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Crisis bancaria en Paraguay: cierre de Ueno Bank desata pedido de juicio político contra Santiago Peña
La intervención de Ueno Bank, con 2.9 millones de clientes, provocó renuncias en el Banco Central, la detención de ocho directivos y una crisis política que alcanza al Gobierno paraguayo.
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Congresistas muestran carteles pidiendo juicio político al presidente paraguayo, Santiago Peña, durante una sesión extraordinaria en la Cámara de Diputados este miércoles en Asunción (Paraguay). (Foto Prensa Libre: EFE).
La crisis financiera provocada por la intervención de Ueno Bank, una entidad con 2.9 millones de clientes en Paraguay, se extendió al ámbito político e institucional, luego de que diputados opositores y disidentes del oficialismo presentaran una acusación para promover un juicio político contra el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
El escándalo comenzó el martes 3 de noviembre, cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó iniciar un procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar que su índice de solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo exigido.
La decisión provocó el cierre de sucursales, la suspensión de operaciones y la preocupación de miles de ahorradores que buscan recuperar su dinero.
La magnitud del problema se refleja en el número de usuarios de la institución. Según sus propios registros, Ueno Bank contabilizaba 2.9 millones de clientes a junio del 2026, en un país de aproximadamente 6.1 millones de habitantes.
La crisis también provocó la renuncia de autoridades del Banco Central, la detención de ocho directivos y altos ejecutivos del banco, así como preocupación por los recursos de instituciones públicas, entre ellas el Instituto de Previsión Social (IPS), que administra fondos de jubilación.
¿Qué provocó la crisis de Ueno Bank?
El Banco Central del Paraguay informó que la decisión de intervenir la entidad fue adoptada por unanimidad, después de constatar que su índice de solvencia se encontraba por debajo del 50% del mínimo requerido.
Este indicador permite evaluar la capacidad de una institución financiera para afrontar sus obligaciones y absorber posibles pérdidas.
El deterioro de la solvencia llevó a las autoridades a iniciar un procedimiento de resolución bancaria, con el propósito de atender la situación de la entidad y proteger los depósitos de sus clientes.
La medida dejó a millones de usuarios sin acceso normal a los servicios bancarios y generó manifestaciones de ahorradores que exigían la devolución de sus recursos.
La preocupación también alcanzó a los pensionados, debido a que Ueno Bank mantiene inversiones millonarias del Instituto de Previsión Social y de otras instituciones públicas.
Renuncias en el Banco Central y ocho directivos detenidos
La intervención de Ueno Bank provocó una crisis en la conducción del Banco Central del Paraguay.
Carlos Carvallo presentó su renuncia a la presidencia de la institución el mismo día en que se anunció la medida. Antes de asumir el cargo en el 2023, había dirigido Financiera Ueno, entidad que posteriormente se convirtió en Ueno Bank.
Carvallo fue sustituido de manera interina por Liana Caballero, integrante del directorio del BCP.
El miércoles 4 de noviembre también renunció Marco Aurelio González, miembro del directorio, lo que dejó sin cuórum a esa instancia.
Paralelamente, ocho directivos y altos ejecutivos de Ueno Bank comparecieron ante el Ministerio Público, después de pasar la noche bajo custodia policial.
Entre ellos figuran Miguel Vásquez, mayor accionista y uno de los fundadores de la entidad, y Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente del directorio.
Los ejecutivos fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, mientras continuaban las protestas de los afectados.
Además, según información del medio paraguayo La Nación, un juez civil y comercial ordenó el embargo preventivo de bienes de la alta dirección del banco por US$70 millones, junto con una suma superior a un billón de guaraníes, equivalente a unos US$167.5 millones, fijada para gastos de prestación de justicia.
Santiago Peña anuncia nuevas autoridades y medidas para devolver los ahorros
Ante el agravamiento de la crisis, el presidente Santiago Peña anunció la designación del economista y exministro Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay, cargo que ya había ocupado entre el 2001 y el 2002.
El mandatario también propuso a Pedro Acosta y Edsel González como nuevos directores y remitió al Congreso las solicitudes de acuerdo constitucional correspondientes.
Peña destacó que los tres cuentan con experiencia en el sistema financiero y en la gestión de situaciones de crisis.
Durante su anterior gestión, Vera Bogado encabezó en el 2002 la intervención del Banco Alemán, en un contexto marcado por las repercusiones de la crisis financiera de Argentina.
El mandatario aseguró que su prioridad es proteger los ahorros de los afectados y anunció gestiones legislativas para acelerar su devolución.
"Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos", expresó Peña.
