Según las normativas anteriores, del 2010, solo 73% de los sin papeles, unos 8 millones de personas, estaban a salvo de ser deportados, señala el MPI.

“Es una reducción significativa”, dijo Mark Rosenblum, director del programa de política migratoria del instituto, al presentar el informe.

La caída se debe a una reorientación de las prioridades de las agencias migratorias hacia la deportación de los criminales más peligrosos y los indocumentados con menos tiempo en ese país, decretada por Obama en noviembre del 2014.

Obama anunció una serie de decretos migratorios luego que una reforma que contemplaba una vía a la ciudadanía a los indocumentados naufragara en el Congreso, controlado por sus adversarios republicanos.

Del paquete de decretos, las medidas más conocidas proponían la regularización de ciertas categorías de inmigrantes: padres de ciudadanos estadounidenses (DAPA) o jóvenes traídos de niños por sus padres, conocidos como “dreamers” (DACA).

Esos decretos habrían beneficiado a unos cuatro millones de indocumentados pero fueron congelados por un fallo judicial.

Las nuevas normativas para deportaciones son igualmente significativas y pueden tener un efecto en un mayor número de personas, destacó el MPI en su informe.

Bajo esas guías, las autoridades migratorias deben enfocarse en la deportación de personas consideradas “amenazas a la seguridad nacional”, condenados por crímenes graves, miembros de pandillas e indocumentados atrapados cerca de la frontera: en total unos 1,4 millones de personas, según el MPI.

Si se implementan a plenitud las nuevas normas, unas 25 mil personas menos serían deportadas al año, estimó el instituto.

En el 2014, las autoridades migratorias deportaron a más de 300 mil indocumentados, según cifras oficiales.

– Niegan fondos en el Congreso –

El informe abre dudas sobre la posibilidad del Departamento de Seguridad Interior (DHS) para implementar completamente los nuevos lineamientos, especialmente en la cooperación con gobiernos locales y estatales para la detención de sospechosos de deportación.

El DHS implementó cambios en un programa, que data del 2008, para limitar el marco de requerimientos de los cuerpos federales a las ciudades y permitir que las disposiciones de la cooperación sean negociadas caso por caso.

Aún así, muchas ciudades deciden no cooperar, alegando que ello crearía una barrera de desconfianza entre la gente y la policía local. Por esa razón han sido bautizadas “santuarios” de indocumentados.

“Es una pregunta abierta” si DHS logrará convencerlas, señala el informe.

Por otro lado la Cámara de Representantes aprobó este jueves una ley que niega fondos a las ciudades “santuario”, tres semanas después que una mujer fuera baleada en San Francisco por un indocumentado mexicano, que fue liberado por la policía local a pesar de la negativa de los federales.

– Actitud favorable –

El reporte del MPI coincide con la publicación este jueves de una encuesta de la universidad George Washington que refleja una actitud predominantemente positiva hacia los inmigrantes indocumentados entre los votantes estadounidenses.

Un 55% de los mil electores registrados a nivel nacional entrevistados en mayo tiene una disposición favorable (contra 35% desfavorable) hacia los indocumentados, al ser preguntados -entre otros temas- sobre si esos inmigrantes pagan impuestos, roban puestos de trabajo a ciudadanos o son criminales.

“Hay una sustancial, multidimensional y extendida actitud favorable hacia los inmigrantes indocumentados o ilegales entre los votantes estadounidenses”, dijo el coautor del sondeo Michael Cornfield, de la Universidad George Washington.

La inmigración es un punto que polariza la carrera a las presidenciales del 2016. Los candidatos en el bando del Partido republicano se oponen a los decretos de Obama y priorizan la seguridad fronteriza, mientras que Hillary Clinton, la puntera en las primarias demócratas, promete continuar y expandir las políticas de la Casa Blanca.