Los congresistas dejaron intactas algunas variables relacionadas con los ingresos, pero realizaron algunos ajustes en la parte de gastos, con disminuciones y aumentos para algunos ministerios, dependencias y Obligaciones a Cargo del Tesoro, aparte de la incorporación de un articulado que ha llamado la atención de los especialistas.
Observaciones
Analistas del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Asociación de Investigación de Estudios Sociales (Asíes), el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), han coincidido en que la iniciativa de ley respectiva por parte del Pleno es inviable y alertan sobre la posibilidad de que sea aprobada y conlleve problemas de ejecución para las próximas autoridades de gobierno, que deben asumir sus cargos en enero.
Jorge Lavarreda, del Cien, afirma que el dictamen es contrario a la búsqueda de una mejora en la calidad del gasto público, pues está más rígido y se tomaron decisiones controvertidas desde el punto de vista legal, “lo que es un retroceso respecto a la versión original que envió el Organismo Ejecutivo”.
Ejemplificó que se agregaron artículos como el que faculta al Minfin a emitir y negociar bonos del Tesoro para financiar el presupuesto, pero con previa aprobación del Legislativo, aunque normalmente los diputados solo han aprobado el techo y no cada una de las colocaciones.
También destacó la reducción de asignaciones, como en el caso la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), a la que se le reducen Q274 illones, cuando la ley orgánica de esa institución establece que debe recibir el 2% del total de los tributos internos que recaude. Además, se buscaría eliminar las deficiencias netas del Banco de Guatemala, aunque tal extremo no queda explícito. “Más parece que se sigue una decisión política y no un adecuado fundamento técnico”, recalcó el investigador.
En esa misma línea, Érick Coyoy, analista de Asíes, mencionó que no se incrementa la recaudación tributaria para financiar el presupuesto, cuando hay posibilidades de aumentar los ingresos tributarios y rebajar la contratación de deuda pública. También critica recortes a los ministerios de Salud y Gobernación, que son instituciones de servicio para la población.
Por otro lado, dijo que no se justifica las asignaciones a más oenegés ni para el sector justicia, sobre todo para el Ministerio Público y el Registro Nacional de las Personas.
En tanto que el Icefi, por medio de un comunicado de prensa, expuso que no se corrigió la proyección de ingresos tributarios, la que está subestimada. Las correcciones dan cuenta de que la recaudación puede subir hasta Q2 mil 638 millones sobre lo previsto, lo que no se incluye.
Además, que, en el dictamen, el monto global permanece sin cambios y las modificaciones planteadas por la comisión consisten en disminuciones de asignaciones a entidades, que se compensan con aumentos para otras.
No se participó
Consultado Saul Figueroa viceministro de Finanzas, quien tiene a su cargo el viceministerio de Ingresos y Evaluación Fiscal, y presidente suplente en el Directorio de la SAT, dijo que no se ha conocido el dictamen a profundidad y tienen que hacer los análisis respectivos. “No conocíamos el documento y un diputado nos brindó una copia. Nosotros tenemos que analizar lo que se está proponiendo en el dictamen, pero la propuesta que nosotros hicimos está técnicamente elaborada”, remarcó.
Durante una citación al Congreso, se conoció la reducción de Q274 millones al presupuesto de la SAT para 2024, lo que ya está generando preocupación en la institución. Fernando Suriano Buezo, intendente de Recaudación, declaró que esa disminución puede poner en riesgo la recaudación para el siguiente año, ya que tendría impacto en por lo menos tres áreas de trabajo.
“Los grandes rubros están en infraestructura, tecnología y recursos humano. Definitivamente se pone en riesgo la cobranza, porque al final, las acciones de la SAT están encaminadas a lograr la recaudación que no es de una sola variable; el recurso humano es fundamental, la atención a los contribuyentes, la parte de tecnología y todos los sistemas que se están desarrollando, además de controles y la parte aduanera también se ponen en riesgo”, indicó.