El presidente informó que sostuvo reuniones con Raúl Latorre y Basilio Núñez, presidentes de las cámaras del Congreso, para promover una legislación que permita devolver los depósitos.
Según el mandatario, la propuesta permitiría cubrir al 98% de los ahorradores afectados, con la expectativa de iniciar los pagos durante la misma semana.
El Senado aprobó un proyecto de ley que contempla la devolución de hasta 40 salarios mínimos por depositante, en un plazo de 24 horas, una vez emitida la resolución bancaria correspondiente. La iniciativa quedó pendiente de trámite en la Cámara de Diputados.
Por su parte, Liana Caballero, presidenta interina del BCP, pidió tranquilidad a los ahorradores y aseguró, en declaraciones a la radio ABC Cardinal, que las autoridades no descansarían hasta que los afectados recuperaran sus recursos.
Crisis bancaria alcanza al Gobierno: diputados impulsan juicio político
La situación adquirió una nueva dimensión el miércoles 4 de noviembre, cuando un grupo de diputados opositores y disidentes del gobernante Partido Colorado presentó una acusación para promover un juicio político contra Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana.
Los diputados Johanna Ortega, Raúl Benítez y Rocío Vallejo entregaron la documentación en la Cámara Baja y solicitaron una sesión extraordinaria para discutir la propuesta.
La iniciativa reunió 35 firmas y se fundamenta en el procedimiento establecido en el artículo 225 de la Constitución paraguaya.
"Dos de cada tres paraguayos hoy no pueden hacer uso de su dinero y el principal responsable es Santiago Peña, eso hasta sus aliados lo saben", declaró el diputado independiente Raúl Rubín, uno de los promotores de la propuesta.
Mauricio Espínola, diputado de la facción disidente Añeteté del Partido Colorado, advirtió que el escándalo podría tener consecuencias electorales para el oficialismo en los comicios presidenciales del 2028.
"Si Santiago Peña no se va, el Partido Colorado tiene muy pocas chances de seguir en la conducción nacional de la república en el 2028", afirmó Espínola.
Para que el juicio político avance, la acusación necesita el respaldo de dos tercios de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el Senado debe resolver sobre la responsabilidad de los acusados, también con una mayoría de dos tercios.
La presentación de la acusación no implica que el juicio político haya sido aprobado.
El caso también ha generado cuestionamientos sobre los vínculos que Peña mantuvo con el grupo empresarial relacionado con Ueno Bank.
Según información difundida por medios paraguayos, el mandatario tuvo acciones en Ueno Holding, que vendió en abril del 2025.
Juan Manuel Gustale Cardoni, presidente de Ueno Bank, había negado que Peña mantuviera vínculos con la institución bancaria, aunque reconoció que el mandatario había tenido participación accionaria en Ueno Holding.
Cierre de medios de comunicación y preocupación por fondos públicos
Las consecuencias de la crisis trascendieron el sector bancario y alcanzaron a los medios de comunicación vinculados con el grupo empresarial propietario de Ueno Bank.
Cuatro medios pertenecientes al Grupo Vásquez suspendieron sus operaciones, una medida que afectó a unos 300 trabajadores, quienes quedarían sin salario durante al menos 90 días, según información de los afectados y de la prensa local.
La suspensión alcanzó a medios agrupados en VMedia, entre ellos las radios La Tribu 650 AM y La Tribu Deport 1120 AM, los periódicos La Tribuna y Crónica, así como la plataforma digital La Tribu Stream.
En un comunicado, los trabajadores señalaron que la suspensión responde a circunstancias ajenas a su voluntad.
"Lamentablemente, hoy nos toca ser víctimas de decisiones e imprevistos ajenos a nuestra voluntad, los cuales nos obligan a hacer una pausa forzada en la labor que tanto amamos", expresaron.
Mientras tanto, persiste la preocupación por los recursos públicos depositados o invertidos en la institución, especialmente los correspondientes al sistema de previsión social.
El presidente Peña insistió en que el sistema financiero paraguayo cuenta con mecanismos de protección y pidió serenidad a la población.
"El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección", sostuvo el mandatario.
También aseguró que los responsables deberán responder ante la justicia y pidió mantener la unidad nacional frente a la situación.
La crisis plantea ahora un desafío para las autoridades paraguayas: garantizar la devolución de los depósitos, proteger los recursos públicos y recuperar la confianza de los ahorradores, mientras avanzan las investigaciones judiciales y el proceso político impulsado contra el presidente.
La evolución del caso también pondrá a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones financieras y del Gobierno para evitar que los problemas de una entidad bancaria afecten la confianza en el resto del sistema.
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