Según el borrador de la iniciativa, la propuesta estaría acordada con el Ministerio de Finanzas y los sectores que participan en esas discusiones.
Comprometen Q2 mil 137 millones a cambio de la liberación de los candados a bonos.
Destino será para Salud, Gobernación y Agricultura.
Se incluye Q107 millones para víctimas por la construcción de la planta Chixoy.
El dictamen señala que se sumen la Superintendencia de Bancos (SIB) y el Ministerio de Economía (Mineco), informó Carlos Barreda, presidente de la referida mesa.
Las funciones estarían concentradas en crear estrategias de política fiscal, direcciones en recaudación y fiscalización, así como acciones para reducir evasión, fraude técnico y contrabando.
Barreda expuso que, más que un Directorio, sería un comisión exoficio que se constituya como Tribunal Administrativo Tributario Aduanero, como lo establece el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que solo se podría reunir dos veces al mes.
Además, quedaría un capítulo en el cual el Presidente de la República nombre por un período de cuatro años al superintendente y que este sea propuesto por el tribunal.
Los acuerdos finales serían alcanzados en los próximos días, para que la iniciativa sea presentada el 8 de marzo.
Secreto bancario
Se estaría convocando a los diferentes sectores para activar platicas sobre el pacto fiscal.
El objetivo es discutir tasas impositivas para el futuro.
En la iniciativa no se incluye creación o reformas a impuestos.
En la propuesta también se incluirá llevar a cabo reformas a la Ley de Bancos y Grupos Financieros, para que haya acceso a la información de los contribuyentes y que la SAT pueda hacer cruces de información entre lo reporta al fisco y sus cuentas bancarias.
La medida solo se podrá aplicar con autorización de juez competente.
Esta condición es un requisito que están exigiendo organismos internacionales para apoyar financieramente a Guatemala.
Nómina estatal
El dictamen también tiene otra condición, segun la cual las entidades de Gobierno, secretarías de Estado y entidades autónomas y semiautónomas deberán hacer público el número de plazas y salarios que reciben sus trabajadores.
6 serían las personas que integrarían la comisión.
Esa condición incluye a municipalidades, Universidad de San Carlos, Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y otras entidades que reciben fondos públicos.
