno”.
Pero ratificó entonces, como lo ha venido haciendo insistentemente, que “el gobierno colombiano ha continuado con las políticas de protección, lucha contra la impunidad y garantías a la libertad sindical”, incluyendo un programa de protección especial para garantizar la vida e integridad personal de líderes sindicales.
El gobierno de Colombia asegura que el número de homicidios contra miembros de movimientos sindicales bajó en un 95% entre 2002 y 2013.
Un dato que no termina de convencer a las organizaciones sindicales como la CSI, que siguen ubicando al país latinoamericano entre los que menos respetan los derechos de los trabajadores, por cuenta de la persistente violencia contra sus representantes sindicales.
