Empresarios piden fiscalía que castigue el contrabando aduanero

Representantes de la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas (CGAB) y del Observatorio Contra el Contrabando solicitaron a la Fiscal General la creación de una fiscalía que conozca los casos del comercio ilícito en aduanas.

Empresarios del sector de alimentos y bebidas requirieron al Ministerio Público crear una fiscalía especial para conocer casos relacionados al contrabando aduanero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)
Empresarios del sector de alimentos y bebidas requirieron al Ministerio Público crear una fiscalía especial para conocer casos relacionados al contrabando aduanero. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca)

La petición formal se realizó esta semana en un encuentro entre la dirigencia de la CGAB con la fiscal general Consuelo Porras y su equipo de trabajo, informó este viernes Enrique Lacs Palomo, director ejecutivo de esa cámara.

Durante la reunión se abordaron diversos temas relacionados con la industria de alimentos y bebidas y el impacto que este flagelo tiene en el sector local, que genera impacto social, como desempleo.

“Desde hace un año se han realizado varias denuncias al MP resultados de investigaciones que han permitido dar a conocer las estructuras integradas por redes organizadas que se dedican al tráfico ilegal de productos alimenticios, en otros”, destacó Lacs Palomo en conferencia de prensa.

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Agregó que el modo de operar de las estructuras se ha tecnificado en cuanto a la falsificación de documentos para la internación de los productos de contrabando, como las pólizas de importación, registros sanitarios y facturas.

Un estudio de Asíes del 2015 reveló que el contrabando y la defraudación aduanera causa que el fisco deje de percibir unos Q17 mil millones.

Riesgo potencial

Ana María Medina, asesora legal de la CGAB, dijo que además del daño económico que provoca el contrabando también existe un potencial daño a la salud de las personas que consumen los productos, de los cuales se desconoce su producción, procedencia, manejo y distribución.

“El principal riesgo es para la salud de los compradores, porque los productos de contrabando no cumplen con los requisitos sanitarios por parte del Ministerio de Salud, o con adulteraciones de fechas de vencimiento, no garantizan el estado del producto”, refirió.

Requerimientos

Durante la reunión con la fiscal general, los empresarios del sector alimentos y bebidas solicitaron que se investigue a las estructuras criminales que operan en el país, así como conocer el estatus de unas 400 denuncias de contrabando, que fue el inventario de la gestión de la exfiscal Thelma Aldana Hernández.

Lacs Palomo destacó que muchas de las empresas del sector alimentos han tenido que reducir su personal operativo, por el impacto en las ventas, como efecto directo de los bienes de contrabando que se comercializan y distribuyen en todo el país.

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“Son estructuras que operan en el territorio y ahora se están ampliando hacia Honduras y El Salvador, por lo que pedimos la intervención con la creación de esta fiscalía especial y la persecución penal”, subrayó el directivo.

En la conferencia de prensa se presentaron productos alimenticios que han ingresado de contrabando como pastas, aceites, sardinas, jugos, bebidas carbonatadas, dulces, galletas y papel higiénico. 

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