Economía

Disputas agrarias suman 1 mil 456

En los primeros ocho meses del año, la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia (SAA) ha recibido 1 mil 456 casos de conflictividad agraria.

Conferencistas invitados, junto a directivos de la GIZ y funcionarios de la Secretaria de Asuntos Agrarios, participaron ayer en el foro. (Foto Prensa Libre: Natiana Gándara)

Conferencistas invitados, junto a directivos de la GIZ y funcionarios de la Secretaria de Asuntos Agrarios, participaron ayer en el foro. (Foto Prensa Libre: Natiana Gándara)

Fredmann Pacay Cú, secretario de SAA, informó que al año se resuelven aproximadamente 300 casos, los cuales han sido presentados por sus 19 sedes regionales.

Pacay Cú, quien participó en el foro: “Derecho Agrario de Cara al Siglo XXI”, afirmó que ante la incidencia de conflictos ameritan la creación de un Código Agrario y Tribunales Agrarios especializados para atender los diferentes conflictos.

El secretario recordó que esto es un mandato de la Política Agraria.

“Algunos de los conflictos datan desde hace más de 30 años. En la actualidad los casos deben resolverse por mecanismos alternos de resolución de conflictos”, manifestó.

Recordó que los conflictos más comunes son por doble o múltiple titulación de propiedad, falta de inscripción registral, vicios registrales, servidumbres de paso, entre otros.

“Vemos que la tipología de conflictos agrarios es amplia y hay que atenderlo con responsabilidad”, aseguró el funcionario.

“Guatemala no cuenta con jurisdicción agraria y se deberán formar jueces, pero eso lleva tiempo y recursos, para ello hemos tenido apoyo de la cooperación internacional”, resaltó Pacay.

Foro internacional

El foro de la SAA, se llevó a cabo con apoyo técnico y financiero del Fondo de Reformas Estructurales de la Cooperación Técnica Alemana (GIZ).

Durante la actividad, se compartieron experiencias de México y Costa Rica, países que ya cuentan con tribunales agrarios y ambientales.

En el evento participaron representantes de la sociedad civil, organizaciones indígenas, campesinas de mujeres, la academía, sector privado y cooperativistas.

Nicole Schönau, coordinadora del Fondo de Reformas Estructurales de GIZ comentó que es “importante continuar impulsando la estructura de una certeza jurídica agraria”.

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