Lo que parece ser un caso básico de lavado de dinero utilizando activos virtuales en Guatemala por unos US$29 millones (unos Q229 millones), fue evidenciado por un informe del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) sobre Tipologías regionales 2021-2022.

El caso denominado “Colocación y estratificación de fondos provenientes del narcotráfico”, que es parte del “Ejercicio Bienal de Tipologías Regionales Gafilat 2023”, se sustenta en la captación de fondos en efectivo, sin brindar una mayor explicación sobre el origen, pero identifica múltiples depósitos que se realizaron en un corredor de zonas geográficas fronterizas, entre Petén, San Marcos, Chiquimula y Guatemala.

El monto involucrado es de US$29 millones 370 mil, que equivale a unos Q229 millones 86 mil, y que fueron a parar a entidades que se dedican a ser proveedoras de activos virtuales, por lo que se supone que ahí se invierten “las ganancias” obtenidas de la estructura, según la tipología, –que es el estudio del patrón de comportamiento del delincuente–.

El expediente presentado da cuenta de que los delitos determinantes son:

• Narcotráfico
• Tráfico ilícito de migrantes
• Estafa

Y considera como sectores vulnerados a las entidades bancarias, según el informe regional.

Listado de cuentas entre sí

En el entramado hay un traslado de dinero entre cuentas que se interrelacionan entre sí y se confirma que hay una concentración de los fondos hacia las cuentas a nombre de las “entidades 1 y 2” que son las que se utilizan para hacer los envíos de transferencias internacionales, sobre todo a Norteamérica.

Por esa razón, se dice que existe una posible estratificación de dinero, utilizando varias cuentas relacionadas. Además, se logra identificar que el dinero cae en un destino de un supuesto proveedor de liquidez y de tecnología de activos digitales en común con las “entidades 1 y 2”.

En una parte de la investigación se establece que hay incongruencia entre el monto de las operaciones financieras realizadas, con los ingresos y egresos mensuales aproximados -práctica conocida como arqueo- indicados por los involucrados al inicio de la relación con el sujeto obligado. 

En el retorno de los fondos por parte de la “entidad 3” a favor de la “entidad 1”, luego se traslada hacia otro país centroamericano a favor de diversas personas jurídicas e individuales. El diagrama identifica como destino a Costa Rica, para empresas comerciales e inmobiliarias, y hacia un grupo de personas individuales.

Plan hormiga

El informe de Gafilat da cuenta que, de forma constante, se observó la captación de dinero en efectivo a través de cuentas monetarias y de ahorro en la denominación de moneda nacional y extranjera, que estaban registrado a nombres de ciudadanos y personas jurídicas en varias entidades bancarias, sobre todo en sucursales ubicadas en los territorios fronterizos.

Se desglosa que los depósitos fueron realizados por estas personas individuales que expusieron haber sido contactados por inversionistas que trabajan en cadena o usando un “plan hormiga”, por lo que se desconoce la auténtica naturaleza de la inversión, ya que podría tratarse de un posible esquema piramidal de estafa o fraude.

El documento señala que, en la debida diligencia, realizada por el sujeto obligado, se identificaron casos de personas individuales (depositantes) involucradas en tráfico ilegal de migrantes y narcotráfico. De igual forma, a otras personas que ya están denunciadas por la unidad de inteligencia financiera (UIF) ante el órgano de persecución penal.  

De efectivo en quetzales a los activos virtuales

Una parte de la exposición del caso expone que más de la mitad de los fondos acreditados, corresponde al traslado de dinero entre varias cuentas en quetzales que se interrelacionan entre sí, luego, son concentrados en cuentas en dólares a nombre de las “entidades 1 y 2”, y las cuales se dedican a la prestación de servicios relacionados con activos virtuales, estableciéndose una posible estratificación de fondos para el envío de transferencias hacia Norteamérica.

Se calcula que más del 90% de los fondos captados, se trasladan por medio de transferencias a favor de la “entidad 3”, ubicada en Estados Unidos, y cuya actividad es la prestación de servicios de infraestructura financiera para las operaciones de compañías dedicadas al intercambio de criptomonedas, custodia de tokens, bitcoínes y otros activos, procesamiento de fondos, servicios de inteligencia financiera e inversiones.

Una de las presunciones sobre este caso, es que el esquema pertenece a grupos criminales que ofrecen préstamos, realizando estafas para captar fondos, así como otras actividades delictivas como narcotráfico y tráfico ilegal de personas, y las ganancias obtenidas son “invertidas” en los activos virtuales.

En la fase de retorno del flujo de fondos desde Estados Unidos, se comprueba por medio de la recepción de transferencias internacionales, que el ordenante o “entidad 3” tiene como beneficiaria a la “entidad 1”, que posteriormente hace los traslados a Costa Rica a favor de firmas que se dedican a actividades comerciales, inmobiliarias y personas individuales.